Madrid, 14 abr (EFE).- El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha defendido este martes que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminada hoy no obliga a España a hacer fijos los contratos temporales del sector público.
El Ministerio reacciona así a la sentencia del TJUE, que no se pronuncia sobre si España está obligada a hacer fijos a los interinos, pero señala que transformarlos en "indefinidos no fijos" no resulta suficiente para corregir los abusos que supone encadenar contratos temporales durante años.
"El TJUE lo que ha dicho es que España tiene que hacer más para evitar abusar de la figura del trabajador temporal, pero no obliga a hacerlo de una manera u otra", señalan en una nota remitida a los medios.
"La sentencia del TJUE, conocida hoy, es meramente aclaratoria: no afecta a la normativa nacional ni impone sanción de ningún tipo", inciden.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado, añade Función Pública, que el acuerdo marco (directiva europea) no impone a los Estados miembros una obligación general de transformar en contratos por tiempo indefinido los contratos temporales.
"Ante este fallo el Gobierno de España reitera su firme compromiso con la reducción de la temporalidad entre los empleados de la Administración pública y recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional es contraria a hacer fijos a trabajadores temporales sin que saquen esta plaza en una oposición abierta a todo el mundo", concluyen.
En el fallo publicado este martes, el TJUE responde a las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo, que buscaba claridad por parte de la Justicia europea para dilucidar si era obligatorio para España convertir a los interinos en trabajadores fijos para subsanar una situación de abuso por el encadenamiento de contratos temporales.
España tiene unos 627 millones de euros del fondo de recuperación bloqueados después de que dos sentencias del TJUE emitidas en febrero y julio de 2024 ya dictaminasen que no hay medidas efectivas para sancionar la concatenación abusiva de contratos temporales con la Administración pública. EFE
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