El PP apela al Tribunal de Cuentas para que no se abonen subvenciones a Bildu por incluir etarras en sus listas

Las declaraciones firmadas previamente a la proclamación de candidaturas, donde los postulantes de Bildu expusieron su rechazo a la violencia, resultaron clave para que el Ministerio del Interior considerara cumplido el requisito legal que exige la renuncia a la violencia para recibir subvenciones electorales, según detalló Europa Press. De este modo, el Ministerio comunicó al Tribunal de Cuentas que había adoptado las medidas necesarias para el pago de las ayudas públicas a la coalición abertzale, correspondientes a las elecciones municipales de mayo de 2023, cuya cuantía se aproximó a 1,3 millones de euros.

El debate sobre la asignación de estas subvenciones recobró notoriedad después de que el Partido Popular solicitara nuevamente al Tribunal de Cuentas bloquear el abono de dichos fondos a Bildu, alegando la inclusión de condenados por terrorismo en sus listas electorales. De acuerdo con la información de Europa Press, la controversia data de hace casi un año, cuando el Pleno del Tribunal discutía la aprobación de un informe y cuatro consejeros, propuestos en su día por el PP, señalaron que la formación vasca había presentado en sus listas a veintitrés personas con antecedentes por delitos relacionados con terrorismo. Dichos consejeros apelaron al artículo 127.4 de la Ley Electoral, el cual prohíbe subvencionas a partidos que incluyan personas condenadas por terrorismo, salvo que "hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados".

Estos consejeros, según recogió Europa Press, manifestaron en un voto particular que el Tribunal de Cuentas debía garantizar que quienes habían sido condenados ratificaran su rechazo a la violencia antes de permitir el abono de las ayudas. No obstante, la mayoría del Pleno, bajo la presidencia de Enriqueta Chicano, entendió que corresponde al Ministerio del Interior certificar el cumplimiento de ese requisito y no al órgano fiscalizador, responsabilidad de la Dirección de Política Interior del ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska.

Cuando el Ministerio del Interior pidió aclaraciones a Bildu sobre la inclusión de condenados por pertenencia o colaboración con ETA, la formación nacionalista presentó declaraciones individuales firmadas por todas las personas señaladas en la relación enviada por el Tribunal de Cuentas. Esos documentos, fechados antes de la proclamación de candidaturas, incluían un texto donde se afirmaba textualmente: “Como desarrollo de los principios y valores del Código Ético firmado, donde por un lado el diálogo, la negociación y el acuerdo son la base de cualquier método de trabajo y, por otro, el máximo respeto mutuo es la base entre quienes conforman la comunidad de EH Bildu así como con el resto de la ciudadanía, declaro que, hago mías las bases ideológicas y objetivos políticos de EH Bildu, rechazando con ello cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos”, según publicó Europa Press.

A la vista de esta documentación, el Ministerio del Interior concluyó que Bildu había cumplido los requisitos y procedió a autorizar el pago de las subvenciones referidas, informando al Tribunal de Cuentas sobre las medidas adoptadas al respecto. Sin embargo, el Partido Popular no aceptó la validez de los escritos firmados por los candidatos y consideró que el Tribunal de Cuentas debía haber expresado "al menos dudas razonables" sobre la presencia de personas con antecedentes por terrorismo en las listas de la formación, aunque la decisión final sobre el abono correspondiera a Interior.

En ese contexto, el PP promovió la aprobación de una resolución en la Comisión Mixta del Congreso y el Senado, respaldada también por Vox, que exigía una fiscalización específica de los fondos adelantados a EH Bildu como ingresos de las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. Frente a la falta de novedades en la agenda del Tribunal de Cuentas respecto a la elaboración de ese informe, el PP elevó la protesta a la Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta, donde se acordó reiterar la resolución demandando al fiscalizador el inicio de la revisión.

La dirigente popular Cuca Gamarra expresó su descontento en la red social X: “Es gravísimo que el Tribunal de Cuentas pretenda saltarse la ley y no cumplir el requerimiento del Parlamento de completar la fiscalización de las subvenciones por las elecciones municipales, dando luz verde a las ayudas para una formación como Bildu, que ha llevado a condenados por terrorismo en sus listas, quienes, además, no se arrepienten de los delitos cometidos". Según Europa Press, desde el PP se sostiene que no cabe desobedecer un requerimiento parlamentario de fiscalización avalado por el propio Parlamento.

Mientras tanto, la postura ratificada de la mayoría del Pleno del Tribunal de Cuentas es que la verificación sobre la renuncia expresa a la violencia por parte de los candidatos corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior, que ya determinó la legalidad de los pagos tras examinar y dar por válidas las declaraciones individuales remitidas por la formación política.

La demanda del PP de detener el desembolso de fondos públicos a Bildu ha centrado parte del debate político sobre el alcance de los mecanismos de control en la concesión de subvenciones estatales y la responsabilidad de las instituciones implicadas, tal como reportó Europa Press. Las críticas populares insisten en poner bajo revisión los procedimientos de fiscalización cuando existen dudas sobre la composición de las candidaturas beneficiarias, mientras que el Ministerio y el Tribunal de Cuentas mantienen sus actuales marcos de actuaciones asignadas por ley.