Begoña Gómez acusa al juez Peinado de “generar una indefensión real y efectiva” y construir una causa en la que “siempre está detrás el presidente del Gobierno”

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de acortar los plazos previstos en la ley del jurado y avanzar hacia la fase intermedia del procedimiento, en la que se solicita a las acusaciones la presentación de sus escritos de conclusiones. La resolución judicial recurrida proponía sentar en el banquillo a Gómez, a su asistente Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

El escrito, de 43 páginas y que adelanta el diario El País, sostiene que el auto debe ser anulado al haberse omitido trámites esenciales. En concreto, la defensa denuncia que no se concedió el plazo de cinco días a las partes para proponer nuevas diligencias tras la práctica de las acordadas, además de haberse adoptado la decisión sin resolver previamente los recursos pendientes contra la adecuación de la causa al procedimiento de jurado. Según el recurso, esta actuación genera “una indefensión real y efectiva”, lo que considera incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución.

Una instrucción cuestionada por su forma y su fondo

A partir de ese punto, el recurso despliega una doble impugnación: formal, por la supuesta quiebra de garantías, y material, por la consistencia misma de la causa. En el plano procesal, la defensa describe una instrucción que habría sido abruptamente clausurada sin agotar las diligencias acordadas por el propio instructor. Esa “rapidez inusitada” con la que, según el escrito, se ha dado carpetazo a la investigación se traduce, siempre en la tesis de la defensa, en la privación de un derecho básico: el de proponer nuevas actuaciones una vez practicadas las previstas.

“Esto no constituye una infracción menor”, advierte el letrado Antonio Camacho, que interpreta la decisión como un recorte efectivo del derecho de defensa. A su juicio, el procedimiento se ha deslizado hacia la fase intermedia sin respetar los tiempos ni los trámites que exige la ley del jurado, y lo ha hecho, además, sin que la instancia superior se haya pronunciado sobre recursos previos que afectan a la propia arquitectura del proceso.

El cuestionamiento se vuelve más incisivo cuando la defensa entra en el fondo de la resolución. El recurso sostiene que el auto del juez construye “una realidad paralela prescindiendo de todo lo actuado tras casi dos años de investigación”, una reconstrucción en la que, añade, “siempre está detrás el presidente del Gobierno”.

“No hay prueba de nada”, insiste el escrito, que reduce el andamiaje de la acusación a “hipótesis” sin sustento en los testimonios y documentos recabados durante la instrucción. En esa línea, el recurso recalca que no existe “ni un solo indicio” de que Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés articularan una relación de intereses orientada a obtener ventajas en adjudicaciones públicas o a impulsar la carrera profesional de la primera.

La cátedra y el relato de los hechos

En cuanto al origen de la investigación, centrado en la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, la defensa traza un relato alternativo al del instructor. Sostiene que la relación de Gómez con la universidad era previa, que la iniciativa surgió en el seno de la propia institución y que su desarrollo siguió los cauces ordinarios, con una tramitación prolongada durante meses.

El recurso invoca, en este punto, las declaraciones del rector, Joaquín Goyache, y de distintos responsables académicos, quienes descartaron cualquier irregularidad y defendieron la idoneidad de Gómez para asumir la dirección de la cátedra. También subraya que no existió retribución económica personal y que la financiación y el funcionamiento se ajustaron a los mecanismos habituales de este tipo de estructuras.

“Las decisiones tenían una base autónoma, ordinaria y universitaria suficiente”, recoge el escrito, que niega la existencia de presiones ilegítimas o ventajas indebidas. Frente a la tesis del instructor, que vincula los hechos con un posible delito de tráfico de influencias, la defensa sostiene que no hay encaje típico ni soporte probatorio.

Un procedimiento que avanza hacia juicio

El recurso concluye con una impugnación de la propia orientación del procedimiento hacia un juicio con jurado popular. A juicio de la defensa, los delitos atribuidos “o bien no se hallan en absoluto acreditados, o bien no encajan en las conductas desarrolladas”, y en ningún caso cumplirían los requisitos de conexidad exigidos por la ley del jurado.

En paralelo, la defensa de Cristina Álvarez ha formalizado su propio recurso de queja, en el que niega cualquier irregularidad en su actuación y cuestiona la extensión del delito de malversación a funciones vinculadas al entorno del presidente del Gobierno. Ambas estrategias confluyen en una misma idea: tras casi dos años de instrucción, decenas de declaraciones y un voluminoso cuerpo documental, la causa se sostiene, según las defensas, sobre una base insuficiente para justificar su enjuiciamiento.