La UCO no ve indicios sospechosos en la cátedra de Begoña Gómez: se creó según la normativa prevista

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descartado las principales sospechas planteadas por el juez Juan Carlos Peinado en la investigación que lleva más de dos años centrada en la actividad profesional de Begoña Gómez, codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y esposa del presidente del Gobierno. El informe de conclusiones entregado por la UCO al magistrado, al que ha tenido acceso Infobae, señala que tanto la creación de la cátedra como sus actividades económicas se ajustaron a la normativa vigente, y que no existen indicios de irregularidades financieras en las cuentas asociadas a Gómez.

La investigación, iniciada a raíz de una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias apoyada en recortes de prensa -algunos de ellos falsos-, ha contado con la participación de la Guardia Civil, que ha elaborado un documento en el que no se detectan pagos opacos ni movimientos económicos ilícitos en las cuentas analizadas, incluidas las de la esposa del presidente. Entre los datos recogidos, figura que Gómez facturó 17.000 euros a la universidad en un periodo de dos años, una cifra calificada como “incompatible” con cualquier supuesto enriquecimiento ilícito, según el informe.

El informe de la Guardia Civil cuestiona una parte de los argumentos presentados por el juez Peinado en relación con la cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense. El documento especifica que esta iniciativa nació siguiendo los procedimientos formales de la universidad y que uno de sus fines consistía en desarrollar un software de sostenibilidad dirigido a pymes. La propiedad de la herramienta recae en la propia universidad, y distintas empresas que financiaron el proyecto eran conscientes de que sus aportaciones económicas tenían como destinataria a la Universidad Complutense, y no a la figura de Begoña Gómez. Los analistas de la UCO insisten en que, tras examinar los movimientos económicos, no han hallado evidencia de pagos ocultos, comisiones o irregularidades en las cuentas ligadas al caso.

Ninguno de los 200 correos es relevante para la investigación

En el transcurso de esta investigación, la UCO identifica la labor que desempeñó la asesora Cristina Álvarez, asignada por Moncloa a Gómez. El organismo policial destaca que tanto Gómez como Álvarez se implicaron en gestiones con empresas patrocinadoras en el marco de la cátedra. Dichas labores, de acuerdo con los agentes, corresponderían en principio a los órganos internos de gestión de la universidad, aunque subrayan que ninguno de los casi 200 correos remitidos por Álvarez e incorporados a la causa resulta relevante para la investigación.

La documentación, elaborada íntegramente por la Guardia Civil y remitida al instructor Peinado, concluye sobre la base de la información económica y las comunicaciones examinadas que no existen indicios que permitan sustentar la hipótesis de un enriquecimiento indebido o la comisión de pagos opacos en las cuentas de Begoña Gómez.