En la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, la alcaldesa Cherelle Parker enfrenta un desafío monumental en su mandato: erradicar el comercio de drogas en Kensington, uno de los barrios más afectados por el narcotráfico y el consumo de drogas a cielo abierto en la costa este de Estados Unidos.
La estrategia, que busca combatir la venta y consumo de sustancias como el fentanilo y la xilazina, incluye un incremento de la vigilancia policial y el desarrollo de programas de asistencia a largo plazo para las personas que viven en condiciones de adicción. Sin embargo, esta aproximación ha despertado controversias entre expertos en salud pública que advierten sobre la necesidad de enfoques más integrales que incluyan atención médica y oportunidades de rehabilitación.
Kensington, reconocido desde los años 70 por su gran mercado de drogas, conocido por la pureza de su heroína a comercializar drogas sintéticas más letales como el fentanilo y la xilazina, ha visto un incremento en la peligrosidad de las sustancias disponibles en los últimos años, lo que representa un desafío adicional para los ya sobrecargados servicios de tratamiento de la ciudad.
El predecesor de Parker, Jim Kenney, adoptó un enfoque centrado en la reducción de daños, orientado a mantener a los usuarios de drogas con vida mientras los alentaba hacia la recuperación. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por los residentes que sienten que ha empeorado la situación. En respuesta, la ciudad proyecta restringir los recursos disponibles para la reducción de daños, como sitios de inyección supervisada y programas de intercambio de agujas, para alentar a los usuarios de drogas a buscar ayuda.
La estrategia de Parker, revelada el mes pasado y publicada por The New York Times, destaca por su ambición, aunque deja dudas respecto a su ejecución, particularmente en cómo abordará las necesidades a largo plazo de cientos de personas que sufren de adicción y viven actualmente en las calles. “Estamos creando un sistema y estructuras a mediano y largo plazo para el cuidado, tratamiento, vivienda, trabajos”, comunicaron funcionarios al Concejo Municipal, reconociendo la ausencia actual de dichos servicios.
La estrategia de reforzar la seguridad mediante una presencia policial más intensa comenzó con la limpieza de campamentos de personas sin hogar, acción que ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos ven en ella un necesario restablecimiento del orden, Scott Burris, del Centro de Investigación de Derecho de Salud Pública de la Universidad de Temple, critica la medida aseverando que “las personas necesitan atención médica, consejería, vivienda y trabajo, más allá de combatir drogas cada vez más devastadoras”.
Por su parte, la Comisionada de Policía Kevin J. Bethel insiste en que se necesita un enfoque más estricto. “La Policía va a tener que restablecer las normas”, afirma, con la esperanza de impulsar a más personas hacia el tratamiento. Sin embargo, esta estrategia ha generado escepticismo y preocupación entre profesionales de salud pública y personas viviendo en las calles, muchas de las cuales han pasado por rehabilitación múltiples veces, sin éxito.
Mientras tanto, el interés inmobiliario en la zona sugiere cambios potencialmente disruptivos. Grandes edificaciones residenciales están surgiendo cerca de Kensington Avenue, con más de 4,000 unidades construidas o propuestas, indicando un futuro de gentrificación que podría desplazar a los residentes actuales, una preocupación expresada por Bill McKinney, director ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Comunitario de New Kensington. “Estamos celebrando nuestra propia desaparición”, lamenta, temiendo el desplazamiento inminente de los residentes de la clase trabajadora.
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