El juez del 'caso Leire' expulsa de la causa al exjuez García Castellón y a Aldama al no considerarles perjudicados

El juez Arturo Zamarriego ha sugerido que quienes sostienen haber sido perjudicados por actuaciones vinculadas a la exmilitante socialista Leire Díez deberán interponer una querella si desean que se investigue ese posible daño, y además les ha ofrecido la opción de actuar como acusación popular, según informó Europa Press. Esta resolución afecta al magistrado jubilado Manuel García Castellón y al empresario Víctor de Aldama, quienes habían sido admitidos en noviembre como acusaciones particulares en el procedimiento conocido como 'caso Leire Díez', tras considerarse que podían figurar como víctimas de las presuntas maniobras investigadas.

De acuerdo con Europa Press, tanto García Castellón como Aldama ya no forman parte de la causa en calidad de acusaciones particulares, tras resolución del juez Zamarriego en la investigación sobre Leire Díez. Según el auto recogido por este medio, el magistrado expuso que los solicitantes no cumplen los requisitos para ser considerados víctimas directas, por lo que les ha denegado esa figura procesal. El expediente instruido examina si Díez lideraba una trama para obtener información reservada o irregular desde la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, con el propósito de interferir en investigaciones en curso sobre asuntos de relevancia política y empresarial.

El instructor consideró, según detalló Europa Press, que la pretensión de la defensa de Aldama se sustentaba en la posible revelación de secretos que podría haberle afectado, pero concluyó que los hechos atribuidos al empresario no guardan relación directa con los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias que motivaron la apertura de la causa principal. Por ello, el magistrado determinó que la pretensión de Aldama no correspondía a los hechos investigados y, en consecuencia, no podía contar con la condición de perjudicado en este contexto.

En el caso de García Castellón, el juez examinó su escrito de personación, señalando que no incluía hechos concretos que sustentaran su condición de afectado, más allá de mencionar supuestas informaciones difamatorias atribuidas a Díez. Añadió que de las alegaciones de García Castellón se desprende un posible menoscabo a su honor, lo que, en caso de proceder, correspondería al ámbito del delito de injurias y quedaría fuera del objeto del procedimiento actual, según publicó Europa Press.

El medio también informó que, tras esta resolución, el expediente mantiene su foco exclusivamente en la investigación acerca de la supuesta organización delictiva liderada por Leire Díez, que habría intentado recopilar o manipular información sensible sobre mandos policiales y fiscales. El objetivo, de acuerdo con las pesquisas recogidas en el auto judicial, consistía en obstaculizar o distorsionar causas judiciales que implican a figuras relevantes del ámbito político y empresarial.

Además, Europa Press consignó que, de forma paralela, el juez Zamarriego estimó el recurso presentado por la defensa de Díez y desestimó la inhibición promovida por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Badajoz. Esto implicó que las actuaciones retornasen a ese juzgado de Badajoz, dado que el magistrado Zamarriego consideró que no tenía competencia para conocer ese asunto concreto.

El origen de esta derivación se relaciona con la querella presentada por la organización Hazte Oír, que señalaba a la exmilitante socialista y al exjuez Luis Sáez de Tejada por presuntos delitos de revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias, según informó Europa Press. Hazte Oír, en su acusación, señaló que ambos intentaron obstaculizar el caso que se instruye contra el hermano de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, indicando que habría existido un interés específico por apartar a la jueza Beatriz Biedma del estudio de esa causa.

El desarrollo del caso, según el medio, ha implicado una revisión de la legitimación de las partes que buscaban intervenir como acusación particular, así como una clarificación de la competencia entre juzgados en diferentes jurisdicciones. El expediente original busca esclarecer supuestas prácticas organizadas para acceder irregularmente a información judicial y, en consecuencia, afectar los procedimientos en curso de la justicia española, con potencial impacto en diversas investigaciones vinculadas a figuras del ámbito político y empresarial.