La administración del presidente Donald Trump pidió al Tribunal Supremo de Estados Unidos permitir la implementación de su orden que prohíbe a personas transgénero servir en las fuerzas armadas, mientras los litigios legales sobre la medida avanzan. Según informó AP, la solicitud surge tras una orden de una corte federal de apelaciones que mantuvo el bloqueo a la política en todo el país.
De acuerdo con Reuters, el Departamento de Justicia (DOJ) argumentó en el tribunal que “el mandato no puede conciliarse con la deferencia sustancial que merecen los juicios militares profesionales del Departamento de Defensa”. Además, destacó que el Pentágono había concluido racionalmente que las personas con de disforia de género podrían socavar la eficacia militar, haciendo una comparación con otras condiciones médicas como el asma o la hipertensión.
La prohibición de personas transgénero en las fuerzas armadas fue anunciada originalmente a través de una orden ejecutiva emitida en enero de 2017 por Trump, apenas una semana después de asumir su primer mandato. AP destacó que en dicho documento, el presidente llegó a dar sus razones para su promulgación. Meses después, el entonces secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una guía para implementar esta política.
Sin embargo, como informó Reuters, el juez de distrito federal de Tacoma, Washington, Benjamin Settle, falló a favor de varios militares transgénero de larga trayectoria.
El juez declaró que “la orden de la administración probablemente viola la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, que garantiza la igualdad de protección ante la ley. Cabe destacar que esta política reemplazó las normativas introducidas previamente por el entonces presidente Joe Biden, quien permitió a las personas transgénero servir abiertamente en las fuerzas armadas.
AP precisó que el fallo de Settle también respondió a una demanda presentada por siete militares activos transgénero, un hombre trans que deseaba enlistarse y un grupo de defensa de derechos civiles. Reuters citó al juez, que calificó la directiva como un intento “sin fundamento alguno” de justificar una política abiertamente excluyente.
El documento presentado ante el Tribunal Supremo también intentó argumentar que personas con diagnóstico de disforia de género podrían ser consideradas para exenciones específicas si demostraban que “su servicio apoyaba directamente las capacidades de combate”.
Aunque en 2019 el Tribunal Supremo permitió al Departamento de Defensa aplicar una versión más limitada de la política, esta nueva solicitud busca ampliar el alcance de la prohibición inicial. AP agregó que esta restricción limitada permitía que ciertos efectivos con disforia de género, diagnosticados tras haberse enlistado, continuaran sirviendo.
Con múltiples apelaciones y el fallo del tribunal de apelaciones del 9.º Circuito de San Francisco, que se negó a apoyar la solicitud del gobierno para suspender la orden del juez Settle, se anticipa que este tema podría llegar a una resolución crucial en el Tribunal Supremo.
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