California rechazó un impuesto a las grandes fortunas de los multimillonarios

Los votantes de California rechazaron una iniciativa que proponía aplicar un gravamen extraordinario del 5% sobre el patrimonio de los residentes con una fortuna superior a los US$ 1.000 millones. La recaudación se habría destinado principalmente a financiar servicios de salud, en un contexto de recortes federales que amenazan la cobertura médica de los sectores de menores ingresos.

La Proposición 40 fue una de las disputas electorales más costosas y controvertidas de California. La campaña enfrentó a sindicatos y referentes políticos que defendían el impuesto con empresarios y financistas multimillonarios que invirtieron cientos de millones de dólares para impedir su aprobación, según informó CNN.

La medida habría alcanzado a unos 250 residentes del estado, aunque otros cálculos publicados por medios locales estimaban que el universo de afectados rondaba las 200 personas. El gravamen se habría cobrado una sola vez y equivaldría al 5% del valor neto de sus bienes.

Los promotores calculaban que la iniciativa podía generar unos USD 100.000 millones. Ese dinero permitiría compensar durante aproximadamente cinco años el déficit anual de US$ 20.000 millones que, según sus estimaciones, afrontará California por los recortes al gasto sanitario incluidos en la ley presupuestaria impulsada por los republicanos, conocida como One Big Beautiful Bill. Una de las principales preocupaciones era el futuro de Medi-Cal, el programa estatal que brinda cobertura médica a personas de bajos ingresos.

La oposición, por su parte, sostuvo que el impuesto podía provocar que algunos de los empresarios más ricos trasladaran sus residencias y compañías a otros estados. Según ese argumento, la salida de capitales y empresas afectaría la recaudación tributaria, las inversiones y los puestos de trabajo. También cuestionaron el diseño de la propuesta y advirtieron que podía perjudicar la economía californiana y los recursos destinados a servicios públicos.

La campaña en contra de la Proposición 40 contó con el respaldo de algunos de los nombres más poderosos de Silicon Valley. Sergey Brin, cofundador de Google, aportó algo más de US$ 100 millones a una organización opositora. Según los registros financieros estatales citados por medios locales, los grupos que rechazaban la iniciativa habían reunido más de US$ 340 millones, en su mayoría provenientes de empresarios del sector tecnológico.

Brin también cuestionó públicamente la propuesta. En una entrevista con The New York Times, comparó el impuesto con el sistema político y económico de la Unión Soviética, de donde emigró con su familia cuando era niño. “Hui del socialismo con mi familia en 1979 y conozco la sociedad opresiva y devastadora que este sistema creó en la Unión Soviética. No quiero que California termine en la misma situación”, afirmó.

Los detractores del gravamen también recibieron el apoyo de figuras centrales del Partido Demócrata. El gobernador Gavin Newsom y Xavier Becerra, gobernador electo, se pronunciaron en contra. Ambos defendieron la creación de un impuesto de alcance nacional para evitar que los multimillonarios trasladaran sus negocios y residencias a otros estados. Newsom, además, cuestionó que una organización promotora de la iniciativa pudiera definir por sí sola las reglas tributarias de California y sostuvo que la propuesta no resolvería otras necesidades presupuestarias, como la vivienda, la educación y el cuidado infantil.

Sin embargo, el rechazo no fue unánime entre los demócratas. El senador Bernie Sanders, el representante Ro Khanna y distintas organizaciones sindicales respaldaron la iniciativa. También recibió el apoyo de seis economistas galardonados con el premio Nobel: Daron Acemoglu, Abhijit Banerjee, Peter Diamond, Esther Duflo, Paul Krugman y Joseph Stiglitz. En una carta conjunta, consideraron que California podía convertirse en un punto de partida para extender este tipo de gravámenes a las grandes fortunas en otros estados y, eventualmente, a escala federal e internacional.

Desde el sindicato SEIU-UHW, uno de los principales impulsores de la medida, Suzanne Jimenez cuestionó el volumen de dinero destinado a la campaña opositora y acusó a sus responsables de difundir información engañosa. Tras conocerse el resultado, el sindicato sostuvo que los multimillonarios habían conseguido una victoria electoral, pero no habían terminado con el debate sobre la tributación de las grandes fortunas.

La organización Building a Better California, financiada por empresarios tecnológicos y opuesta al impuesto, celebró el rechazo. En un comunicado, afirmó que la iniciativa habría perjudicado la economía y debilitado los recursos destinados a la salud, la educación, la seguridad pública y otros servicios esenciales.

La discusión también puso en primer plano la concentración de la riqueza en el estado. De acuerdo con un estudio del National Bureau of Economic Research citado por medios locales, los 200 residentes más ricos de California acumulaban una fortuna estimada en US$ 2,3 billones, una cifra comparable al producto bruto interno anual del estado. Ese grupo representa una proporción ínfima de sus habitantes, pero varias de esas fortunas crecieron con fuerza entre 2023 y 2025, impulsadas en parte por el auge de la inteligencia artificial.

El resultado electoral cierra, por ahora, el intento de establecer un impuesto extraordinario a los multimillonarios en California. Sus promotores, sin embargo, anticiparon que continuarán impulsando cambios para que las personas con mayores patrimonios aporten una proporción más alta de sus fortunas al financiamiento de los servicios públicos.