Longevidad, efectos adversos y escándalo: graves denuncias contra Bryan Johnson, el multimillonario que quiere vivir 150 años

Durante casi una década, Bryan Johnson, el empresario tecnológico que aboga por la juventud eterna, construyó su imagen pública a fuerza de disciplina biológica, polémica mediática y control absoluto de la narrativa que lo rodea.

Según la investigación de The New York Times, Johnson ha recurrido sistemáticamente a acuerdos de confidencialidad (NDAs) desde hace al menos una década. Tanto empleados como proveedores, contratistas y parejas sexuales han debido firmarlos como condición para mantener una relación con él o sus empresas. El propósito: evitar filtraciones que puedan dañar su imagen o la de sus proyectos.

Lo que comenzó como una herramienta de protección de marca evolucionó hasta convertirse en un sofisticado sistema de silenciamiento contractual. Actualmente, ese sistema está comenzando a resquebrajarse.

El punto de inflexión se dio en 2023, cuando Blueprint organizó un estudio de sus productos estrella —los suplementos y las comidas del “Blueprint Stack”— con 1.700 voluntarios que debían pagar más de USD 2.100. Aunque prometió publicar los resultados a mediados de 2024, más del 60% de los participantes reportó efectos adversos, incluyendo vómitos, náuseas, acidez estomacal y alteraciones metabólicas.

Uno de los datos más preocupantes fue la caída en los niveles de testosterona y el aumento de casos de prediabetes. Ante estos hallazgos, el médico personal de Johnson, el doctor Oliver Zolman, se alejó discretamente de la empresa. Según los testimonios recabados por The New York Times, Johnson intentó que Zolman firmara un nuevo NDA a cambio de un me s de salario como compensación por su salida, pero el médico se negó.

Una cláusula para cada rincón de la vida

Los acuerdos de confidencialidad impuestos por Johnson han sido descritos por exempleados como “excesivamente amplios” y “coercitivos”. En Blueprint, la empresa que fundó en 2021 para vender productos relacionados con su propio régimen de longevidad, los NDAs se incorporaban dentro de extensos contratos laborales. Uno de ellos, fechado en 2023, constaba de 20 páginas e incluía cláusulas específicas que prohibían divulgar cualquier información no pública sobre el hogar, los objetos personales, vehículos, o espacios usados por Johnson, incluso si se trataba de áreas no accesibles al público.

Además, Blueprint requería en algunos casos la firma de un documento adicional, no confidencial en términos clásicos, pero igualmente restrictivo: el llamado “opt-in agreement”. Este obligaba a los empleados a declarar que no considerarían ofensivo o inapropiado el hecho de que Johnson circulara semidesnudo por la oficina, ni que se hablara de erecciones o de su vida sexual en el entorno laboral. “Justo para todos los involucrados y en el mejor interés de todos”, escribió Johnson en la red social X al defender su uso.

Los primeros cuestionamientos legales surgieron en 2023, cuando al menos tres exempleados de Johnson —incluyendo a su exasistente Jamie Contento y a una exnovia que también trabajó con él— presentaron denuncias formales ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés). Las demandas alegan que los acuerdos de confidencialidad violan leyes federales al impedir que los trabajadores hablen sobre sus condiciones laborales.

Contento afirmó que se sintió presionada a firmar porque, de lo contrario, perdería su empleo. Tras un año en Blueprint, decidió marcharse y envió una carta al área de recursos humanos donde expresaba su incomodidad: “Ciertas fronteras profesionales, desde mi perspectiva, comenzaron a difuminarse con el tiempo”. Johnson respondió que ella nunca manifestó quejas materiales durante su estadía.

El abogado Matt Bruenig, que representa a las denunciantes, fue contundente: “El objetivo era usar estos acuerdos contractuales para mantener a todos callados. Pero ese esfuerzo fue un castillo de naipes”.

Uno de los casos más notorios es el de Taryn Southern, expareja de Johnson y extrabajadora de su empresa de neurotecnología, Kernel. En 2020, reseña NYT, Southern fue despedida tras el fin de su relación con Johnson, mientras atravesaba un tratamiento por cáncer de mama en estadio 3. Según su demanda posterior, Johnson insistió en que firmara un acuerdo de salida con cláusulas de confidencialidad que contemplaban penalizaciones de hasta USD 500.000 por cada incumplimiento.

La disputa legal pasó a arbitraje, donde Johnson resultó favorecido. Southern fue obligada a cumplir los términos del acuerdo y a pagarle más de USD 584.000 por honorarios legales. En 2023, Johnson llevó el caso al dominio público: publicó un video de 16 minutos en YouTube y, en febrero de 2024, una carta de 2.400 palabras en X, donde la nombró, la acusó de querer asesinarlo con unas tijeras y dijo que su régimen de salud “le salvó la vida”. Southern no respondió: las cláusulas de confidencialidad aún la obligaban a guardar silencio.

“Lo peor no fue el cáncer ni la pérdida del empleo”, dijo. “Lo peor fue no poder contar la verdad mientras era atacada públicamente”.

Según el reportaje, luego de ser contactado por The New York Times para la investigación, Johnson redobló esfuerzos para que extrabajadores respetaran los acuerdos firmados. Algunos recibieron recordatorios formales de que estaban “estrictamente prohibidos” de divulgar cualquier información confidencial relacionada con Johnson o sus empresas.

En paralelo, ha contratado al abogado laboralista David Broderdorf, del bufete Morgan Lewis, para que represente sus intereses ante la NLRB.

Johnson ha defendido sus prácticas afirmando que los acuerdos buscan “crear límites claros y expectativas definidas”, y que estos han evolucionado con el tiempo, como todo en su sistema Blueprint. Pero expertos legales consultados por The New York Times, como el abogado laboralista Cliff Palefsky, aseguran que muchas de las cláusulas son tan amplias que serían difíciles de aplicar en tribunales: “Se apoyan en el miedo. Confían en que nadie se atreva a romper el acuerdo por temor a las consecuencias”.

Las acciones legales han generado un efecto dominó. Empleados y exempleados comenzaron a intercambiar experiencias. Southern, Contento y una tercera trabajadora presentaron denuncias en conjunto, lo que, según Bruenig, les otorga protección federal para hablar sobre sus condiciones laborales.

“Esperamos poder cerrar este capítulo de manera positiva para otros empleados”, dijo Southern a The New York Times. Por ahora, ese cierre sigue en disputa.