Seis años de internamiento en régimen cerrado al menor acusado de asesinar a otro en Isla Mayor (Sevilla)

El juez consideró probado el daño moral y las lesiones psíquicas provocadas en los padres y el hermano de la víctima, señalando en la sentencia que la cuantificación del sufrimiento causada por los hechos delictivos resulta imposible, aunque estableció una indemnización de 310.000 euros como compensación a la familia. Tal como reportó Europa Press, la resolución judicial determinó esta cantidad tras analizar el impacto directo y natural de la pérdida sufrida por los familiares, y declaró que ningún resarcimiento económico puede llegar a reparar de forma plena el dolor generado por la agresión y posterior fallecimiento del joven de diecisiete años.

Según publicó Europa Press, el fallo corresponde al proceso de enjuiciamiento de un menor de quince años de edad, quien fue hallado culpable por el asesinato de otro menor y por cometer un delito continuado de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa con utilización de arma blanca. Los hechos ocurrieron en Isla Mayor, una localidad de la provincia de Sevilla, durante la madrugada del 2 de julio de 2025, luego de que ambos adolescentes entablaran contacto en una pedanía de este municipio. De acuerdo con la sentencia consultada por Europa Press, el encuentro entre el agresor y la víctima, originario de La Puebla del Río, se dio tras una infracción de tráfico por parte del segundo.

El joven condenado pidió a la víctima que le entregara su ciclomotor, requerimiento que rechazó el propietario. Tras recibir una respuesta negativa, el menor procedió a mostrar una navaja cerca de la rueda delantera del vehículo, simulando que la pincharía. A pesar de ello, el joven agredido logró alejarse en dirección a una parada de autobús con su moto. El magistrado describe en su fallo que el agresor, insatisfecho y afectado en su orgullo por no haber obtenido lo que pretendía, solicitó a un amigo ser trasladado en su patinete eléctrico hasta la ubicación de la víctima, expresando claramente su intención de matarlo y robarle sus pertenencias.

De acuerdo con Europa Press, tras llegar a la mencionada parada, el ataque se produjo de forma directa. El menor agredió a la víctima para apoderarse de los objetos de valor que llevaba consigo, iniciando un forcejeo. En el transcurso de esa confrontación, y con el propósito de causar la muerte, el acusado asestó hasta cuatro puñaladas con la navaja al otro joven. La víctima intentó huir en su moto después del ataque, aunque terminó desplomándose a escasa distancia. El joven logró comunicarse mediante una llamada de emergencia al 061 a las 00:27 horas, informando agonizante que le habían apuñalado y pidiendo asistencia médica urgente. Poco después falleció a consecuencia de una hemorragia aguda causada por una herida en el hemitórax izquierdo.

El fallo judicial consultado por Europa Press señala que, tras el apuñalamiento, el menor responsable se dirigió a su domicilio, cruzándose en el camino con su grupo de amigos. Estos testigos afirmaron en el juicio que vieron al joven portando una navaja manchada de sangre mientras manifestaba abiertamente haber cometido el apuñalamiento.

En su sentencia, el magistrado valoró la gravedad de los delitos, así como las circunstancias personales, sociales, educativas y familiares del condenado, destacando una personalidad con rasgos de agresividad y peligrosidad social. La resolución mencionó, según publica Europa Press, que el menor era conocido por su implicación en hechos delictivos anteriores y por exhibir reiteradamente armas blancas, incluso dentro de su círculo cercano.

El juez argumentó la imposición de una medida privativa de libertad de seis años en régimen cerrado, complementada por tres años más de libertad vigilada con asistencia educativa. La decisión de la Sección de Menores número 3 del Tribunal de Instancia de Sevilla, como detalló Europa Press, se ajusta a las solicitudes tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación particular. El juez añadió que "ni un día más porque la ley no lo permite, ni uno menos por las circunstancias antes expresadas", enfatizando la necesidad de que el joven asuma la responsabilidad de sus acciones para permitir su posible reintegración social futura mediante la intervención educativa, terapéutica y laboral dentro del periodo de la medida.

El fallo contempla además que los padres del menor condenado responden solidariamente a la indemnización civil, una disposición justificada porque, según la sentencia recogida por Europa Press, el sufrimiento causado a la familia del fallecido resulta evidente e incalculable, y aunque ninguna suma puede sustituir la pérdida ni reparar completamente el daño moral y psíquico, existe la obligación legal de cubrirlo económicamente.

Durante el proceso judicial, que incluyó audiencias celebradas los días 24 y 27 de febrero y el 6 de marzo, el tribunal escuchó tanto el relato de los hechos por los testigos como los informes policiales. Estos documentos subrayaron el comportamiento reiterado del menor en la ostentación de armas blancas, llegando incluso a utilizarlas para intimidar a su propio entorno. Según consignó Europa Press, uno de sus amigos declaró en juicio que el joven le puso la navaja en el cuello en dos ocasiones distintas.

El magistrado, basándose en la dinámica de los hechos y en la peligrosidad observada, sostuvo que la medida de internamiento responde tanto a la prevención de reiteración delictiva como a la protección de la sociedad. A esto se suma la consideración de que el propio interés del menor pasa por asumir la responsabilidad de los hechos y participar en el programa de intervención educativa previsto durante el cumplimiento de la medida.

La sentencia del tribunal sevillano, según detalló Europa Press, atribuye una valoración rigurosa a la proporcionalidad entre las medidas impuestas y la gravedad de los delitos cometidos. El asesinato de un menor y el intento de robo con violencia mediante arma punzante, ambos calificados penalmente con suma gravedad, motivaron la imposición de las sanciones máximas prescritas por la legislación aplicable a menores de edad.