El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 11 personas por integrar una presunta red de fraude matrimonial que, según la investigación, habría organizado más de 1.000 bodas simuladas para obtener beneficios migratorios durante una década.
De acuerdo con CBS News, los fiscales afirman que la red conectó a ciudadanos estadounidenses con extranjeros, en su mayoría de la República Popular China, para presentar solicitudes falsas de residencia legal. Algunos clientes llegaron a pagar hasta USD 100.000 por cada ceremonia.
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El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró: “Este Departamento de Justicia está erradicando el fraude en todas partes, incluso en nuestro sistema de inmigración”. Luego agregó: “Este tipo de planes constituyen una afrenta deliberada a los Estados Unidos y a nuestras leyes”.
Por su parte, el fiscal federal para el distrito sur de Nueva York, Jamie McDonald, declaró que los arrestos desmantelaron “un componente central de una de las mayores redes de fraude matrimonial jamás imputadas en la historia de Estados Unidos”.
Cómo operaba la red de fraude matrimonial
El comunicado oficial del Departamento de Justicia señaló que la organización actuó al menos entre 2016 y julio de 2026.
La acusación describe un esquema con facilitadores que identificaban a clientes extranjeros, reclutadores de ciudadanos estadounidenses y asistentes que preparaban la documentación migratoria.
El plan también contaba con oficiantes de bodas, abogados, asesores fiscales, compañías de seguros y otros proveedores de servicios.
El texto judicial alega que los implicados promocionaban los “servicios de inmigración fraudulentos” a través del boca a boca, redes sociales y distintas formas de publicidad. El objetivo era ofrecer matrimonios falsos para facilitar solicitudes irregulares de residencia permanente legal, precisó CBS News.
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Las autoridades sostienen que los ciudadanos extranjeros pagaban hasta USD 100.000 por un matrimonio falso y la asistencia para tramitar la residencia.
A su vez, los ciudadanos estadounidenses que aceptaban participar recibían hasta USD 30.000, en general en pagos relacionados a distintas etapas del trámite de la Green Card, mientras que los reclutadores cobraban comisiones de hasta USD 5.000 por cada persona captada.
Ceremonias armadas y pruebas falsas
La investigación detalla que los participantes, en muchos casos, se conocían por primera vez poco antes de solicitar la licencia matrimonial.
Algunas bodas simuladas se realizaron en restaurantes cercanos, donde los participantes se cambiaban a vestimenta tradicional china e invitaban a familiares y amigos para mantener la apariencia, indicó CBS News.
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Tras esas ceremonias, los involucrados elaboraban pruebas para presentar ante el sistema migratorio. Entre esos elementos figuraban fotografías adicionales, cuentas bancarias y de servicios compartidas, declaraciones conjuntas de impuestos y pólizas de seguro.
Cuando llegaba el momento de las entrevistas con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los acusados instruían a las parejas sobre cómo ocultar la verdadera naturaleza del vínculo.
La red habría promovido casamientos simulados en Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Pensilvania, Kentucky, Tennessee, Georgia, Florida, además de Vanuatu y China.
Presuntamente, los miembros del esquema habrían recaudado decenas de millones de dólares y su accionar habría generado al menos cientos de solicitudes fraudulentas de Green Card presentadas ante USCIS.
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Quiénes fueron acusados y qué cargos enfrentan
El Departamento de Justicia identificó a los 11 acusados como Amy Cheng, de 72 años; Xiao Mei Chan, de 64; Christine Lu, de 52; Jing Yan Ye, de 43; Xiao Yan Chen, de 48; Gang Zheng, de 61; Anthony Cheng, de 47; Michelle Dueñas, de 35; Angela Dueñas, de 26; Sigrid Cetino, de 32; y Erika Johnson, de 43.
Al momento de los arrestos, las fuerzas de seguridad también ejecutaron órdenes de allanamiento en distintos puntos de Nueva York, entre ellos Sunset Park, en Brooklyn, y Flushing, en Queens.
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Los acusados deben comparecer ante la Justicia. Cada uno enfrenta un cargo de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude migratorio, delito que contempla una pena máxima de 5 años de prisión en caso de condena.
Asimismo, enfrentan un cargo de conspiración para alentar la residencia ilegal de extranjeros en Estados Unidos, con una pena máxima de 10 años de prisión.
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