La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga durante otro mes más, a partir del 22 de septiembre, del secreto de las actuaciones de la operación 'Fuentona', en el marco de la cual se llevó a cabo un registro en el Ayuntamiento de la capital soriana y se detuvo inicialmente a siete personas.
El Tribunal considera que la complejidad de las diligencias de investigación practicadas y acordadas hasta la fecha ha impedido su completa realización dentro del plazo inicialmente fijado y de las sucesivas prórrogas acordadas. Según expone el auto, persisten las razones que justificaron la declaración del secreto, por lo que resulta necesaria una nueva prórroga para evitar que se comprometa gravemente el resultado de la investigación.
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La resolución añade que el carácter secreto de las actuaciones constituye un elemento inherente a la naturaleza de las medidas de investigación que continúan en curso, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.
La operación 'Fuentona', en la que se encuentran personadas como acusaciones PP y Vox, supuso el registro del Consistorio soriano el 23 de junio por presuntas irregularidades que podrían ser constitutivas de varios delitos así como la detención de siete personas, entre ellas la exconcejal de Medio Ambiente, Turismo y Comercio del Ayuntamiento, Yolanda Santos, que posteriormente fueron puestas en libertad.
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La operación fue desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Soria y la autoridad judicial declaró secretas las actuaciones llevadas a cabo, lo que ahora se prorroga durante un mes a contar desde este 22 de septiembre.
La operación fue dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, y se lleva a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3.
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Se apunta, inicialmente, la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español.
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