Dos ciudadanos guatemaltecos —Jorge Agapito Ventura, de 34 años, y Oswaldo Manuel Zavala Quino, de 26— se declararon culpables el miércoles 8 de julio de 2026 ante un tribunal federal en Texas por cargos de tráfico de personas. Ambos enfrentan una pena máxima de cadena perpetua. La sentencia fue fijada para el 6 de octubre de 2026, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Las declaraciones de culpabilidad se vinculan al accidente más letal de tráfico humano registrado en México en años recientes: el vuelco de un tráiler con más de 160 migrantes en Chiapas en diciembre de 2021.
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El accidente del tráiler en Chiapas
El 9 de diciembre de 2021, un tráiler con al menos 166 migrantes volcó y chocó contra un puente en las cercanías de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El saldo fue de 55 personas muertas, entre ellas una niña de 16 años, y más de 100 heridos.
Casi todas las víctimas fatales eran guatemaltecas. Entre los heridos también había personas de República Dominicana, Honduras, México y Ecuador, según las autoridades de Chiapas.
Los sobrevivientes declararon que iban tan apretados dentro del remolque que la mayoría solo podía estar de pie. Las imágenes del lugar del accidente mostraron cuerpos dispersos a lo largo de la escena del choque.
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Una red de tráfico organizada
La red reclutaba migrantes en Guatemala, cobraba por el traslado y los transportaba en distintos vehículos: a pie, en microbuses, en camiones de ganado y en tráileres, según admitieron los acusados ante el tribunal.
Uno de los detalles más graves que reveló la investigación fue el uso de menores no acompañados como parte del esquema. Los organizadores les entregaban guiones preparados para que los niños respondieran a las preguntas de las autoridades migratorias de Estados Unidos en caso de ser detenidos.
El fiscal en funciones del Distrito Sur de Texas, John G.E. Marck, describió la operación como una red de tráfico que movía personas “como una cadena de suministro”: las reclutaba en Guatemala, cobraba su dinero y las apilaba en camiones de ganado y tráileres para un trayecto peligroso por México. “Esa operación terminó con la pérdida de más de 50 vidas en una carretera mexicana”, señaló.
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Los acusados y el proceso judicial
Ventura fue detenido en Cleveland, Ohio, en diciembre de 2024, mientras residía de forma ilegal en Estados Unidos. Zavala Quino fue uno de los cinco coimputados extraditados desde Guatemala en 2025 para enfrentar cargos en Texas.
Antes de las declaraciones del 8 de julio, otros tres integrantes de la red ya habían admitido su culpabilidad. Josefa Quino Canil De Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic, de 32, se declararon culpables en junio de 2026; Daniel Zavala Ramos, de 41, lo hizo en abril del mismo año. Los tres también fueron extraditados desde Guatemala en 2025.
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Un sexto imputado, identificado como Tomas Quino Canil, de 37 años, aún tiene cargos pendientes. La sentencia de Canil De Zavala y Chitic fue fijada para el 9 de septiembre de 2026, y cada condenado enfrenta hasta cadena perpetua y una multa de hasta USD 250.000.
Voces oficiales
El fiscal auxiliar del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que los acusados “trabajaron juntos para explotar a personas vulnerables al violar las leyes migratorias de este país, con consecuencias mortales”.
En el comunicado de junio de 2026, Duva también señaló que los responsables “maximizaron sus ganancias al apilar a más de 100 hombres, mujeres y niños en un tráiler”, lo que derivó en el accidente.
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El director en funciones de HSI —la rama de investigaciones de seguridad nacional del Departamento de Seguridad Interior—, John Condon, subrayó que el caso demuestra que los traficantes de personas “no se preocupan por los migrantes que transportan, pese a los numerosos riesgos, incluidos el calor extremo y las condiciones peligrosas de traslado”.
La investigación fue llevada a cabo por HSI en coordinación con autoridades de Guatemala y México, y forma parte de la Joint Task Force Alpha, el esfuerzo conjunto del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interior para desmantelar redes de tráfico humano en las Américas. El caso también se enmarca en la Operation Take Back America, iniciativa nacional del Departamento de Justicia.
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