Bruselas pide a España eliminar la tarifa regulada de la luz: ocho millones de usuarios pagarán hasta 240 euros más al año

Bruselas ha iniciado la cuanta atrás para eliminar de los Estados miembros la tarifa regulada de la luz, con plazos acotados para avanzar hacia precios minoristas basados en el mercado. En su último informe sobre precios minoristas de electricidad, competencia efectiva y remuneración de la flexibilidad, la Comisión Europea señala directamente al mercado español.

En concreto, Bruselas ha indicado que España, junto con Francia, Hungría, Bulgaria, Lituania y Eslovaquia, han comunicado intervenciones en precios para hogares vulnerables o microempresas durante una fase de transición hacia los mercados libres. Para la Comisión, esta fijación de precios puede estar justificada para proteger a consumidores vulnerables, pero no deben convertirse en un elemento permanente.

Según el informe europeo, el 29% de los hogares españoles permanece dentro de la tarifa regulada, frente al 18% de Portugal, el 27,3% de Lituania, el 57% en Francia y el 63% en Polonia, algo que choca frontalmente con el artículo 5 de la Directiva eléctrica europea, que establece que los comercializadores deben ser libres para fijar el precio al que suministran la electricidad.

Para la Comisión, la tarifa regulada puede debilitar las señales de precio, reducir los incentivos a al eficiencia energética y perjudicar la competencia entre comercializadores. Por ello, han pedido a los países con precios intervenidos definir un polan de salida ordenado con hitos concretos, indicadores de avance, medidas para restringir la distorsión de precios, mayor transparencia en las señales de mercado y garantías de trato no discriminatorio entre los operadores.

Cómo afectará esto a los hogares de España

Pese a que no existe por el momento un calendario concreto para el traspaso de los usuarios de un mercado al otro, la petición sienta las bases de un cambio relevante en el modelo energético español, donde, actualmente, cerca de ocho millones de hogares se encuentran dentro de la tarifa regulada, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este traspaso de usuarios tendría un impacto directo en la factura eléctrica de millones de hogares. Así, un hogar medio, con un consumo de 290 KWh y el reparto habitual pro tramos, la tarifa regulada se sitúa actualmente en torno a los 51,67 euros al mes. Sin embargo, el mismo hogar, en una tarifa libre, con discriminación horaria, tendría una factura de 70,60 euros al mes, lo que implica un incremento de 18,93 euros de una tarifa a otra, según un cálculo realizado por Roams.

Si se toma como referencia una tarifa fija, el coste medio puede alcanzar los 71,91 euros al mes, lo que implicaría pagar 20,24 euros más cada mes frente al precio de la tarifa regulada (+39,2%). Fuera del papel, sesto supondría que una familia que se encuentra a día de hoy en el mercado regulado tendría que asumir un sobrecoste de 20 euros mensuales.

Además, la desaparición progresiva de la tarifa regulada se suma al endurecimiento de los requisitos financieros a las comercializadoras, lo que podría elevar las barreras de entrada y favorecer a los grandes operadores frente a las compañías independientes. “El reto será diseñar una salida progresiva donde la protección al consumidor vulnerable se articule a través de ayudas directas, como el bono social, evitando que esta transición deje desprotegidos a quienes tienen menor capacidad de gestión”, ha indicado Sergio Soto, experto en energía de Roams.

Segú el experto, con esta medida “estamos asistiendo a una bancarización regulatoria del sector”, por lo que exigir estrategias de cobertura financiera y test de estrés será “clave para evitar quiebras como las de 2021 y 2022″. Aunque, señala, estas exigencias “también expulsarán a comercializadoras independientes más pequeñas y favorecerán a las grandes eléctricas integradas”.

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