El TSJCM confirma la condena por prevaricación del exalcalde de Quintanar del Rey (Cuenca), Martín Cebrián

El tribunal ha determinado que la condena al exalcalde Martín Cebrián se basó en pruebas lo suficientemente sólidas y en una valoración que consideró clara y acorde con la legalidad, según el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que ratificó la inhabilitación impuesta por la Audiencia Provincial de Cuenca. De acuerdo con información publicada por Europa Press, la sentencia responde a un recurso presentado por la defensa del exdirigente socialista, quien enfrentaba una condena de nueve años sin posibilidad de ejercer cargos públicos tras ser declarado culpable de prevaricación administrativa en aplicación del artículo 404 del Código Penal.

En su apelación, la defensa de Martín Cebrián alegó vulneración de las garantías procesales, ausencia de motivación en la sentencia original y falta de correspondencia entre los hechos probados y la fundamentación de la condena, detalló Europa Press. El recurso también incluyó la denuncia de un supuesto error en la valoración de las pruebas y cuestionó la falta de especificación del empleo objeto de la inhabilitación en la resolución. A pesar de estas alegaciones, el TSJCM consideró que no existió modificación de los hechos recogidos previamente en la sentencia impugnada y valoró que el fallo de la Audiencia presentaba una motivación adecuada, así como un análisis claro de la conclusión probatoria, superando los cuestionamientos planteados en la apelación.

El caso por el que fue condenado el exalcalde de Quintanar del Rey, en la provincia de Cuenca, se remonta a la formalización de un contrato por un importe de 75.151,89 euros para acometer la adaptación del pabellón Santa Lucía como Auditorio. Según el medio Europa Press, la resolución judicial consideró probado que Cebrián “ocultó” que ya había autorizado de manera verbal al contratista ciertas modificaciones sugeridas antes de firmar el contrato, tras una visita previa. Este punto resultó determinante para la condena por prevaricación administrativa, al considerarse una alteración del procedimiento en la adjudicación de obras públicas.

El proceso judicial se inició tras la presentación de una querella por parte de José Talaya, quien en ese momento ejercía como portavoz del Partido Popular. Europa Press informa que, tras la confirmación de la sentencia condenatoria, Talaya manifestó que los hechos probados superan lo que podría entenderse como una mera irregularidad formal en la contratación pública y los calificó como un acto grave contrario a la normativa.

La resolución del TSJCM cierra la vía autonómica para recurrir la condena de Martín Cebrián, pero abre la opción de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según precisó Europa Press. Aunque la sentencia que desestima el recurso no impuso costas a las partes, mantiene la sanción principal de inhabilitación especial para ocupar empleo o cargo público durante nueve años, conforme al fallo inicial de la Audiencia Provincial de Cuenca.

Durante el procedimiento, la defensa argumentó, entre otras cuestiones, que la sentencia no especificaba el puesto exacto afectado por la inhabilitación ni desarrollaba suficientemente los fundamentos para la condena, publicó Europa Press. Sin embargo, los magistrados del TSJCM descartaron tales argumentos, al señalar que la motivación resultaba suficiente y el fallo se correspondía con los hechos acreditados a través de la instrucción y las pruebas practicadas. El tribunal precisó además que el análisis probatorio se llevó a cabo de forma detallada y conforme al resultado de las pruebas, por lo que no cabía apreciar la infracción de los derechos procesales alegada por la defensa.

Este caso de prevaricación llega en medio de un contexto de vigilancia sobre la gestión de contratos públicos en distintas administraciones, y según consignó Europa Press, el tribunal consideró que el proceder de Cebrián constituyó una alteración relevante de los procedimientos legales al adjudicar un contrato tras autorizar previamente cambios sin comunicación ni constancia formal, lo que constituyó la conducta sancionada en la condena.

El exalcalde, quien encabezó el municipio por el Partido Socialista, se enfrenta ahora a la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo la inhabilitación impuesta judicialmente, en una causa que Europa Press describió como relevante para la jurisprudencia en materia de control de la adjudicación de contratos públicos y la exigencia de responsabilidades a los cargos públicos en el ejercicio de sus funciones.