El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes la restricción de visas para funcionarios del régimen chino a los que acusa de impedir el acceso de los diplomáticos y turistas estadounidenses al Tíbet.
“China debe restablecer la reciprocidad para que nuestros diplomáticos y otros puedan acceder a las zonas tibetanas de la misma manera que los diplomáticos chinos gozan de amplio acceso dentro de Estados Unidos”, reivindicó Rubio en redes sociales.
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En un comunicado, el secretario de Estado anunció la restricción de visas estadounidenses para “los funcionarios chinos que se determine que están sustancialmente involucrados” en la prohibición del acceso al Tíbet, aunque no ofreció nombres concretos de los sancionados.
Rubio justificó la medida con base en la Ley de Acceso Recíproco al Tíbet que él mismo impulsó cuando era senador y que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump.
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El secretario de Estado criticó que “durante demasiado tiempo” el Partido Comunista de China “ha negado a los diplomáticos estadounidenses, periodistas y observadores internacionales el acceso” al Tíbet.
Asimismo, recordó que los diplomáticos de Estados Unidos tampoco pueden prestar servicios consulares a los ciudadanos estadounidenses que viajan al Tíbet.
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“Esta falta de reciprocidad es inaceptable y no se tolerará”, apuntó Rubio.
La Ley de Acceso Recíproco al Tíbet de 2018 ordena al Departamento de Estado elaborar un informe anual sobre el nivel de acceso de diplomáticos, periodistas y turistas estadounidenses a esa región y vetar las visas para entrar a Estados Unidos de aquellos funcionarios chinos responsables de las restricciones.
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Los abusos de China contra el Tíbet
La relación entre China y el Tíbet ha estado marcada por tensiones y acusaciones de abusos a los derechos humanos por parte del régimen chino. Desde la anexión del Tíbet en 1950, Beijing ha implementado políticas que, según críticos, buscan asimilar cultural y políticamente a la población tibetana.
Organizaciones internacionales han denunciado prácticas como la detención arbitraria de tibetanos por expresar pacíficamente sus opiniones políticas, restricciones a la libertad de expresión y represión de la identidad cultural y religiosa. El Departamento de Estado de EEUU ha señalado informes creíbles de desapariciones forzadas, tortura y condiciones penitenciarias inhumanas en la región.
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La comunidad internacional ha expresado su preocupación por estas violaciones. En enero de 2024, durante el Examen Periódico Universal de China en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 20 Estados miembros criticaron el deterioro de la situación de los derechos humanos en el Tíbet, duplicando el número de países que lo hicieron en la revisión anterior.
La vigilancia en el Tíbet es extensa y sofisticada. Según reportes de Human Rights Watch, el régimen chino ha instalado una red de cámaras de seguridad, software de reconocimiento facial y presencia policial intensiva para monitorear a la población tibetana. Estas medidas, bajo el pretexto de garantizar la “estabilidad social”, han creado un entorno de constante temor y autocensura, especialmente entre los monjes budistas, líderes comunitarios y activistas por la autonomía tibetana.
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El papel del Dalái Lama, líder espiritual del budismo tibetano exiliado en India desde 1959, también ha sido objeto de confrontación por parte de Beijing. China lo acusa de promover el separatismo, mientras continúa una campaña para influir en el proceso de su sucesión, desafiando la tradición religiosa tibetana. En 2021, Estados Unidos aprobó la Ley de Política y Apoyo al Tíbet, que establece que solo los líderes religiosos tibetanos pueden determinar la sucesión del Dalái Lama, en una respuesta directa a la injerencia del Partido Comunista Chino.
Pese a las denuncias internacionales, Beijing mantiene una política de endurecimiento en la región. Las autoridades chinas promueven la migración de población Han al Tíbet, alterando el equilibrio demográfico, y favorecen programas de “reubicación rural” que trasladan a tibetanos desde sus aldeas a asentamientos urbanos bajo control del Estado. Estas acciones, interpretadas como parte de una estrategia de sinización, continúan alimentando las críticas de organizaciones de derechos humanos y gobiernos democráticos.
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