Ábalos pide como Koldo juzgar en la AN el 'caso mascarillas' para evitar duplicidad con el Supremo

La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos sostiene que en la investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia existen solapamientos entre los procedimientos que se siguen en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, situación que, según manifestó su abogado Marino Turiel, podría generar vulneraciones procesales. En el escrito remitido a la Sala de lo Penal del Supremo y difundido por el propio exministro en sus redes sociales, la defensa apuntó que recientemente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó informes según los cuales continúan las pesquisas sobre Ábalos, aunque formalmente la instrucción se refiere a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Con este argumento, solicitaron que la causa sea remitida íntegramente a la Audiencia Nacional, a fin de evitar una duplicidad de procedimientos y preservar las garantías procesales, según consignó el medio.

De acuerdo con lo presentado por Marino Turiel ante el Supremo, el reciente informe de la UCO expuso que, pese a que la investigación oficialmente apunta hacia Pardo de Vera, Ábalos sigue formando parte de las diligencias en curso. El abogado sostiene que el punto clave radica en que el objeto de investigación es el mismo: la contratación de mascarillas cuando Ábalos ocupaba la cartera de Transportes. Este hecho, según argumenta la defensa y reportó el medio, avala la existencia de una identidad entre el objeto de las pesquisas realizadas tanto en el alto tribunal como en la Audiencia Nacional.

En el documento, Turiel plantea dos escenarios posibles. Uno sería que la investigación se desarrolló de forma paralela al proceso principal, algo que para la defensa carecería de fundamento legal. La segunda alternativa consistiría en que la instrucción original se cerró de manera apresurada o inadecuada, lo cual —explica la defensa— derivó en la decisión de prisión provisional para Koldo García y otros investigados, situación que afecta directamente a los derechos procesales de los encausados. Según publicó el medio, el abogado también señaló que podría estar transcurriendo una instrucción paralela en la Audiencia Nacional sobre los mismos hechos y las mismas personas.

Ante esta coincidencia, la defensa de Ábalos afirmó la conveniencia de paralizar la tramitación actual para regresar a la fase de instrucción previa, subrayando que la información contenida en el informe de la UCO involucra hechos relevantes y personas cuyos roles, estima, debieron formar parte de una misma causa judicial. De acuerdo con lo consignado, Turiel dio a entender que mientras esos hechos no se analicen conjuntamente, la continuidad de dos procesos en paralelo pone en entredicho el desarrollo legal del caso.

En este contexto, Marino Turiel reclamó que el Supremo transfiera la causa a la Audiencia Nacional si se confirma la existencia de hechos y personas investigadas iguales en ambas jurisdicciones, reportó el medio. Según argumentó el abogado, tanto la causa ante el Supremo como la de la Audiencia Nacional investiga a las mismas personas, por hechos que se ubican en el mismo periodo y en torno a los supuestos pagos de dádivas atribuidos a Víctor de Aldama. La defensa resaltó que este panorama exige tramitarlo como una sola causa, ya que considera que no resulta procedente diferenciar el enjuiciamiento de unos mismos hechos y actores en procesos separados.

El comunicado presentado al Supremo incluye también la adhesión de Ábalos al escrito promovido por la defensa de Koldo García, exasesor del Ministerio de Transportes, quien interpuso una cuestión de competencia para que el juicio se realice únicamente en la Audiencia Nacional. Según publicó el medio, García y su abogado denunciaron una supuesta vulneración del principio "non bis in idem", que impide que una persona sea procesada dos veces por los mismos hechos. De acuerdo con el contenido del escrito, el tribunal ya habría incoado juicio contra Ábalos y García por los mismos delitos que la Audiencia Nacional estaría investigando de forma paralela, lo que pone en riesgo la validez procesal de ambas instrucciones.

Durante la vista celebrada el pasado mes de febrero, la representación legal de Koldo García ya había solicitado formalmente la remisión de la causa a la Audiencia Nacional, argumentando que allí se instruyen exactamente los mismos hechos y el mismo periodo temporal. Sobre esta base, la defensa de Ábalos enfatizó la necesidad de centralizar las investigaciones para evitar fragmentaciones procesales.

El informe de la UCO, según detalló el medio, incluyó un análisis de los intercambios de mensajes entre Isabel Pardo de Vera y Koldo García previos a la adjudicación del contrato de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, situada en el centro de la presunta trama. La UCO concluyó que esos mensajes permiten inferir que García intervino directamente en el proceso de selección, facilitando que la adjudicación se formalizara a través de Pardo de Vera. La defensa de Ábalos subrayó que tales datos reafirman la existencia de coincidencias entre los investigados y las acciones por las que ambos tribunales han abierto causa.

Por otra parte, el escrito presentado ante el Supremo contiene una crítica de los abogados en relación con una posible “selección arbitraria” de los investigados en la presente causa, dado que, según argumentan, la instrucción se centra solo en algunos funcionarios, dejando fuera a otros actores que habrían tenido papel relevante en las adjudicaciones, de acuerdo con el informe de la UCO. El equipo de defensa señaló que esta dinámica podría sugerir un intento de evitar la imputación de diversos funcionarios que participaron en los contratos cuestionados.

A la preocupación por el solapamiento procesal, la defensa de Ábalos sumó una queja formal sobre la falta de devolución de dispositivos electrónicos y teléfonos que fueron incautados a los investigados. Turiel expuso que la no restitución dificulta el ejercicio del derecho de defensa, más aún cuando dichos dispositivos —según reportó el medio— han sido objeto de una amplia cobertura mediática por parte de diferentes plataformas de noticias.

En el escrito remitido al Supremo, la defensa finalizó solicitando que el alto tribunal se abstenga de continuar la tramitación del caso y transfiera la competencia a la Audiencia Nacional. Además, reclamó que se permita declarar a nuevos investigados y que se restituyan los dispositivos incautados, al considerar que estas medidas resultan imprescindibles para garantizar el derecho de defensa y la unidad de criterio en el enjuiciamiento de los hechos que rodean la contratación de mascarillas en pandemia.