El Departamento de Agricultura de Estados Unidos propuso modificar los criterios que permiten a determinados hogares acceder automáticamente al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como cupones de alimentos. La iniciativa busca restringir una de las vías de ingreso al beneficio y podría afectar a millones de personas si se aprueba en los términos planteados.
La propuesta fue publicada el 10 de noviembre de 2026 en el Federal Register por el Departamento de Agricultura (USDA). El organismo estima que el cambio reduciría el gasto federal en USD 44.649 millones entre los años fiscales 2027 y 2031. Sin embargo, la medida todavía está en etapa de consulta pública y no modifica por ahora las condiciones que deben cumplir los beneficiarios.
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El mismo día, el USDA presentó una segunda propuesta para incorporar cambios en los requisitos laborales de SNAP, establecidos por la ley presupuestaria aprobada en 2025.
La propuesta restringiría el acceso a SNAP mediante servicios no monetarios
La normativa actual permite que determinados hogares accedan a SNAP mediante la llamada elegibilidad categórica amplia. Este mecanismo permite que los estados consideren elegibles a familias que reciben determinados beneficios financiados por el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF).
Estos beneficios no necesariamente consisten en pagos de dinero. Algunos estados utilizan servicios no monetarios, como folletos informativos o líneas telefónicas de orientación sobre programas de asistencia, para habilitar el acceso a los cupones de alimentos.
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El USDA busca limitar esta posibilidad. La propuesta establece que la elegibilidad categórica vinculada a TANF se concedería a los hogares que reciban asistencia conforme a la definición federal del programa. Esta categoría comprende principalmente pagos en efectivo, vales y otros beneficios destinados a cubrir necesidades básicas continuas. También puede incluir determinados servicios de apoyo, como transporte y cuidado infantil, bajo condiciones específicas.
La modificación no limitaría el acceso exclusivamente a quienes reciben dinero en efectivo. El cambio apunta a excluir los servicios y beneficios que no cumplen la definición federal de asistencia, incluidos aquellos financiados mediante fondos estatales de mantenimiento del esfuerzo (MOE) que actualmente pueden utilizarse para habilitar la elegibilidad categórica.
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La medida tampoco eliminaría todas las modalidades de elegibilidad categórica de SNAP. Su alcance se concentra en la vía relacionada con TANF y los fondos MOE.
Los hogares que ya no puedan utilizar este mecanismo tendrían que cumplir los requisitos ordinarios del programa. Esto implica someterse a las evaluaciones de ingresos y recursos económicos que establecen las normas federales.
El USDA calcula que 6,3 millones de personas podrían perder el beneficio
El análisis regulatorio estima que 3,2 millones de hogares, integrados por aproximadamente 6,3 millones de personas, dejarían de ser elegibles para SNAP si la propuesta entra en vigor y alcanza su efecto completo.
El organismo proyecta que el impacto máximo se produciría durante el año fiscal 2029. La cifra representa el 16,9% de los hogares participantes y el 17,6% de las personas inscritas en el programa, según los cálculos de la dependencia.
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La pérdida de elegibilidad se produciría porque estos hogares no cumplirían los límites federales ordinarios de ingresos o recursos económicos. Para los hogares sin integrantes mayores o con discapacidad, SNAP establece un límite de ingresos brutos equivalente al 130% de la guía federal de pobreza y un límite de ingresos netos del 100%.
También existen restricciones sobre los recursos económicos disponibles, aunque determinadas propiedades y fondos están excluidos del cálculo, como la vivienda principal y algunos ahorros para la jubilación. Los hogares con integrantes mayores o con discapacidad están sujetos a reglas específicas.
La elegibilidad categórica amplia permite que los estados apliquen criterios diferentes en determinados casos. Según el USDA, 46 de los estados que administraban SNAP utilizaban este mecanismo en diciembre de 2025. De ellos, 37 establecían límites de ingresos brutos superiores a los federales y 41 no aplicaban límites de recursos.
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El documento también señala que más de 840.000 hogares de una o dos personas recibieron el beneficio mínimo de SNAP durante 2024 gracias a esta modalidad. El USDA calculó que el 94% de esos hogares no habría cumplido los requisitos federales ordinarios de ingresos y recursos.
La propuesta estima que la modificación permitiría reducir en USD 44.649 millones el gasto federal en beneficios de SNAP entre los años fiscales 2027 y 2031. Esta cantidad corresponde a una proyección presupuestaria y no a un ahorro que ya se haya concretado.
Los estados asumirían nuevos controles y costos administrativos
La modificación también implicaría cambios en la gestión del programa. Las administraciones estatales tendrían que revisar los ingresos y recursos económicos de una mayor cantidad de hogares que actualmente pueden acceder mediante la elegibilidad categórica amplia.
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Para implementar el nuevo procedimiento, los estados necesitarían adaptar sus sistemas informáticos, capacitar al personal y modificar determinados formularios. El USDA reconoce que estas tareas generarían gastos adicionales para las agencias encargadas de administrar SNAP.
El análisis regulatorio calcula que la reducción de los reembolsos federales destinados a gastos administrativos estatales sería de aproximadamente USD 309,5 millones durante los años fiscales 2027-2031.
Por otra parte, el organismo proyecta una reducción neta de USD 5.243 millones en el gasto estatal relacionado con SNAP durante ese mismo período. Este cálculo contempla una disminución de las transferencias estatales, junto con un aumento estimado de USD 928,5 millones en costos administrativos.
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El USDA justifica la modificación como una medida para alinear los criterios de elegibilidad categórica con los límites de ingresos y recursos establecidos por el Congreso. La dependencia sostiene que algunos estados utilizaron servicios de bajo valor económico para ampliar el acceso a hogares que no cumplirían las condiciones federales habituales.
En el documento, la agencia también menciona casos de personas con recursos económicos elevados que habrían recibido SNAP en estados sin límites de patrimonio. Sin embargo, no presenta esa referencia como una estimación del número de beneficiarios con grandes recursos, sino como parte de su argumento para modificar los criterios actuales.
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Casi 1,8 millones de niños perderían la elegibilidad automática para comidas escolares
La propuesta también tendría efectos en los programas de alimentación escolar. Actualmente, los niños que pertenecen a hogares inscritos en SNAP suelen acceder automáticamente a comidas gratuitas en sus escuelas, sin que sus familias deban presentar una solicitud independiente para demostrar sus ingresos.
El USDA calcula que aproximadamente 1,78 millones de menores perderían esa vía de elegibilidad categórica si la modificación entra en vigor. Sin embargo, esto no significa que todos dejarían de recibir alimentos gratuitos o subsidiados.
Según las proyecciones de la agencia, cerca del 97% de esos niños podría conservar el acceso a través de una evaluación individual de los ingresos familiares. De ese total, aproximadamente 1,66 millones seguirían recibiendo comidas gratuitas, mientras que 93.000 pasarían a recibir alimentos a precio reducido.
Otros 28.000 menores tendrían que pagar el precio completo de las comidas escolares, de acuerdo con el cálculo oficial.
El cambio obligaría a las familias afectadas a presentar documentación ante los distritos escolares para determinar si cumplen los requisitos económicos de los programas de alimentación. El USDA estima que las escuelas tendrían que procesar 197.000 solicitudes adicionales, lo que demandaría 30.000 horas de trabajo administrativo y generaría costos de aproximadamente USD 6,3 millones entre 2027 y 2031.
Las consecuencias no se limitarían a la alimentación escolar. El análisis también proyecta que unos 42.000 niños podrían dejar de cumplir los requisitos automáticos del programa de Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano (Summer EBT) a partir de 2029. Alrededor de 5.500 participantes podrían perder la elegibilidad categórica para el programa de nutrición destinado a mujeres, bebés y niños (WIC), aunque su situación dependería de una evaluación individual.
Otra propuesta amplía los requisitos laborales para determinados adultos
El 10 de noviembre, el USDA también publicó una segunda propuesta para incorporar a las normas de SNAP los cambios aprobados mediante la ley presupuestaria de 2025, conocida como One Big Beautiful Bill Act.
La legislación amplió el grupo de adultos sujetos al límite temporal de beneficios. Bajo esta disposición, determinadas personas que no cumplen los requisitos laborales pueden recibir SNAP durante un máximo de tres meses dentro de un período de 36 meses, salvo que reúnan las condiciones para alguna excepción.
Uno de los cambios eleva hasta los 64 años la edad de las personas sujetas a estos requisitos. Antes, la excepción por edad alcanzaba a quienes tenían 55 años o más.
También modifica las condiciones para los padres y otros integrantes del hogar responsables del cuidado de menores. La excepción se aplicaría a quienes cuiden a un niño menor de 14 años, mientras que la regulación anterior contemplaba a los responsables de menores de 18 años.
La legislación eliminó además las excepciones temporales que beneficiaban a determinados veteranos, personas sin vivienda y jóvenes de hasta 24 años que habían salido del sistema de acogida estatal. En su lugar, incorporó nuevas excepciones para determinados indígenas estadounidenses, indígenas urbanos e indígenas de California.
La propuesta también modifica las condiciones para que los estados soliciten exenciones geográficas de los requisitos laborales. Entre otros cambios, establece nuevos criterios relacionados con las tasas de desempleo y elimina de la definición de personas sin vivienda a quienes están a punto de perder su residencia nocturna.
Ambas propuestas permanecen abiertas a comentarios públicos hasta el 10 de diciembre de 2026. Una vez concluido ese plazo, el USDA podrá revisar los textos, introducir modificaciones o desistir de las medidas antes de publicar las regulaciones definitivas.
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