
La Corte Suprema de Estados Unidos, el máximo tribunal de ese país, enfrenta hoy la primera decisión importante sobre el aborto desde que su mayoría conservadora anuló en junio Roe v. Wade, que garantizaba el derecho federal al aborto. Deberá determinar este viernes -en un plazo autoimpuesto que culmina esta noche- si mantendrá o restingirá el acceso de las mujeres a la píldora abortiva mifepristona, mientras continúa la impugnación legal de su aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).
Los jueces del Supremo están considerando los argumentos de que permitir que entren en vigor las restricciones que imponen los fallos de los tribunales inferiores interrumpiría gravemente la disponibilidad de la droga, la mifepristona, que en la actualidad es utilizada por más de la mitad de las mujeres que interrumpen un embarazo, según dijo el Departamento de Justicia.
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4,9 millones de mujeres estadounidenses han utilizado el aborto con medicamentos con mifepristona y misoprostol desde que Mifeprex (mifepristona 200 mg) fue aprobado por primera vez por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) en 2000. La mifepristona, que se puede enviar por correo, se ha tornado aún más importante para el ciudado de la salud de la mujer a medida que los estados limitan o prohíben los abortos después de la anulación de Roe v. Wade.
El aborto con medicamentos en ese país comúnmente implica tomar estas dos píldoras, ambas seguras y efectivas y que han sido utilizadas durante décadas por millones de personas para interrumpir embarazos.
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Inicialmente se debían expedir el miércoles de esta semana, pero una orden del juez Samuel Alito concedió, sin explicación, dos días adicionales. Alito había detenido el fallo del tribunal inferior que buscaba limitar la disponibilidad del medicamento, pero ese congelamiento expirará hoy a la medianoche.
Se especula que la razón detrás de la extensión del miércoles al viernes tenga que ver con que no haya consenso, y uno o más magistrados desee escribir una opinión separada a la mayoritaria y requiera un tiempo adicional.
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Cómo comenzó todo

Un juez de un tribunal inferior en Texas había bloqueado por completo la aprobación de mifepristona por parte de la FDA, una aprobación que se había dado hace más de dos décadas.
La denuncia se presentó en Amarillo a fines del año pasado. El grupo legal cristiano y conservador Alliance Defending Freedom representa a quienes se oponen a la píldora y dicen que la aprobación por la FDA fue defectuosa. Matthew Kacsmaryk estuvo detrás del fallo, un juez federal que había sido nominado por el ex presidente Donald Trump.
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El gobierno de Biden y Danco Laboratories, fabricante de mifepristona, apelaron, y, en respuesta, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos dijo que la aprobación original de la FDA se mantendría por ahora. Pero dos jueces -Andrew Oldham y Kurt Englehardt- aclararon que la mayor parte del fallo de Kacsmaryk podría entrar en vigor mientras el caso avanza en los tribunales federales.
Luego de lo ocurrido en Texas, un juez del estado de Washington -Thomas O. Rice, nominado por el ex presidente Barack Obama- ordenó a la FDA que no hiciera nada que pudiera afectar la disponibilidad de la mifepristona en ciertos estados liberales que habían presentado una denuncia. El gobierno Biden ha dicho que los fallos entran en conflicto y crean una situación insostenible para la FDA.
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Para complicar más las cosas, GenBioPro, fabricante de la versión genérica de la mifepristona, presentó una denuncia el miércoles para bloquear preventivamente a la FDA para que no retire su medicamento del mercado, en caso de que la Corte Suprema no intervenga, una situación que también es posible.
Qué debe decidir la Corte Suprema

Por el momento, se le solicitó a la Corte Suprema que bloquee los fallos de los tribunales inferiores hasta el final del caso legal. Pero, si no llega a estar de acuerdo, el gobierno de Biden y Danco le están pidiendo al tribunal que acepte el desafío legal a la mifepristona, escuche los argumentos de ambas partes y decida el caso a principios del verano boreal.
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Este paso no es común. El tribunal rara vez lo hace al menos que un tribunal de apelaciones haya examinado minuciosamente las cuestiones jurídicas involucradas.
Si acceden a la solicitud del gobierno, tienen tres opciones: garantizar el pleno acceso a la mifepristona; imponer restricciones significativas; o suspender la píldora del mercado por completo.
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Si el Supremo decide no actuar sobre la solicitud del gobierno de Biden, la decisión del fallo original permanece vigente.
Independientemente de lo que ocurra hoy, el litigio continuará en el tribunal de apelaciones. Pero la Corte Suprema puede adelantarse.
Qué está en juego

Las mujeres que quieran abortar en las primeras 10 semanas sin tener que recurrir a una intervención quirúrgica más invasiva pueden tomar mifepristona, junto con misoprostol. La FDA ha flexibilizado los términos de uso de la mifepristona desde que se aprobó en el 2000, como permitir que se envíe por correo.
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Hay dos cuestiones que se ponen en juego: al acceso de las mujeres a este medicamento, y la autoridad de la FDA.
La decisión del juez de Texas anularía efectivamente los cambios realizados por la FDA a partir de 2016, que extendió el límite para usar esta píldora de siete a 10 semanas de embarazo en casos de que sea seguro. El tribunal texano tampoco permitiría enviarlo por correo ni distribuirlo como genérico. Los pacientes que lo requieran deberán, además, hacer tres visitas en persona con un médico.
Sin la opción del correo, las pacientes tendrían que faltar del trabajo y pagar los costos de viaje para llegar a un consultorio médico, algo no accesible para todas las mujeres, en especial si viven en un estado donde el aborto está restringido.
También es posible que se requiera que las mujeres tomen una dosis más alta de la que la FDA dice que es necesaria.
En segundo lugar, se pone en duda la autoridad reguladora de la FDA sobre otros medicamentos. Este caso, y la decisión del Supremo, podría abrir la puerta a desafíos sobre fármacos aprobados por la autoridad regulatoria. Proveedores médicos tendrían el precedente necesario para cuestionar políticas gubernamentales que podrían afectar a muchos pacientes.
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