EEUU continuará imponiendo sanciones al régimen de Nicaragua por “el deterioro” de su democracia

La Casa Blanca afirmó este miércoles que continuará imponiendo sanciones a Nicaragua por “el deterioro dramático” de su democracia bajo el régimen de Daniel Ortega.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, destacó en una rueda de prensa que ese deterioro afecta al respeto “a los principios democráticos y los derechos humanos” por parte del régimen de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

Kirby precisó que eso incluye el acoso y el encarcelamiento de líderes opositores, dirigentes religiosos, estudiantes y periodistas. “Todo esto es inaceptable”, indicó.

“Condenamos esas acciones -sentenció el portavoz-. Ya hemos adoptado una serie de acciones para promover la rendición de cuentas para el régimen de Ortega/Murillo, lo que incluye la imposición de sanciones, y lo seguiremos haciendo”.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que acentuó tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

Persecución religiosa

Por otro lado, la coalición opositora nicaragüense Unidad Nacional Azul y Blanco señaló este miércoles al régimen sandinista de establecer la “persecución religiosa” como una política de Estado, luego de que la Policía abriera una investigación contra la Iglesia católica nicaragüense, a la que acusó de formar parte de una red de lavado de dinero.

“La dictadura de los Ortega Murillo ha establecido la persecución religiosa como una política de Estado, especialmente contra la Iglesia católica”, anotó la Unidad Nacional a través de una declaración leída por el opositor exiliado Héctor Mairena, integrante del consejo político de ese grupo y a quien las autoridades le retiraron la nacionalidad.

“El encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, condenado a (más de) 26 años de prisión y que está actualmente en condiciones infrahumanas, es la expresión más grave de esa política”, indicó esa Unidad.

Además del obispo Álvarez, otros tres sacerdotes se encuentran en prisión actualmente investigados por lavado de dinero o “traición a la patria”, añadió. “La dictadura ha expulsado del país a decenas de sacerdotes y religiosas, ha confiscado medios de comunicación y organizaciones vinculadas a la Iglesia católica, ha liquidado y confiscado escuelas parroquiales y órdenes religiosas”, enumeró la Unidad Nacional.

Observó que “más recientemente la dictadura ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de las nueve diócesis y sus respectivas parroquias, al tiempo que ha acusado a la Iglesia católica de lavado de dinero y le ha abierto un proceso por ello”. Además “ordenó la confiscación de las instalaciones del Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac en (el municipio) San Sebastián de Yalí y expulsó del país a las religiosas que lo regentaban”, continuó.

Esas medidas, agregó, son parte de las más de 500 agresiones contra la Iglesia católica que se registran desde 2018 a la fecha, cuando estalló la crisis que vive Nicaragua.

“Estas gravísimas acciones son parte del modelo represivo que la dictadura ha impuesto con un estado totalitario afianzado y que persigue aniquilar totalmente cualquier espacio mínimamente independiente”, advirtió ese grupo opositor. “Al mismo tiempo que expresamos nuestra solidaridad con las víctimas, rechazamos y condenamos de la manera más enérgica esta política que denunciamos ante la comunidad internacional de la que demandamos acciones más firmes”, concluyó.

La Policía de Nicaragua acusó el pasado fin de semana a la Iglesia católica nicaragüense de “lavar dinero” y ordenó al cardenal Leopoldo Brenes presentar documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de las diócesis que han intervenido.

Según la Policía, en el marco de esas investigaciones hallaron “centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a (las) diócesis” de Nicaragua.

También dijo haber confirmado “la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley congelar”, y que se trata “de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en (las) diócesis de distintos departamentos” de Nicaragua.

Las relaciones del régimen de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

El papa Francisco tildó de “dictadura grosera” al régimen sandinista en una entrevista con Infobae, señalando “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.

(Con información de EFE)

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