Leonidas Varagiannis, conocido como “War”, de 21 años, ciudadano estadounidense residente de Salónica, Grecia, y Prasan Nepal, apodado “Trippy”, de 20 años, originario de Carolina del Norte, fueron acusados de liderar una red internacional de explotación infantil conocida como “764”.
Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), ambos enfrentan cargos por operar esta organización, descrita como una red de extremistas violentos nihilistas (NVE). Varagiannis fue detenido el 29 de abril en Grecia, mientras que Nepal fue arrestado el 22 de abril de 2025 en Carolina del Norte. Ambos tienen audiencias judiciales pendientes en Washington DC.
De acuerdo con la denuncia presentada en el Distrito de Columbia, la NVE tenía como objetivo desestabilizar la sociedad mediante la corrupción y explotación de poblaciones vulnerables, especialmente menores de edad.
Una red internacional que operaba en apps encriptadas
Según el documento judicial, los acusados lideraban un subgrupo denominado “764 Inferno”, que operaba a través de aplicaciones de mensajería encriptada. En este contexto, se les acusa de dirigir, participar y facilitar la producción y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), además de manipular, extorsionar y someter a menores a actos de autolesión y violencia extrema.
Las víctimas, muchas de ellas niñas, eran obligadas a producir contenido explícito y degradante bajo amenazas y coacción. Entre los actos documentados, se incluye la práctica de realizar cortes en la piel para formar símbolos específicos, conocidos como “cut signs” y “blood signs”. Este material era recopilado y utilizado para crear “Lorebooks” digitales, que funcionaban como una especie de moneda dentro de la red. Estos archivos eran almacenados en “bóvedas” encriptadas, intercambiados entre miembros de la organización y empleados como herramienta para reclutar nuevos integrantes o mantener el estatus dentro del grupo.
La investigación también reveló que los acusados instruían a otros miembros de la red en tácticas de manipulación y establecían expectativas para la producción de contenido por parte de los nuevos reclutas. Según la denuncia, las víctimas eran forzadas a participar en actos sexuales, autolesiones, violencia contra animales, explotación sexual de familiares y, en algunos casos, incluso incitadas al suicidio o al homicidio.
Las autoridades identificaron al menos ocho víctimas menores de edad en múltiples jurisdicciones, algunas de tan solo 13 años. Las actividades de la red se extendieron desde finales de 2020 hasta principios de 2025, con roles de liderazgo atribuidos a ambos acusados durante todo este período.
Edward R. Martin Jr. calificó las acusaciones como “perturbadoras” y afirmó que representan “la peor pesadilla de cualquier padre”. Según Martin, la magnitud de las víctimas y la gravedad de los actos cometidos exigen una respuesta rápida para garantizar la seguridad pública, responsabilizar a los culpables y ofrecer a las víctimas la posibilidad de sanar.
Un esfuerzo conjunto que refleja el compromiso de las fuerzas del orden
Por su parte, la fiscal general Pam Bondi describió la red como “una de las empresas de explotación infantil más atroces que hemos encontrado”, subrayando el compromiso del DOJ para desmantelar estas operaciones y llevar a los responsables ante la justicia.
El FBI, a través de sus oficinas en Washington, Nueva York, Charlotte y Atenas, lideró la investigación, que contó con la colaboración de fiscales y especialistas en seguridad nacional. Steven J. Jensen, director asistente del FBI en Washington, destacó la determinación de la agencia para desarticular redes violentas que buscan destruir la sociedad civilizada.
Christopher G. Raia, director asistente del FBI en Nueva York, condenó las acciones de los acusados, calificándolas de “inconcebibles” y reafirmó el compromiso de la agencia para proteger a los menores y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales.
En caso de ser declarados culpables, Varagiannis y Nepal podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua. Este caso forma parte de la iniciativa nacional “Project Safe Childhood”, lanzada en 2006 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que busca combatir la explotación y el abuso sexual infantil en línea.
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