Belarra será juzgada el 23 de junio por llamar "corrupto" y prevaricador al exmagistrado García Castellón

Al materializarse la incorporación de nuevas pruebas solicitadas por la defensa y admitirse la declaración testifical del propio Manuel García Castellón, el proceso legal en curso contra Ione Belarra toma un rumbo relevante en el Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid. Según detalló Europa Press, el próximo 23 de junio se celebrará el juicio motivado por la demanda interpuesta por el exmagistrado de la Audiencia Nacional, quien reclama una compensación económica de 240.000 euros tras haber sido calificado de “corrupto” y prevaricador por la dirigente de Podemos.

Durante la audiencia previa celebrada este martes, el asunto no quedó visto para sentencia debido a que Belarra presentó una solicitud para que García Castellón compareciera como testigo y añadió un conjunto de nuevas pruebas documentales. De acuerdo con lo informado por Europa Press, la secretaria general de Podemos entregó en papel una selección de noticias, entrevistas y publicaciones pertinentes al antiguo juez, compiladas después de la publicación de su libro ‘Habla, para que se conozca: Del caso Banesto al Procés’. Además, la defensa de Belarra pidió al tribunal que reclamara a la Audiencia Nacional documentación relacionada con causas instruidas por García Castellón que guarden vínculo con la formación política morada.

Estas peticiones se formularon pese a la oposición de la Fiscalía, que se posicionó a favor de los argumentos de García Castellón y consideró innecesarias las nuevas pruebas. A pesar de la postura del Ministerio Fiscal, el juez instructor aceptó la testifical solicitada y fijó la fecha para la vista oral el 23 de junio a las 12:00 horas, tal como publicó Europa Press.

El origen de esta disputa judicial se remonta a las manifestaciones de Belarra en redes sociales, donde calificó a García Castellón como “corrupto” y prevaricador. El exmagistrado, tras recibir estas acusaciones, interpuso una demanda inicialmente por 120.000 euros de indemnización. Posteriormente, tras conocer que la líder de Podemos ratificó sus afirmaciones una vez que García Castellón inició las acciones legales, el importe reclamado se duplicó hasta alcanzar los 240.000 euros.

García Castellón alegó en su denuncia que las expresiones utilizadas por la dirigente de Podemos no respondían a un interés general legítimo y las consideró vejatorias y carentes de justificación. En el argumentario legal remitido al juzgado, el antiguo magistrado citó la doctrina del Tribunal Constitucional relativa al alcance y los límites de la libertad de expresión, aludiendo a que esta “no es ilimitada”, en palabras recogidas por Europa Press.

Por otro lado, según consignó Europa Press, Belarra sostuvo públicamente que la demanda debía ser desestimada por el Tribunal Supremo, pues considera que las expresiones empleadas forman parte del ejercicio parlamentario propio de su actividad como diputada y amparadas por su libertad de valorar actuaciones de funcionarios públicos, en este caso, García Castellón.

El Ministerio Público, por su parte, respaldó la postura del exmagistrado, calificando los términos de Belarra ante sus redes sociales de “claramente ofensivos e innecesarios”. No obstante, la Fiscalía propuso que la indemnización exigida por García Castellón se redujera a 20.000 euros.

Según reportó Europa Press, en abril, el Tribunal Supremo organizó una audiencia previa para analizar si correspondía la condición de aforada de Belarra, en caso de que las declaraciones fueran emitidas en calidad de diputada, lo que conllevaría la competencia del Supremo, o si debían considerarse como realizadas a título personal, en cuyo caso la jurisdicción recaía en un juzgado civil ordinario. El presidente de la Sala de lo Civil, Ignacio Sancho, otorgó diez días a las partes para que presentaran sus valoraciones sobre el carácter institucional o privado de las manifestaciones.

García Castellón defendió ante el Tribunal Supremo que este órgano debía evaluar el caso, ya que Belarra formuló las declaraciones “desde su posición institucional como representante de la soberanía nacional y con el propósito de influir en el debate público”. Finalmente, el Supremo resolvió en junio que carecía de competencia para tramitar la causa y remitió a García Castellón a los juzgados de primera instancia.

De acuerdo con Europa Press, la investigación judicial ha incluido el requerimiento de nueva documentación a la Audiencia Nacional, así como la recopilación de publicaciones y entrevistas ligadas al antiguo magistrado, entre otros elementos enviados por la defensa de Belarra. Esta estrategia busca aportar contexto e información adicional ante el juez instructor del Juzgado Número 45 de Madrid.

El procedimiento contempla, además, la declaración testifical de García Castellón que la propia Belarra solicitó, lo que incorpora al proceso la perspectiva personal del exjuez sobre las acusaciones vertidas contra él y su impacto.

El juicio, cuya fecha ha quedado fijada tras la audiencia de este martes, abordará tanto la petición económica formulada por García Castellón como los argumentos de defensa de Belarra, en un contexto donde están en debate los límites de la libertad de expresión y la protección legal frente a manifestaciones públicas relativas a la actuación de funcionarios de alto nivel.