El Ministerio Público solicitó para Aurelio Abreu y el exsecretario municipal de Buenavista del Norte ocho años de inhabilitación para ocupar empleo o cargo público por supuestas irregularidades cometidas durante el proceso de contratación de un geriátrico en el municipio. Según Europa Press, la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife destacó que el entonces alcalde y vicepresidente del Cabildo, junto al exsecretario-interventor, habrían eludido la normativa legal en materia de contratación administrativa, permitiendo la adjudicación y el pago de fondos públicos sin cumplir los principios requeridos por ley.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife inició este martes, desde las 9:30 horas, el juicio contra Aurelio Abreu. El caso incluye acusaciones por presunta prevaricación administrativa en relación con la adjudicación de la redacción del proyecto a un estudio de arquitectura. Tal como recoge Europa Press, el informe del Ministerio Fiscal especificó que ese contrato tenía un valor de 162.000 euros, aunque finalmente se suscribió por un importe de 270.000 euros, repartidos entre la realización del proyecto básico y de ejecución (180.000 euros) y la dirección de obra (90.000 euros). Del total pactado, el ayuntamiento transfirió 160.000 euros al estudio adjudicatario.
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Según la acusación de Fiscalía, ese procedimiento se realizó “con la clamorosa y deliberada elusión de la normativa en materia de contratación administrativa”. Europa Press comunicó que el Ministerio Público considera que Abreu, debido a sus funciones y experiencia, “no podía desconocer” tales irregularidades. El documento legal también señala que el secretario-interventor municipal incurrió en “incumplimiento deliberado” de las normas del sector público al no advertir la ilegalidad de los pagos, vulnerando además los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia de los procesos y no discriminación en la administración.
Europa Press concretó que la Fiscalía calificó los hechos dentro de los presuntos delitos de prevaricación administrativa activa y omisiva, por la conducta de los responsables municipales tanto en la tramitación como al omitir sus obligaciones de advertir o corregir las anomalías detectadas.
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En la solicitud de penas se incluye, además de la inhabilitación mencionada para ambos acusados, que las costas del proceso judicial se repartan por partes iguales entre Abreu y el exsecretario municipal de Buenavista del Norte, según la misma fuente.
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