Un diputado de Sumar, citado a declarar como imputado ante el Supremo por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos

El Tribunal Supremo ha citado para el próximo 15 de junio al diputado de Sumar-En Comú Podem en el Congreso Félix Alonso Cantorné en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la adjudicación de contratos durante su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona), cargo que desempeñó entre 2011 y 2019. La decisión se enmarca en la causa abierta por la Sala de lo Penal tras apreciar indicios de posibles irregularidades en la contratación municipal.

El magistrado instructor Vicente Magro Servet ha acordado, mediante un auto fechado el 3 de junio, que Alonso comparezca ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo a las 9.30 horas, asistido de letrado y con las advertencias legales correspondientes. La resolución ordena además la citación de doce testigos que declararán de forma sucesiva a partir de las 10.00 horas. Entre ellos figuran un inspector y un sargento de los Mossos d’Esquadra, así como dos representantes de la Oficina Antifraude de Cataluña.

La decisión judicial llega después de que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal acordara el pasado mes de abril abrir una causa contra el parlamentario tras recibir una exposición razonada remitida por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de El Vendrell, órgano que venía investigando los hechos en diligencias previas. La condición de aforado de Alonso como diputado obligó a trasladar el asunto al Tribunal Supremo para continuar la investigación.

Contrataciones bajo sospecha

Según la información conocida hasta ahora, el procedimiento gira en torno a la contratación realizada por el Ayuntamiento de Altafulla durante los años en los que Alonso estuvo al frente de la alcaldía. Los investigadores tratan de determinar si diversos contratos fueron adjudicados sin ajustarse a los procedimientos legalmente establecidos y si se recurrió de manera indebida a la figura del contrato menor para evitar los mecanismos ordinarios de concurrencia pública.

En el auto por el que se abrió la causa, los magistrados señalaron que existen indicios de que el entonces alcalde habría acudido de forma reiterada a la contratación mediante contratos menores. Según la Sala, esta fórmula habría servido presuntamente para eludir los requisitos de publicidad exigidos por la normativa de contratación pública y permitir adjudicaciones directas.

Los jueces sostuvieron que Alonso, “presumiblemente, para dar apariencia de legalidad y sabiendo que no lo era”, habría utilizado una dinámica de contratación basada en esa modalidad contractual. A juicio del tribunal, este mecanismo posibilitaba la elección directa de las empresas adjudicatarias y evitaba acudir a procedimientos de contratación que garantizan la concurrencia y la transparencia.

La Sala de lo Penal apuntó además que, en algunos casos, incluso podría no haberse seguido procedimiento alguno para la adjudicación de determinados servicios. Por ello, consideró que existen indicios que, de forma inicial, permiten apreciar los elementos propios de un posible delito de prevaricación administrativa.

No obstante, los magistrados subrayaron que la investigación no queda limitada exclusivamente a ese ilícito penal. En la resolución que acordó la apertura de la causa advirtieron de que la supuesta dinámica irregular de contratación habría ido acompañada de un sistema de facturación utilizado para efectuar los pagos correspondientes a los servicios prestados.

Declaraciones de testigos y documentación incorporada

El auto firmado por Vicente Magro tiene como finalidad impulsar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos recogidos en la exposición razonada remitida desde El Vendrell. Para ello, además de la comparecencia del diputado, se ha acordado la declaración de una docena de testigos vinculados de una u otra forma a la investigación.

Entre las personas llamadas a declarar figuran Miguel Ángel Pigem de las Heras, Joan Herrera Torres, Judit Liguerre Casals, María Luisa Méndez Vigo, Salvador Milà Solsona, Joan Ignaci Elena García, Berta Ramos Unceta-Barrencea y Francisco de Sales Salinas y Álvarez. También han sido citados un inspector identificado con el número profesional TIP 7642 de los Mossos d’Esquadra y un sargento con TIP 18962 del mismo cuerpo policial, además de Natalia Rodríguez Pérez y Josep Maria Agulló Trullos, ambos pertenecientes a la Oficina Antifraude de Cataluña.

La resolución judicial incorpora igualmente a la causa las actuaciones desarrolladas hasta ahora por el órgano judicial de origen. En concreto, el Supremo da por integradas en las diligencias las investigaciones ya practicadas, así como la documentación e informes que formaban parte del procedimiento remitido desde el Tribunal de Instancia de El Vendrell.

Los magistrados ya señalaron al abrir la investigación que el objetivo de las nuevas diligencias es confirmar, ampliar o, en su caso, descartar los indicios apreciados hasta el momento. La comparecencia del diputado y las declaraciones testificales previstas para el 15 de junio constituyen los primeros pasos procesales dentro de la instrucción que ahora dirige directamente el Tribunal Supremo por la condición de aforado de Alonso. Mientras tanto, la investigación continúa centrada en esclarecer si las contrataciones realizadas durante su mandato al frente del Ayuntamiento de Altafulla se ajustaron o no a la legalidad administrativa vigente y si las posibles irregularidades detectadas tienen relevancia penal.