Militares piden integrar a las asociaciones profesionales en el proceso para declarar la profesión como de riesgo

La Asociación de Tropa y Marinería (ATME) ha solicitado al Ministerio de Defensa la creación de una comisión de trabajo que permita a las asociaciones profesionales participar en el procedimiento para declarar la carrera militar como profesión de riesgo.

En un comunicado, ATME ha denunciado que el departamento que dirige Margarita Robles aún no ha convocado a las asociaciones militares en el marco del trámite para la declaración de la carrera militar como profesión de riesgo, que comenzó a finales de marzo, "ignorando su papel representativo y manteniendo una ausencia de interlocución que resulta difícil de justificar" en un proceso que prevén "largo".

Además, vaticina que "requerirá múltiples pasos administrativos y normativos", por lo que entienden que "no puede desarrollarse si la participación activa y continuada" de las asociaciones que precisamente representan al colectivo "afectado" y pueden "aportar observaciones esenciales para garantizar que el resultado final sea justo y coherente con la realidad" de la profesión. La comisión de trabajo permitiría a la profesión recibir información oficial y periódica sobre el avance del proyecto, alegan.

La asociación militar advierte de "inquietud" y "preocupación" en el seno de las Fuerzas Armadas tras el anuncio del Ministerio de Defensa, especialmente entre quienes pertenecen o han pertenecido al régimen de clases pasivas, que podrían quedar excluidos pese a asumir "idénticos riesgos y responsabilidades".

ATME subraya que el reconocimiento no puede limitarse únicamente al personal actualmente en servicio y cree "imprescindible" que incluya a los que tienen que abandonar las Fuerzas Armadas "debido al modelo de temporalidad que impera", particularmente en la escala de tropa y marinería.

"Miles de militares que sirvieron durante años en beneficio de la nación y de sus ciudadanos no pueden quedar relegados ni olvidados en un proceso que precisamente pretende reconocer el riesgo inherente a su profesión, su tiempo de servicio, su aportación y las condiciones en las que desempeñaron sus funciones deben ser tenidas en cuenta con pleno derecho", señalan.

"La transparencia y el diálogo institucional no pueden limitarse a anuncios unilaterales, sino que deben articularse mediante espacios de trabajo que permitan un seguimiento real y documentado del proceso", concluyen.