El Supremo fija el 28 de abril la declaración de Ábalos, Koldo y Aldama en el juicio por las mascarillas

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha designado el 28 de abril como fecha clave en el juicio sobre presuntas irregularidades durante la adquisición de mascarillas, citando como acusados al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. De acuerdo con Europa Press, el proceso judicial contempla la comparecencia de altos cargos públicos, familiares de los implicados y decenas de testigos relacionados con la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria.

Según ha detallado el medio Europa Press, el calendario del juicio prevé que la vista oral comience el 7 de abril a las 10.00 horas y concluya el 30 del mismo mes, tras la presentación de los informes finales por parte de las partes y la práctica de la prueba documental. Además, el tribunal ha anunciado que deja sin efecto la sesión originalmente prevista para el 16 de abril por motivos institucionales, lo que acorta el proceso a 13 sesiones a lo largo de abril.

Durante el juicio, que se celebrará en el Salón de Plenos del Supremo, se prevé la declaración de más de 75 testigos. Entre los primeros llamados para el 7 de abril figuran el hijo de Ábalos, el hermano de Koldo García y uno de los socios de Víctor de Aldama, así como otras personas del círculo personal y profesional de los acusados. Europa Press ha indicado que la agenda de comparecencias suma cargos actuales y anteriores de la administración pública, relevantes en las decisiones investigadas, así como directivos vinculados a las empresas adjudicatarias.

El tribunal ha citado, para el 22 de abril a las 15.30 horas, al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quienes en el momento de los hechos ejercían como presidentes de los gobiernos de Canarias y Baleares, respectivamente. Estos territorios aparecen entre los que otorgaron contratos a la empresa considerada epicentro de la supuesta trama irregular. Se encuentran también en el listado de testigos admitidos por el tribunal la presidenta del Tribunal de Cuentas Enriqueta Chicano, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera —investigada en una causa paralela en la Audiencia Nacional sobre el denominado ‘caso Koldo’— y el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez, además de otros altos cargos y exresponsables de empresas públicas como Renfe, Correos y Puertos del Estado.

El viernes pasado, Europa Press recogió una diligencia del Supremo en la que se enfatizaba la prioridad de esta causa, ya que dos de los procesados, Ábalos y García, se encuentran en prisión preventiva desde noviembre por riesgo de fuga identificado por el instructor. La acusación formal que pesará sobre los tres principales implicados incluye los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, integración en organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

En este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 años y seis meses para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama, quien ha admitido los hechos que se le atribuyen. Por otro lado, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, solicitan una condena de 30 años de reclusión tanto para Ábalos como para García, mientras que para Aldama su petición iguala la del Ministerio Público.

El juicio será escenificado a lo largo de trece sesiones donde, además de los implicados y testigos, se examinarán documentos relevantes para esclarecer las condiciones de contratación durante la pandemia. Se prevé que las audiencias permitan analizar en profundidad el funcionamiento interno de la supuesta red y la posible connivencia entre responsables políticos, asesores y empresarios, según han especificado las fuentes judiciales recogidas por Europa Press.

El Supremo espera que la culminación del proceso permita definir responsabilidades sobre las presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos durante la pandemia. Las decisiones que adopte el tribunal tras la presentación de pruebas y alegatos finales determinarán el alcance de las sanciones para los procesados en una de las causas más relevantes surgidas de la emergencia sanitaria, según proyecta Europa Press.