Detienen en Tailandia a académico estadounidense por presunta difamación al rey y delitos informáticos

El caso ha generado preocupación en el gobierno de EEUU, que cuestiona la aplicación de las leyes de lesa majestad que prohíbe y castiga con cárcel cualquier forma de difamación, insulto o amenaza contra el rey o la familia real

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La justicia tailandesa acusa a Chambers de violar la ley de lesa majestad y la Ley de Delitos Informáticos. (REUTERS/Athit Perawongmetha)
La justicia tailandesa acusa a Chambers de violar la ley de lesa majestad y la Ley de Delitos Informáticos. (REUTERS/Athit Perawongmetha)

Paul Chambers, académico estadounidense especializado en relaciones cívico-militares del Sudeste Asiático, fue arrestado en el norte de Tailandia por cargos de difamación a la monarquía y delitos informáticos, según informó su equipo legal de Thai Lawyers for Human Rights. El caso ha generado preocupación en el gobierno de Estados Unidos, que cuestiona la aplicación de las leyes de lesa majestad en el país asiático, consideradas entre las más restrictivas del mundo en materia de libertad de expresión.

Chambers, profesor en la Universidad de Naresuan, ubicada en la provincia de Phitsanulok, fue citado por la policía local el viernes 5 de abril tras la emisión de una orden de arresto dictada por un tribunal provincial el 31 de marzo. El motivo de la acusación se relaciona con una descripción publicada en línea sobre un seminario académico celebrado en octubre de 2023, en el que Chambers fue ponente, de acuerdo con CNN.

Según sus abogados, el texto —que apareció en el sitio web de un instituto de investigación en Singapur— afirmaba que el rey de Tailandia tenía autoridad directa sobre los cambios en el liderazgo militar. La publicación fue posteriormente editada, y la defensa del académico sostiene que Chambers no participó en su redacción.

La ley de lesa majestad en Tailandia castiga con hasta 15 años de prisión por insultar al rey. (REUTERS/Patipat Janthong)
La ley de lesa majestad en Tailandia castiga con hasta 15 años de prisión por insultar al rey. (REUTERS/Patipat Janthong)

De acuerdo con el testimonio de Akarachai Chaimaneekarakate, representante de Thai Lawyers for Human Rights, el académico se presentó de forma voluntaria ante la policía después de recibir la notificación oficial. Allí fue informado de que se le acusaba de haber promovido públicamente la invitación al seminario, lo que según los agentes constituía un insulto a la figura del monarca. Chambers negó los cargos y subrayó que no tenía control editorial sobre los contenidos en el sitio web del instituto organizador.

Los cargos formales en su contra incluyen la violación del artículo 112 del Código Penal tailandés —la ley de lesa majestad— y la Ley de Delitos Informáticos, ambas con severas implicaciones legales. De acuerdo con Bangkok Post, la primera prohíbe cualquier forma de difamación, insulto o amenaza contra el rey o la familia real, y contempla penas de entre tres y quince años de prisión por cada infracción. Aunque la legislación ha sido aplicada principalmente a ciudadanos tailandeses, el arresto de Chambers representa una aplicación poco habitual contra un ciudadano extranjero.

Tras su detención, Chambers fue trasladado a un centro penitenciario en Phitsanulok, donde permanece recluido después de que un tribunal rechazara en dos ocasiones las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas por su equipo legal. Asimismo, las autoridades migratorias tailandesas revocaron su visa, lo que podría derivar en su deportación inmediata. La defensa dispone de 48 horas para apelar esta última decisión.

La legislación prohíbe difamar, insultar o amenazar al rey y a la familia real. (Oficina de la Casa Real/REUTERS)
La legislación prohíbe difamar, insultar o amenazar al rey y a la familia real. (Oficina de la Casa Real/REUTERS)

El caso ha despertado reacciones diplomáticas. El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su alarma por la detención. En una declaración pública emitida el martes, la portavoz Tammy Bruce señaló que Washington está en contacto con las autoridades tailandesas y ha solicitado acceso consular a Chambers.

“Este caso refuerza nuestras preocupaciones sobre el uso de las leyes de lesa majestad en Tailandia”, dijo Bruce, quien añadió que su país continuará abogando por el respeto a la libertad de expresión y el trato justo para el ciudadano estadounidense. “Como aliado por tratado de Tailandia, seguiremos de cerca este asunto”, afirmó.

El seminario que originó la controversia fue organizado por el ISEAS-Yusof Ishak Institute, con sede en Singapur, y abordaba el papel de las fuerzas militares y policiales en la estructura de poder tailandesa. La institución aún no ha emitido comentarios sobre lo ocurrido. Según la defensa de Chambers, pocos días después del evento, una unidad del Ejército Real Tailandés encargada de la seguridad interna solicitó información a la Universidad de Naresuan sobre el contenido del seminario y la participación del académico.

Los tribunales tailandeses mantienen un alto índice de condenas bajo la ley de lesa majestad. (Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/Thai News Pix/AFP)
Los tribunales tailandeses mantienen un alto índice de condenas bajo la ley de lesa majestad. (Krit Phromsakla Na Sakolnakorn/Thai News Pix/AFP)

Chambers es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Norte de Illinois y ha vivido en Tailandia durante más de 30 años, según confirmó The New York Times. En 2023, publicó un estudio sobre las relaciones entre la monarquía y las fuerzas armadas del país, donde analizaba los vínculos institucionales entre ambos sectores en el contexto del régimen político tailandés. Su trayectoria académica se ha centrado en el análisis de los sistemas autoritarios y las dinámicas entre poder civil y militar en el Sudeste Asiático.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado en múltiples ocasiones el uso expansivo de las leyes de lesa majestad en Tailandia. Estas normas han sido criticadas por su ambigüedad y su empleo para restringir la disidencia política y la libertad académica.

En los últimos años, cientos de personas, incluidos activistas estudiantiles, periodistas y usuarios de redes sociales, han sido procesadas bajo esta legislación. A pesar del aumento de las críticas tanto dentro como fuera del país, los tribunales tailandeses continúan aplicando las penas con firmeza, y no existe un mecanismo claro para su reforma.

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