Málaga, 8 may (EFE).- El turismo, motor económico de Andalucía, se somete en esta campaña electoral al prisma de la crisis habitacional con propuestas que van desde el equilibrio de los flujos turísticos y la lucha contra la clandestinidad hasta medidas más contundentes como la limitación de los pisos turísticos y la imposición de una tasa.
Con un récord de 37,9 millones de turistas en 2025 a la par que prosigue la escalada de precios inmobiliarios, el acceso a una vivienda asequible se ha convertido en uno de los campos de batalla ante el 17 de mayo.
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Mientras las formaciones de izquierda conectan las dificultades de emancipación de los jóvenes y la expulsión de vecinos de sus barrios con el crecimiento de los alojamientos turísticos, las situadas a la derecha sitúan el foco en la escasez de oferta residencial y en factores como el marco legislativo estatal o la falta de planificación.
Así, el debate divide a las fuerzas con representación parlamentaria entre las que apuestan por la seguridad jurídica para lograr un modelo sostenible, y las que defienden intervenir el mercado con topes al alquiler y un control estricto de las viviendas de uso turístico (VUT).
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El PP no vincula el impacto del turismo con el problema del acceso a la vivienda, sino que aborda ambas materias por separado en su programa, sin aludir a cuestiones como las VUT o la tasa turística.
Su coordinador regional de Turismo, Arturo Bernal, sostiene que la vivienda turística "no es la causante de la falta de vivienda de alquiler en España", y señala a la Ley nacional de Vivienda como responsable del aumento de precios. Sobre la tasa, dice que cualquier modificación tributaria debe comenzar por una reforma de la ley estatal de haciendas locales.
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Las propuestas del PP sobre turismo se orientan hacia la calidad, la sostenibilidad, el equilibrio territorial y el refuerzo de la inspección turística para combatir la clandestinidad, mientras que en vivienda se compromete a impulsar 20.000 inmuebles asequibles en cinco años, actuaciones de rehabilitación, ayudas directas al alquiler y avales para jóvenes para su primera adquisición.
El PSOE se compromete a derogar la ley andaluza de vivienda en los primeros cien días para aprobar una nueva en seis meses. Pretende invertir al menos el 1 % del PIB andaluz para incorporar 100.000 viviendas protegidas en ocho años destinadas al alquiler asequible.
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Además, plantea blindar las VPO impidiendo su descalificación y aplicar, en coordinación con los ayuntamientos, recargos en el IBI a casas vacías sin causa justificada para movilizarlas hacia el alquiler, según recoge su programa electoral.
Propone moratorias temporales a las VUT en municipios o barrios con alta presión turística, una agencia pública de inspección turística y un régimen sancionador "disuasorio" frente a la actividad ilegal.
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Vox atribuye a la falta de planificación por parte del bipartidismo el déficit de vivienda y la tensión del mercado en ciudades como Málaga.
Aboga por "compatibilizar" turismo y vivienda y "planificar con equilibrio y seguridad jurídica", con la "prioridad" de que la comunidad "siga siendo habitable".
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Su política abarca la movilización de suelo, la rehabilitación de viviendas infrautilizadas, la construcción de VPO, una fiscalidad diferenciada ante la compra por capital extranjero no comunitario y adaptar las VUT a la realidad de cada municipio y cada barrio.
Por Andalucía denuncia que la "combinación" del modelo turístico y la falta de políticas de vivienda provocan un "proceso acelerado de gentrificación" que está "expulsando" a los vecinos y elevando los precios del alquiler.
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Apuesta por sustituir la "inacción" de la Junta por un modelo turístico "sostenible, planificado y al servicio del interés general".
Ante la "emergencia habitacional", defiende una "intervención decidida" en el mercado para ampliar el parque público de vivienda, regular precios en zonas tensionadas, movilizar vivienda vacía y aplicar una regulación "estricta" a los apartamentos turísticos.
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El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, aspira a cambiar el modelo turístico de Andalucía por los "problemas" que genera en el reparto de la riqueza, sostenibilidad ambiental y vivienda.
Defiende una tasa turística para "compensar" el impacto del turismo, que las grandes cadenas hoteleras tributen en Andalucía, y la creación de un portal para que trabajadores del sector se anuncien sin depender de grandes plataformas.
Sugiere limitar los alquileres a un 20 % de la renta media de los hogares, priorizar el uso residencial en zonas saturadas y "desprivatizar" viviendas vacías en manos de bancos y fondos de inversión, así como la reforma del sistema de 'VPO de lujo' actual. EFE
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