Koldo pide su libertad antes del juicio por las mascarillas y que declare después de Aldama

La defensa de Koldo García, exasesor ministerial implicado en el caso sobre supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia, reclama que su cliente pueda declarar una vez lo haya hecho Víctor de Aldama, considerado por la acusación como intermediario clave en la trama. Además, la letrada sostiene que el estado físico y mental de su defendido podría verse comprometido por los desplazamientos diarios desde el centro penitenciario hasta el Tribunal Supremo, afectando su participación en el juicio y el desarrollo de la defensa. Según informó Europa Press, la abogada de García ha formalizado una petición ante el Supremo para que se autorice la salida del exasesor de prisión antes de que inicie la vista oral el próximo 7 de abril.

Europa Press detalló que la representante legal de García, Leticia de la Hoz, propone que se le permita a su cliente preparar su defensa en libertad, o bien bajo medidas cautelares alternativas consideradas menos severas. Entre las condiciones sugeridas se incluyen la presentación periódica ante un juzgado, la retirada del pasaporte o la colocación de dispositivos de geolocalización, con el objetivo de asegurar la localización constante del procesado y descartar cualquier peligro de fuga. De la Hoz argumenta que el arraigo social y familiar de García hace inviable su evasión, considerando tanto sus vínculos familiares como la condición de dependencia de su madre y su supuesta disposición a colaborar desde el inicio del proceso penal.

En el escrito dirigido a la Sala de lo Penal del Supremo, se señala que los trayectos entre el reclusorio y la sede judicial pueden provocar en García un agotamiento físico y cognitivo incompatible con el correcto ejercicio de su derecho a la defensa. La defensa advierte que la fatiga acumulada impediría a su cliente prestar atención adecuada a la práctica probatoria ni asistir de manera eficaz a su abogada durante la fase de interrogatorios. De ese modo, sostiene que se produciría una situación de “indefensión de facto” que, en opinión de la letrada, únicamente se evitaría permitiendo que el exasesor prepare las sesiones desde el domicilio familiar.

En la causa penal, serán juzgados García, José Luis Ábalos—exministro de Transportes—y el propio Víctor de Aldama, todos ellos señalados como presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, pertenencia a organización criminal, utilización de información privilegiada, falsedad documental y prevaricación, conforme consigna Europa Press. La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para García, y 7 años para Aldama, quien ha admitido los hechos que se le imputan. Por otro lado, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan la petición de condena hasta los 30 años para el exministro y el exasesor, igualando las exigencias para Aldama a la pena que plantea el Ministerio Público.

La defensa de García también solicita que se modifique el turno de intervención de los acusados, solicitando explícitamente que su representado declare después de Aldama. En el escrito presentado al Supremo, De la Hoz recurre a la figura del “ornitorrinco procesal” para describir la situación de Aldama, aludiendo a que, si bien mantiene el estatus formal de procesado, su conducta en el proceso equipara sus acciones a las de un acusador respecto de otros coimputados. La abogada manifiesta que esta ambigüedad procesal puede generar situaciones de indefensión para su cliente, reforzando la necesidad de conocer el contenido completo de la declaración de Aldama antes de emitir la propia.

Entre las peticiones elevadas al tribunal por la defensa de García figura también la solicitud de permitir que el exasesor se siente junto a su abogada durante el desarrollo del juicio, y no en el banquillo reservado para los acusados. De la Hoz alega que, dadas las sesiones programadas tanto en horario de mañana (a partir de las 10:00 horas) como de tarde (desde las 15:30 horas), la complejidad de la vista exige una comunicación continua e inmediata entre el acusado y su representante para aclarar dudas durante los interrogatorios a testigos y peritos.

Según indicó Europa Press, la fase preliminar del proceso —un anticipo que tuvo lugar en febrero—, culminó con la negativa del tribunal a las peticiones de nulidad presentadas por las defensas. La Sala de lo Penal del Supremo decidió mantener la competencia para celebrar el juicio, y definió un vasto listado de más de setenta y cinco testigos admitidos para declarar a lo largo de las sesiones.

Entre quienes comparecerán como testigos figuran varios cargos y ex altos funcionarios, entre ellos el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol; ambos ejercían como presidentes autonómicos de Canarias y Baleares, respectivamente, en el momento en que sus gobiernos adjudicaron contratos a la empresa que está en el centro del caso. La lista se amplía a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera—quien permanece investigada por el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional—, el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez y el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. También han sido citados el exgerente del PSOE Mariano Moreno, así como antiguos jefes de gabinete, expresidentes de entidades públicas como Renfe, Correos y Puertos del Estado, además de empresarios, allegados y familiares de los acusados.

En cuanto a otros altos cargos políticos, Europa Press reportó que el tribunal rechazó la comparecencia como testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente de la Generalitat y exministro de Sanidad, Salvador Illa; y la exministra de Industria Reyes Maroto, argumentando que no guardan relación directa con el objeto de la causa.

El caso se sitúa en el contexto de una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos adjudicados durante la crisis sanitaria, con especial atención a la implicación de figuras políticas y empresariales de primer nivel. Las resoluciones sobre las peticiones de la defensa de García todavía no se han hecho públicas, mientras la vista oral se mantiene programada para iniciar a comienzos de abril.