El PSOE pide que la consejera de Familia de Madrid y Ruiz Escudero testifiquen en una de las causas de residencias

La petición del PSOE de ampliar la investigación penal a “todas aquellas autoridades, funcionarios o particulares que pudieran resultar responsables” por la gestión en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante los meses más críticos de la pandemia marca un nuevo capítulo en el análisis judicial sobre los protocolos empleados. Según publicó Europa Press, esta iniciativa judicial se sustenta en la personación del partido como acusación popular ante los juzgados de Valdemoro, dentro del procedimiento que examina las consecuencias de las decisiones tomadas por funcionarios y responsables autonómicos al principio de la crisis sanitaria.

El medio Europa Press detalló que la solicitud presentada por el PSOE requiere que comparezcan ante el juez tanto la actual consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, que durante la emergencia ejerció como viceconsejera de Asistencia Sanitaria, como el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. Esta causa, según reportó el citado medio, examina si se produjo una denegación continuada de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios, basándose en lo dispuesto en el artículo 511 del Código Penal español.

De acuerdo con la información facilitada por Europa Press, entre los funcionarios que ya figuran como investigados en el procedimiento se encuentran Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sociosanitaria de la región, y Javier Peromingo, coordinador de los geriatras responsables de los protocolos y, posteriormente, su sucesor. Además, el PSOE ha solicitado que declaren como presuntos autores de estos protocolos a Antonio Burgueño, exasesor sanitario, y a la geriatra María Teresa Vidán.

Europa Press informó que la investigación judicial se centra en los fallecimientos en residencias de mayores y centros de personas con discapacidad ocurridos después de la aplicación de los protocolos emanados de la Comunidad de Madrid en los primeros meses de la pandemia. El PSOE sostiene que los hechos bajo examen podrían revestir no solo la tipificación de denegación de asistencia, sino también los delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro.

El partido, tal como consignó Europa Press, también apoya su personación en el procedimiento en virtud del artículo 125 de la Constitución Española, que permite la acción popular ante delitos de posible interés general. El PSOE recuerda, según plasma en su escrito ante el juzgado, que ya interviene como acusación popular en otros procesos judiciales vinculados con la gestión de las residencias durante la pandemia en la misma comunidad.

La relación de testigos y comparecientes solicitados por el PSOE incluye a Begoña Cortés, exdirectora general de Atención al Mayor, así como a representantes de entidades empresariales y asociaciones del sector de la discapacidad. También pide la comparecencia de organizaciones especializadas, como Médicos Sin Fronteras y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. El partido considera relevante que se obtenga testimonio de estos actores para esclarecer tanto la elaboración como la ejecución de los protocolos de derivación.

Dentro de las diligencias solicitadas, Europa Press precisó que el PSOE reclama al juzgado que ordene a la Consejería de Sanidad entregar copia completa del expediente administrativo relacionado con los protocolos, así como todas las comunicaciones internas entre los departamentos implicados. También pidió la incorporación de audios y transcripciones de llamadas telefónicas que familiares de residentes realizaron al teléfono de emergencias durante los meses de marzo y abril de 2020, además de correos electrónicos de altos cargos sanitarios vinculados a la gestión en residencias y al uso del hospital de Ifema.

Europa Press señaló que el escrito del PSOE insiste en que la causa posee especial relevancia social al estar relacionada con decisiones de autoridades públicas que pudieron afectar a grupos especialmente vulnerables durante el periodo inicial de la crisis sanitaria. Según el partido, estos hechos ameritan una exhaustiva investigación judicial por parte de los órganos competentes.

El procedimiento judicial abierto en el juzgado de Valdemoro continúa recopilando documentación y testimonios, mientras el listado de investigados podría ampliarse en función de las nuevas diligencias solicitadas, entre las que se encuentran testimonios de responsables políticos, técnicos y especialistas en atención gerontológica. De acuerdo con Europa Press, la instrucción todavía no ha señalado una fecha para la comparecencia de los citados, a la espera de que el juzgado decida sobre todas las solicitudes presentadas por el PSOE.

El análisis sobre la gestión de las residencias de mayores y centros de personas con discapacidad en Madrid se encuentra en el centro de este proceso penal, con el foco puesto en el modo en que se aplicaron los protocolos de derivación de residentes durante la emergencia sanitaria y las posibles repercusiones de estas decisiones en la salud y la vida de quienes residían en dichos centros.