La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, anticipó que mantendrá congeladas las aprobaciones de nuevos centros de datos hasta que la Legislatura estatal establezca protecciones para las comunidades.
La medida prolongaría la pausa que ya ordenó el gobernador saliente, Greg Abbott, y podría alcanzar futuros desarrollos de infraestructura de xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, en el estado.
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Hinojosa, que ganó la elección para la gobernación el martes 3 de noviembre, asumirá el 19 de enero. Su plan es impedir nuevas autorizaciones hasta que los legisladores, que vuelven a sesionar ese mes, aprueben reglas sobre el consumo de electricidad y agua, los incentivos fiscales y la participación de los residentes en las decisiones sobre estas instalaciones.
La futura mandataria no identificó un proyecto concreto de Musk que vaya a quedar suspendido. Sin embargo, su moratoria abarcaría todas las aprobaciones de centros de datos, por lo que cualquier iniciativa nueva de xAI que requiera permisos ambientales o conexión a la red eléctrica en Texas quedaría sujeta a ese freno.
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Musk reaccionó al resultado electoral con un mensaje en X en el que señaló que los centros de datos en el espacio le parecían una alternativa atractiva.
La moratoria dependerá de las reglas que apruebe la Legislatura
Durante la campaña, Hinojosa cuestionó la respuesta de Abbott frente a la expansión de la infraestructura para inteligencia artificial.
La demócrata prometió una prohibición temporal de las autorizaciones hasta que existan “protecciones reales” para los texanos, según informó The Texas Tribune.
“Cuando sea gobernadora, impondré una moratoria, una prohibición, sobre todas las aprobaciones de centros de datos hasta que la Legislatura pueda aprobar leyes que protejan a los texanos”, afirmó en un video que publicó el 22 de octubre en X.
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La gobernadora electa tendrá una Cámara de Representantes estatal de mayoría demócrata. Aun así, la duración efectiva de la suspensión y el contenido de la regulación dependerán de la negociación legislativa y del alcance jurídico de las decisiones de su administración una vez que asuma el cargo.
Su propuesta incluye exigir que los operadores contraten trabajadores sindicalizados, resguarden las fuentes de agua locales y eviten acuerdos de confidencialidad que limiten el acceso público a información sobre los proyectos.
También plantea que las empresas asuman el costo de la infraestructura eléctrica necesaria para operar y que los hogares no absorban aumentos en las facturas de energía por la expansión del sector.
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Abbott ya había suspendido permisos y conexiones durante una auditoría
El actual gobernador republicano había dispuesto pausas escalonadas en las conexiones de nuevos centros de datos a la red y en los permisos ambientales mientras los reguladores y operadores realizaban una auditoría, prevista hasta diciembre.
Su decisión surgió luego de que la expansión de estas instalaciones despertara preocupación por la demanda de energía y el consumo de agua en un estado afectado por sequías.
Abbott solicitó datos sobre los incentivos tributarios, el uso de agua, los sistemas propios de generación y abastecimiento eléctrico, y las medidas para disminuir la contaminación lumínica y sonora.
Además, propuso que las compañías financien su propia infraestructura energética y anticipó que buscaría eliminar algunas exenciones fiscales en el próximo período legislativo.
La posición de Hinojosa va más allá de esa revisión temporal. Su objetivo es conservar el congelamiento hasta que entren en vigor normas nuevas, una condición que puede retrasar la tramitación de proyectos que todavía no hayan conseguido sus autorizaciones.
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Las comunidades reclaman controles sobre agua, electricidad e incentivos fiscales
La oposición a los centros de datos se extendió en comunidades urbanas y rurales de Texas. Vecinos de distintos sectores políticos cuestionaron las proyecciones de consumo eléctrico, la cantidad de agua que requerirán las instalaciones y la capacidad de los gobiernos locales para controlar su ubicación y funcionamiento.
Funcionarios de condados también manifestaron que la legislación estatal les concede facultades limitadas para regular estos desarrollos.
En octubre, ambientalistas y representantes comunitarios detectaron permisos vinculados a proyectos que, según denunciaron, habrían avanzado pese a la suspensión. La agencia ambiental estatal cerró después su sistema de presentación electrónica de solicitudes.
Los aportantes vinculados a la industria de los centros de datos entregaron cerca de USD 9 millones a la campaña de Abbott desde julio de 2025, de acuerdo con el medio texano. El dato alimentó las críticas de quienes reclaman mayor transparencia sobre los incentivos y las autorizaciones.
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El grupo Data Center Watch, que analiza la oposición a estas instalaciones en Estados Unidos, sostuvo que Texas se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de la incidencia electoral del debate regulatorio.
Su estudio sobre 74 candidatos a gobernador en 36 estados concluyó que el 43 % respaldaba una moratoria o una prohibición para el sector.
La industria defiende el crecimiento del sector y Musk deja abierta otra alternativa
La asociación Data Center Coalition sostuvo que estas instalaciones pueden generar empleo, inversión local y recaudación tributaria.
Jess Heck, directora de asuntos gubernamentales de la entidad en Texas, afirmó que el sector busca fortalecer la infraestructura digital del país, la confiabilidad energética y un desarrollo económico responsable.
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La organización dijo que espera trabajar con el nuevo gobierno estatal, autoridades locales y comunidades para recuperar confianza y definir un crecimiento regulado.
Hinojosa, por su parte, sostuvo durante la campaña que Texas puede mantener el desarrollo económico con salvaguardas para los residentes.
Musk, fundador de xAI y aliado de Abbott, publicó tras la elección: “Los centros de datos en el espacio parecen bastante atractivos en este momento”.
Su mensaje llegó mientras la futura administración texana plantea que los nuevos proyectos de infraestructura para inteligencia artificial deberán esperar, al menos, hasta que se definan las reglas que regirán su instalación en el estado.
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