Un Ayuntamiento de PSOE y Podemos rebaja a FCC y Acciona una multa de 9,3 a 2,2 millones despues de que sus operarios se saltaran 726 jornadas de trabajo en el contrato de limpieza

Al final la multa económica se ha rebajado notablemente. El Ayuntamiento madrileño de Coslada, gobernado por PSOE y Podemos-IU (Más Madrid abandonó el Gobierno local en marzo), ha decidido imponer una sanción de 2.274.975 euros a la empresa que gestiona el contrato de limpieza viaria del municipio, una UTE formada por las empresas FCC y Acciona, dos de los gigantes del sector servicios. La Junta de Gobierno local aprobó esta semana la sanción tras tener en cuenta las alegaciones presentadas por las empresas, ya que la cuantía inicial era de 9,3 millones de euros.

La UTE Coslada (FCC y Acciona) ganó en enero de 2022 el contrato para limpiar las calles del municipio por un periodo de cinco años. A cambio, el Consistorio le debe pagar 28,4 millones de euros. Dos años y medio después, en junio de 2024, el Gobierno local se dio cuenta de que la UTE no estaba cumpliendo con lo firmado y emitió un informe con todos esos incumplimientos, que desembocó en abril de 2025 con un expediente de incoación de sanciones. Una penalización que empezó en 9,3 millones y que en julio de 2025 se concretó en 7.020.190 euros. Cifra que fue variando según los técnicos municipales fueron afinando sus informes. En diciembre de 2025, por ejemplo, la multa subió a 8.378.421 euros.

El Ayuntamiento había detectado 9 incumplimientos por parte de Acciona y FCC. Lo más llamativo es la diferencia de jornadas de trabajo que tenían que realizar los operarios de la Unión Temporal de Empresas con las finalmente ejecutadas. El Consistorio recuerda que el “adjudicatario ofertó 2.000 jornadas de trabajo anuales” y que en enero de 2024 se detectaron que 726 jornadas no se habían trabajado. Trabajar menos horas de las previstas no es el único incumplimiento. La UTE se comprometió a aportar a la plantilla de vehículos un camión portacontenedores y a llevar a cabo un sistema de control de absentismo.

La documentación oficial de la sanción revela que la UTE aun tiene pendiente de facturar al Ayuntamiento 4,7 de los 28,4 millones del contrato y que cuando el Ayuntamiento finalizó el expediente sancionador, Acciona y FCC ya habían subsanado cuatro incumplimientos porque, “aunque tarde, ya están adscritos al servicio el camión portacontenedores, las instalaciones auxiliares, el sistema de control de calidad, y el sistema de control de absentismo”, irregularidades que sumaban 5.514.664 euros en penalizaciones.

“Si la imposición de penalidades es utilizada en la contratación administrativa solo como un medio coercitivo o de presión al contratista, que se aplica para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales; entonces la acción de la Administración precluirá tan pronto como desaparezca el incumplimiento del contratista”, explican desde el Consistorio. Dicho de otro modo: “como el contratista ya subsanado cuatro incumplimientos, y por ellos ya no se le podrá penalizar”, entonces a la sanción inicial de 7.311.125 euros habría que restarle la cantidad de 5.514.664 euros, resultando un importe de 1.796.460 euros.

No cumplieron pero cobraron

“Esto podría parecer razonable si no fuera por el hecho de que la UTE Coslada, conformada por FCC y Acciona, empresas de reconocido prestigio internacional, que están sobradamente capacitadas para prestar este servicio al Ayuntamiento de Coslada con unos estándares de calidad máximos, por las razones que fueren, durante largos periodos de la ejecución del contrato, no cumplieron con sus obligaciones y, sin embargo, cobraron por sus servicios íntegra y puntualmente; lo que nos lleva a explorar la naturaleza de finalidad resarcitoria que también la imposición de penalidades tiene", matizan desde el Ayuntamiento.

Es decir, que desde el Gobierno local entieden que no se debe imponer la sanción más alta “como si la UTE nada hubiera subsanado”, pero que “se ha de encontrar una fórmula para que se actúe con proporcionalidad, no se ponga en peligro la ejecución de lo que resta del contrato (enero del 2027), no se comprometa el valor reputacional de las sociedades integrantes de la UTE y se resarza al municipio de Coslada de los efectivos incumplimientos que en este contrato se han producido”. Una decisión que ha elevado la sanción definitiva a 2.274.975 euros, el 20% de lo que el Ayuntamiento pagó la UTE en los años 2023 y 2024.

La Comisión Informativa de Servicios a la Ciudad, donde están todos los grupos municipales, aprobó el pasado 30 de abril de 2026 esta multa de 2,2 millones de euros. La sanción se acordó con 23 votos a favor, y dos abstenciones. Tras pasar por la Comisión, la Junta de Gobierno la ratificó este 5 de mayo. Paco Becerra, portavoz del PP, señala que están de acuerdo con la imposición de penalidades propuesta “tras examinar los informes técnicos, que coincide con la percepción que hay en la ciudad sobre la eficacia del servicio. la UTE ha incumplido desde el inicio del contrato y esos incumplimientos han conllevado un déficit en el servicio que deben prestar”. Paz Garretas, de Más Madrid, recalca que “como partido ahora en la oposición hemos revisado y analizado todos los informes técnicos que acompañan ese expediente de penalización. Son solventes y acordes a ley, por lo que los cálculos de los importes de penalizaciones por incumplimiento de contrato que definitivamente se han impuesto son correctos”.

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