Así son las pensiones del Vaticano: jubilación entre los 67 y 72 años, sanidad gratuita y un sistema en números rojos

La próxima visita del papa León XIV a España, prevista entre el 6 y el 12 de junio, ha vuelto a poner el foco sobre el Vaticano. Más allá de su papel religioso y diplomático, la Santa Sede cuenta con un sistema propio de protección social y pensiones que, pese a haber sido considerado durante décadas como uno de los más sólidos y estables, atraviesa actualmente importantes dificultades financieras.

El Estado de la Ciudad del Vaticano, el país más pequeño del planeta con apenas 0,44 kilómetros cuadrados y menos de 900 habitantes censados, gestiona un sistema previsional que da cobertura a cerca de 5.000 trabajadores, entre religiosos, miembros del clero y empleados laicos que desarrollan su actividad en distintas instituciones vaticanas.

Sin embargo, detrás de esa aparente estabilidad se esconde un desafío cada vez mayor: garantizar el pago de las futuras pensiones en un contexto de envejecimiento de la población, aumento de la esperanza de vida y limitadas fuentes de ingresos.

Una de las edades de jubilación más altas del mundo

Uno de los aspectos más llamativos del sistema de pensiones vaticano es la edad exigida para acceder a la jubilación. Mientras que los trabajadores laicos pueden retirarse a los 67 años, los religiosos y miembros del clero deben esperar hasta los 72 años para acceder a la pensión ordinaria. Se trata de una de las edades de jubilación más elevadas del mundo.

Además, para tener derecho a una prestación es necesario acreditar al menos 20 años de servicio efectivo. En el caso de quienes desean acogerse a una jubilación anticipada voluntaria, la exigencia es aún mayor: haber completado 38 años de trabajo.

El sistema establece un máximo de 40 años cotizados para calcular la prestación, independientemente de que el trabajador haya permanecido más tiempo en activo.

Cómo se calcula la pensión

A diferencia de otros países que han evolucionado hacia modelos mixtos o de contribución definida, el Vaticano mantiene un sistema de prestación definida. Esto significa que el importe de la pensión está garantizado y depende fundamentalmente de los años trabajados y del salario percibido al final de la carrera profesional, señalan fuentes de BBVA.

La fórmula combina dos componentes. Por un lado, una parte vinculada al salario base y, por otro, un mecanismo corrector destinado a preservar el poder adquisitivo frente a la inflación. En términos prácticos, un trabajador que haya acumulado 40 años de servicio puede llegar a percibir una pensión equivalente al 80% de su último sueldo regulador.

Además, el sistema contempla una pensión mínima garantizada gracias a un convenio bilateral con Italia. Si la prestación vaticana no alcanza el umbral considerado suficiente, el sistema italiano complementa la cuantía hasta llegar al mínimo establecido.

Sanidad, farmacia y cobertura familiar

Las ventajas para los jubilados del Vaticano van mucho más allá de la pensión mensual. Los pensionistas mantienen el acceso al Fondo de Asistencia Sanitaria, que cubre consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, hospitalización y medicamentos. En muchos casos, los tratamientos farmacéuticos pueden obtenerse gratuitamente a través de la farmacia vaticana.

Además, la cobertura puede extenderse a cónyuges e hijos, incluso hasta los 26 años cuando continúan estudiando. A ello se suma la posibilidad de que viudas, viudos y huérfanos mantengan derechos económicos mediante las pensiones de reversibilidad.

El gran problema: un déficit millonario

Pese a sus ventajas, el sistema se enfrenta a una realidad cada vez más complicada. Diversas estimaciones sitúan el déficit acumulado del fondo de pensiones vaticano en torno a los 2.000 millones de euros, una cifra especialmente elevada si se compara con el presupuesto anual de la Santa Sede, que ronda los 1.200 millones.

Los expertos de BBVA señalan varios factores detrás de este desequilibrio. Por un lado, el número de pensionistas aumenta más rápido que el de trabajadores en activo, una situación similar a la que viven muchos países occidentales, aunque agravada por las particulares características demográficas de la Curia.

Por otro, el Vaticano carece de herramientas habituales de financiación que sí poseen otros Estados. No puede recaudar impuestos de sus ciudadanos ni emitir deuda pública para financiar sus compromisos futuros.

Sus ingresos dependen principalmente de las donaciones internacionales, los rendimientos de su patrimonio inmobiliario y financiero y la actividad turística vinculada a los Museos Vaticanos.

Bajada de sueldo a los cardenales, más cotizaciones y reformas

Ante esta situación, la Santa Sede ha puesto en marcha un amplio plan de ajuste para intentar garantizar la viabilidad del sistema. Entre las medidas adoptadas figura la reducción salarial del 10% aplicada a los cardenales, la eliminación de determinados beneficios históricos relacionados con viviendas subsidiadas y el endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación. También se han incrementado progresivamente las cotizaciones hasta alcanzar el 26% de la retribución imponible total en 2026.

Paralelamente, el Vaticano ha reforzado la gestión profesional de sus inversiones a través del Instituto para las Obras de Religión, conocido popularmente como el Banco Vaticano, con el objetivo de mejorar la rentabilidad de los activos destinados a financiar las futuras prestaciones.

Sin embargo, las reformas podrían no haber terminado. Entre las medidas que estudia actualmente la Santa Sede figuran nuevas limitaciones en la revalorización de las pensiones y la posible revisión de algunos beneficios históricos.

Todo ello refleja un reto que trasciende las fronteras del pequeño Estado pontificio: cómo sostener los sistemas de pensiones en una sociedad cada vez más envejecida. Un desafío que afecta tanto al Vaticano como a buena parte de Europa.