
El juez José Luis Calama, responsable de la investigación en la Audiencia Nacional sobre el caso Plus Ultra, decidió ampliar un mes el secreto de sumario en la causa que examina el uso de fondos de rescate otorgados a la aerolínea durante la pandemia y posibles delitos relacionados con el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela en distintos países. Según informó Europa Press con información avanzada por 'El Mundo', la detención de un hombre vinculado al caso tuvo lugar en la isla caribeña de Aruba como resultado de una orden internacional de arresto.
Tal como publicó 'El Mundo' y confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press, el arrestado sería, según el periódico, el empresario Luis Felipe Baca, quien estaría implicado en las investigaciones judiciales en torno al destino de 53 millones de euros concedidos por el Gobierno español a Plus Ultra. Estos recursos habrían sido otorgados a través de una resolución del Consejo de Ministros en marzo de 2021, dentro del paquete de ayudas por la crisis sanitaria.
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De acuerdo con Europa Press, la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción sostiene que los fondos otorgados a la compañía no se habrían destinado íntegramente a salvar la viabilidad de la aerolínea, sino que parte del dinero “se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras” vinculadas a una estructura societaria bajo sospecha de ser parte de una trama delictiva. Además, el caso incluye indagaciones sobre presuntas operaciones para el blanqueo de fondos públicos y de oro originarios de Venezuela.
El proceso judicial mantiene restringida la información por decisión del instructor, quien en fechas recientes ordenó mantener el secreto de las actuaciones durante al menos un mes más, según comunicó Europa Press. Esta decisión busca garantizar la integridad de la investigación y preservar pruebas susceptibles de ser incorporadas a la causa en curso. Las pesquisas de la Audiencia Nacional giran en torno a la posible utilización ilícita del rescate financiero, así como la existencia de un entramado internacional dedicado a la ocultación y movimiento de capitales sospechosos.
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Dentro del marco de las actuaciones judiciales sobre Plus Ultra, el pasado mes de diciembre fueron detenidos el presidente de la aerolínea, Julio Martínez; el consejero delegado, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez. Dichas detenciones estuvieron vinculadas a los indicios surgidos en el expediente sobre el empleo de los fondos públicos, posibles irregularidades en la gestión económica y la eventual relación con otras entidades investigadas como parte de la red.
El caso Plus Ultra, que desde su origen ha estado bajo el foco del control de la Fiscalía Anticorrupción, surgió a partir de una denuncia en la que se señalaba el presunto “uso indebido” de los millones de euros recibidos por la aerolínea tras la resolución del ejecutivo español. Este rescate público pretendía servir para garantizar la continuidad de la compañía ante la fuerte caída de actividad por la emergencia sanitaria, pero las investigaciones apuntan a que habría existido un desvío de recursos hacia finalidades ajenas a dicho propósito.
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Según reportó Europa Press, el instructor también dirige los esfuerzos judiciales a esclarecer operaciones asociadas con el supuesto blanqueo de capitales y oro de procedencia venezolana, lo que amplía el alcance internacional de la investigación y la colaboración judicial entre distintos países, como Aruba, donde se ejecutó la última detención formal relacionada con el caso.
Las actuaciones continúan bajo estricta reserva en virtud del secreto de sumario vigente, con nuevas diligencias previstas en función de la evolución de la investigación y de los resultados obtenidos tras el análisis de documentación, flujos financieros y relaciones societarias entre los implicados, según detalló Europa Press.
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