La administración del presidente Donald Trump ha ordenado la suspensión temporal del procesamiento de ciertas solicitudes de residencia permanente legal —conocidas como green cards— presentadas por inmigrantes que fueron admitidos en Estados Unidos como refugiados o beneficiarios de asilo. La decisión, implementada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), responde a una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de este año, que exige reforzar los controles de seguridad nacional sobre personas extranjeras que desean ingresar o permanecer en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó la medida en un comunicado en el que explicó que se ha impuesto una “pausa temporal” para concluir ciertas solicitudes de ajuste de estatus, nombre oficial del trámite mediante el cual se otorga la residencia permanente. Según la declaración oficial, esta pausa permitirá realizar controles adicionales para detectar posibles riesgos relacionados con fraude, seguridad pública o amenazas a la seguridad nacional.
Aunque las autoridades no han especificado cuántos casos están siendo afectados, ni la duración de la suspensión, la medida impacta directamente a personas que ya habían sido autorizadas para ingresar o permanecer en Estados Unidos tras haber demostrado que enfrentaban persecución en sus países de origen. La medida ha sido reportada por CBS News y NBC News con base a fuentes gubernamentales y expertos en política migratoria.
La orden ejecutiva firmada por Trump establece nuevos criterios de revisión para extranjeros en EE.UU.
La suspensión del procesamiento se justifica en una orden ejecutiva titulada “Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”, en la que se ordena a las agencias federales “verificar y examinar en el mayor grado posible a todos los extranjeros que pretendan ser admitidos, ingresar o que ya se encuentren dentro de Estados Unidos”. El documento establece una prioridad especial sobre las personas provenientes de regiones o países considerados de alto riesgo para la seguridad.
La orden afecta a refugiados, quienes fueron admitidos tras un proceso que suele realizarse fuera del país, y también a quienes obtuvieron asilo dentro del territorio estadounidense, ambos grupos reconocidos por haber demostrado que podrían ser perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas o de pertenencia a un grupo social determinado. Según CBS News, el USCIS ha instruido a su personal para que incremente la revisión de estos casos antes de autorizar el cambio de estatus migratorio.
Desde el punto de vista administrativo, se trata de una nueva etapa de evaluación sobre personas que ya han sido verificadas y aprobadas por el gobierno. De acuerdo con NBC News, el proceso original que enfrentan los refugiados es especialmente estricto e incluye exámenes médicos, controles de antecedentes, entrevistas personales y documentación que puede tomar años en completarse antes de ser admitidos al país.
Expertos advierten sobre duplicación de controles y retrasos en el sistema
La decisión ha generado interrogantes sobre el efecto real de este nuevo proceso de revisión. Laura Collins, directora del Bush Institute-SMU Economic Growth Initiative, señaló a NBC News que las personas afectadas por esta medida ya habían sido evaluadas exhaustivamente por el gobierno estadounidense. “Todos estos individuos han sido aprobados para permanecer en Estados Unidos. La documentación que deben presentar como refugiados o asilados es sustancial”, dijo Collins.
Collins advirtió que aún no está claro cómo se implementará este nuevo proceso de revisión ni cuánto tiempo tomará. Recordó que durante la primera administración de Trump, USCIS ralentizó sus operaciones al exigir una revisión minuciosa de cada solicitud. “Si no llenabas el espacio del segundo nombre, incluso si no tenías uno, te devolvían la aplicación”, explicó.
El nuevo proceso podría incluir una revisión de redes sociales, algo que CBS News también mencionó en su cobertura. Aunque el gobierno ya aplicaba estas verificaciones en algunos casos, ahora se podría ampliar su alcance para incluir a más solicitantes que deben entregar sus identificadores digitales como parte del procedimiento.
Consecuencias presupuestarias y operativas dentro del USCIS por disminución de solicitudes
El impacto no es solo burocrático. Como recordó Collins en NBC News, el USCIS depende principalmente de las tarifas que pagan los solicitantes. Si se ralentiza el procesamiento, también se reduce el ingreso de fondos, lo que afecta la capacidad operativa de la agencia. Durante la administración anterior de Trump, esta dinámica ya provocó recortes de personal y dificultades presupuestarias.
Un informe del Migration Policy Institute (MPI), citado por NBC News, reveló que entre 2016 y 2020 el gasto en procedimientos de verificación se triplicó, pasando de 53 a 149 millones de dólares. Esta tendencia, combinada con la caída en el número de solicitudes, contribuyó a un déficit de 1.200 millones de dólares para el USCIS en 2020.
A pesar de las nuevas pausas, la agencia había reportado avances en la reducción de su carga de trabajo en años recientes. Según datos publicados por el USCIS y referidos por NBC News, la agencia redujo su acumulación de casos en un 15% en 2023, y volvió a disminuirla en un 11,2% durante el año siguiente. Las nuevas medidas podrían revertir ese progreso si se prolongan sin una solución clara.
Una estrategia migratoria basada en el control ampliado, incluso sobre trámites ya aprobados
Las acciones recientes son parte de un patrón ya observado durante el primer mandato de Trump. Según CBS News, la administración ha mostrado interés en aplicar medidas similares a otros grupos de inmigrantes, incluyendo quienes ingresaron bajo programas de parole humanitario establecidos en el gobierno anterior. Estas decisiones reflejan un enfoque más amplio para endurecer el control migratorio, incluso sobre aquellas vías legales que ya habían sido validadas.
La pausa actual en el procesamiento de green cards para refugiados y asilados ilustra esa lógica: un escrutinio ampliado que introduce nuevos obstáculos en procesos previamente aprobados. Por ahora, no se ha especificado cuándo se levantará la suspensión ni si las solicitudes actualmente en curso serán desestimadas, reevaluadas o simplemente retrasadas.
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