Estados Unidos pidió a 19 países de América Latina abandonar la Corte Penal Internacional

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió el miércoles en Panamá que los países de la coalición antidrogas liderada por Washington abandonen la Corte Penal Internacional (CPI). La definió como una amenaza a la soberanía nacional durante un foro de seguridad regional.

“Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la ACCC que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía”, afirmó Hegseth ante representantes de defensa y seguridad de la región.

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del tribunal con sede en La Haya, creado en 2002 por el Estatuto de Roma para juzgar genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Washington nunca ratificó el estatuto fundacional, una postura que comparten potencias como China, Rusia e India, aunque durante décadas mantuvo con la Corte una relación de cooperación selectiva en casos puntuales.

Esa distancia se profundizó con la administración de Donald Trump, que impuso sanciones: prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos contra varios jueces y fiscales de la CPI. Las medidas respondieron principalmente a las investigaciones del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel, uno de los principales aliados de Washington en Medio Oriente, en la Franja de Gaza.

El reclamo de Hegseth se produce en el contexto de la ofensiva militar que Trump mantiene desde hace casi un año contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, con bombardeos directos contra embarcaciones señaladas como parte de redes de tráfico de drogas. Según un recuento de AFP, esos ataques han dejado unos 215 muertos en 53 operaciones.

Juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de esos bombardeos y los describen como posibles ejecuciones extrajudiciales, una categoría de crimen cuya investigación corresponde precisamente a la jurisdicción de la CPI. Ninguna denuncia formal ha sido presentada hasta ahora ante el tribunal por esos hechos.

Hegseth defendió la ofensiva y sostuvo que los bombardeos provocaron una “caída récord” en el tránsito de narcolanchas por ambas costas del continente. El secretario descartó cualquier legitimidad de la Corte para intervenir en las operaciones militares estadounidenses o de sus socios regionales.

“No existe ninguna base legítima para el intento ilegal de acaparar poder de la CPI”, declaró el jefe del Pentágono, quien acusó además a “la izquierda internacional” y a sectores de la prensa de conspirar para imponer la jurisdicción del tribunal sobre el personal militar de Estados Unidos y sus aliados.

El funcionario amplió sus críticas a lo que calificó de “organismos globalistas”, a los que responsabilizó de omisión selectiva. “Es llamativo que este llamado tribunal y otros organismos globalistas socaven nuestros esfuerzos, pero no hagan nada para responsabilizar a verdaderos terroristas y verdaderos tiranos”, sostuvo.

La Coalición de las Américas contra los Cárteles, promovida por Trump como eje de la cooperación hemisférica contra el crimen organizado, reúne actualmente a 19 países de América Latina y el Caribe. En el propio foro de Panamá, Colombia formalizó su incorporación a la alianza, en el marco de un giro en la relación bilateral con Washington tras el cambio de gobierno en Bogotá.

La presión de Estados Unidos sobre sus socios para que se desmarquen de la CPI anticipa un frente de tensión adicional en la región. Los países de la coalición enfrentan ahora una disyuntiva entre mantener su adhesión a un tribunal con más de un centenar de Estados parte y preservar la cooperación militar y de seguridad que Washington ofrece a cambio de alineamiento político.