
El Tribunal Supremo ha aplicado la amnistía a Meritxell Serret, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que se convierte así en la primera consellera del Govern promotor del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en beneficiarse de la ley de amnistía. La decisión del alto tribunal extingue la responsabilidad penal que pesaba sobre Serret por su actuación en la organización del 1-O.
Serret, exconsellera de Agricultura, fue condenada a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por un delito de desobediencia grave, al facilitar el 1-O cuando en 2017 formaba parte del Govern de Carles Puigdemont, y posteriormente interpuso un recurso de casación contra su sentencia condenatoria.
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En una resolución a la que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera “amnistiados los actos” por los que fue acusada Serret “y, en consecuencia, se declara extinguida la responsabilidad penal que pudiera haber contraído”.
ERC pide extender la amnistía
“Desde ERC estamos satisfechos de la amnistía a la consellera Meritxell Serret que ha resuelto hoy el Tribunal Supremo. Se avala la estrategia sólida seguida con la ley de amnistía”, ha celebrado el partido en un comunicado.
Los republicanos ponen de relieve que la decisión del Supremo llega menos de dos semanas después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía. Según ERC, “ya era inevitable que por fin el Tribunal Supremo hiciese lo que debería haber hecho desde el primer día: aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados”.
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El comunicado añade: “Esto mismo es lo que debe pasar inmediatamente con el resto de causas, para poder restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión”.
En abril de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Serret, entonces consellera de Acción Exterior del Govern presidido por Pere Aragonès, a un año de inhabilitación y a una multa de 12.000 euros por desobediencia grave. Según la sentencia del TSJC, como miembro del Govern de Puigdemont, Serret era “perfectamente conocedora” de los cinco requerimientos del Tribunal Constitucional que impedían seguir adelante con el 1-O, dado que le fueron notificados personalmente, pero los ignoró de forma “consciente y deliberada”, sin llevar a cabo ninguna actuación para detener el referéndum.
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Reconocimiento del delito y regreso tras el exilio
La sentencia recordaba que Serret hizo un “reconocimiento directo” del delito cuando se negó a responder a las preguntas de las acusaciones y se limitó a pronunciar un alegato en el que reconoció que no hizo nada para impedir el referéndum, invocando sus “convicciones personales del derecho de autodeterminación del pueblo catalán”.
Tras la declaración unilateral de independencia en 2017, Serret permaneció tres años en Bruselas. En 2021 regresó a España para ponerse a disposición del Supremo, después de que los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, con un rol similar en el 1-O, fueran condenados solo por desobediencia, sin penas de cárcel ni acusación de malversación.
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Carles Puigdemont carga contra el Tribunal Supremo por no aplicarle la ley de amnistía avalada por el Constitucional
La decisión del Tribunal Supremo afecta a una de las figuras políticas que formaron parte del Govern responsable de la consulta unilateral, eje de una causa judicial central en el proceso independentista. Con esta resolución, Serret se coloca como la primera exconsellera del Ejecutivo de 2017 en beneficiarse de la aplicación de la ley de amnistía.
El fallo se produce en un contexto de debate político y jurídico sobre los efectos de la norma en las causas abiertas por el proceso independentista. ERC sostiene que la decisión del Supremo debería allanar el camino para la extinción de responsabilidades del resto de personas afectadas por el 1-O y la restitución de sus derechos políticos. La aplicación de la amnistía por parte del Supremo crea precedente para futuras resoluciones relacionadas con la ley.
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