El Gobierno de Estados Unidos prohibió este jueves las importaciones de cinco empresas chinas, señaladas por someter a trabajos forzosos a la minoría uigur, en la región de Xinjiang. De esta manera, la cadena de suministro local de productos en el gigante norteamericano ya no incluirá estos artículos, fruto de abusos.
Las firmas alcanzadas en esta oportunidad son Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings, con sede en Hong Kong, así como su matriz, Century Sunshine Group Holdings. Ambas se encargan de la fabricación de fertilizantes de magnesio y otros artículos de aleación de éste.
También se vio afectada Zijin Mining Group Co, filial de Xinjiang Habahe Ashley Copper Co, que extrae metales no ferrosos.
Así, tras el anuncio, las cinco compañías fueron incluidas en la Lista de Entidades de la Ley de Prevención de los Trabajos Forzados de los Uigures, una de las principales acciones emprendidas por el Gobierno de Joe Biden en pos de condenar este “genocidio continuado” sobre las minorías en la región occidental de China, que incluyen prácticas como reclutamiento y transporte forzoso de estas personas, y colaboración con las autoridades locales.
Hasta el momento, más de 70 empresas han sido incluidas en esta Lista por demostrar el empleo de alguna de estas maniobras en sectores varios.
Asimismo, el pasado 13 de julio el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visado contra algunos funcionarios chinos por no cumplir con “sus compromisos de respetar y proteger los Derechos Humanos” y por llevar a cabo el “genocidio y crímenes contra la humanidad” en Xinjiang.
“Estados Unidos sigue promoviendo la rendición de cuentas en defensa de los Derechos Humanos en China”, apuntó entonces el portavoz del organismo, Matthew Miller.
En agosto de 2022, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, publicó un informe alarmante en el que expuso que, a pesar de la negativa del Ejecutivo de Xi Jinping, se estaban cometiendo graves violaciones en la materia “en el contexto de la aplicación por parte del Gobierno de estrategias de lucha contra el terrorismo y el ‘extremismo’”.
“La aplicación de estas estrategias y de las políticas asociadas en la RAE de Xuan han dado lugar a pautas intercaladas de restricciones graves e indebidas de una amplia gama de derechos humanos. Estos patrones de restricciones se caracterizan por un componente discriminatorio, ya que los actos subyacentes suelen afectar directa o indirectamente a los uigures y a otras comunidades predominantemente musulmanas”, agregaba el documento de 48 páginas.
A pesar de esto, poco más de un año más tarde, Naciones Unidas volvió a alertar por la persistencia de estos abusos, sobre todo en niños. Los expertos señalaron que las autoridades chinas estaban llevando a gran parte de estos menores a internados en los que se los reeducaba con conocimientos que no contemplan sus raíces.
La ONU apuntó que estos jóvenes corrían peligro de asimilación cultural forzada en cuestiones como el idioma y la cultura, además de ser separados violentamente de sus familias y “tratados como si fueran huérfanos”.
(Con información de Reuters)
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