(Desde Washington, Estados Unidos) La administración Biden profundiza la presión política sobre la dictadura de Nicolás Maduro, mientras define las sanciones migratorias y financieras que aplicará al Consejo Nacional Electoral (CNE), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la cadena de mando de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela por el fraude en los comicios presidenciales y la represión ilegal cometida contra la oposición que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.
“En lugar de responder a las demandas del pueblo venezolano de transparencia y democracia, Maduro ha intensificado la represión mediante amenazas con objetivos políticos, detenciones injustas e indiscriminadas y censura en un intento desesperado de aferrarse al poder por la fuerza”, sostuvo Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado.
Las declaraciones de Miller irrumpen cuando la comunicación extraoficial entre la Casa Blanca y el regimen populista es infructuosa. Hay un backchannel abierto entre Washington y Caracas, pero los altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado no pueden perforar la ambiguedad del diputado Jorge Rodríguez, representante de Maduro en las conversaciones con Estados Unidos.
El regimen populista ya asumió que Biden impondrá sanciones al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y a la cúpula de las Fuerzas Seguridad. Sin embargo, esta decisión tomada en el Salón Oval no ha impactado en la agenda represiva que ejecuta Maduro tras haber cometido fraude en los comicios presidenciales del 28 de julio.
El análisis que se hace en el Departamento de Estado y el Ala Oeste de la Casa Blanca es que Maduro optó por esperar los resultados de las elecciones en Estados Unidos -convocadas para el 5 de noviembre-, y a partir de allí abrir un espacio de diálogo con el staff para América Latina del sucesor de Biden.
En este contexto, el dictador de Venezuela profundiza la persecución a la oposición política y a los medios de comunicación, que están a merced del aparato represivo del regimen. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter han denunciado la sistemática violación a los derechos humanos, pero Maduro continúa imperturbable con su planes para perpetuarse en el Palacio Miraflores.
“Nicolás Maduro y sus representantes han manipulado los resultados de esas elecciones, proclamado falsamente su victoria y llevado a cabo una represión generalizada para mantenerse en el poder. Estados Unidos aplaude el coraje y la resiliencia de los millones de venezolanos que votaron y que siguen pidiendo pacíficamente que Maduro reconozca que Edmundo González Urrutia recibió la mayoría de los votos”, añadió el vocero Miller.
González Urrutia y María Corina Machado tienen contacto directo con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y la principal preocupación de estos líderes opositores es preservar la capacidad de movilización de la sociedad venezolana y evitar que continúe las detenciones arbitrarias.
Anoche en Washington, la administración demócrata analizaba qué pasos se darían ante una eventual orden de captura contra González Urrutia, que fue citado en la fiscalía por instrucción directa de Maduro. El excandidato presidencial está escondido y ya sabe que es un blanco móvil del regimen.
Si el dictador Maduro finalmente autoriza la captura de González Urrutia, Estados Unidos, sus aliados regionales y la Unión Europea pondrán en marcha un movimiento de repudio global a la decisión política del dictador de Venezuela. Y habría una convocatoria al Consejo de Seguridad de la ONU y al plenario de la OEA para denunciar -de nuevo- los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro.
Hoy será un día clave para la crisis en Venezuela. El regimen iría otra vez contra González Urrutia: primero le robó la elección y ahora lo quiere detener sin causa.
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