Sociedad Civil Española acusa a Sánchez ante la Comisión Europea de "presionar y condicionar" las decisiones judiciales

Las críticas al presidente del Gobierno han llegado hasta Bruselas, donde representantes de Sociedad Civil Española solicitaron al comisario europeo Michael McGrath que intervenga ante lo que consideran presiones dirigidas a influir en fallos de instancias judiciales europeas. En una carta remitida a la Comisión Europea, y presentada en rueda de prensa, los portavoces de la plataforma advirtieron sobre la actuación de Pedro Sánchez respecto a la Ley de Amnistía, señalando intentos de condicionar, tanto a los tribunales nacionales, como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según publicó el medio que dio a conocer la misiva y los detalles del acto, la asociación recalca que las acciones del Ejecutivo español afectan la independencia judicial y solicitan una revisión del dictamen emitido por el Abogado General de la UE en noviembre pasado.

De acuerdo con la información recopilada, durante la comparecencia ante los medios, los portavoces de Sociedad Civil Española —el exdiputado Marcos de Quinto, el exvicepresidente del Parlamento Europeo Alejo Vidal Quadras y Amalio de Marichalar— hicieron pública la carta enviada a Bruselas en la que exponen su rechazo a la Ley de Amnistía y plantean sus preocupaciones ante las instancias europeas. En el documento, piden al Comisario de Democracia, Estado de Derecho y Protección al Consumidor que actúe ante lo que describen como una tendencia reiterada del Gobierno español a “mediatizar” y condicionar tanto el trabajo de los jueces nacionales como de los europeos en asuntos relevantes como la mencionada norma.

El medio que dio cobertura señaló que uno de los objetivos es contrarrestar, en palabras de Vidal Quadras, el impacto de la presión ejercida por Pedro Sánchez desde su rol en el Ejecutivo. Los miembros de la plataforma pusieron como ejemplo las declaraciones realizadas por el presidente al finalizar el año político, cuando sostuvo que la ley de amnistía "es legítima y está dando resultados". Para los representantes de Sociedad Civil Española, estas afirmaciones constituyen un intento por anticipar el desenlace de la decisión judicial, presentando así la norma como válida antes de que lo dictamine el propio TJUE.

Durante la conferencia, Marcos de Quinto puntualizó que la costumbre de Sánchez de pronunciarse sobre la futura orientación de los veredictos judiciales repercute negativamente en la percepción de independencia de la justicia española. Reprochó además que tales manifestaciones oficiales buscan influir sobre los magistrados tanto en el ámbito nacional como en el europeo, y solicitó que se tomaran medidas para evitar que hechos de este tipo se repitan en el marco comunitario.

En la carta enviada a Michael McGrath, la asociación pidió de manera expresa que el Comisario emplee todos los recursos disponibles para que se reconsidere el dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emitido en noviembre. Ese dictamen descartó que la Ley de Amnistía respondiera a una “autoamnistía”, que estuviera en conflicto con el derecho europeo sobre la lucha antiterrorista o que afectara intereses económicos de la Unión Europea. Los firmantes del escrito exponen su desacuerdo con los argumentos presentados por el Abogado General, y sostienen que éstos tienen un carácter político antes que jurídico, según consignó el mismo medio.

La plataforma solicita además que McGrath dé traslado de la situación española a la totalidad de los jueces del tribunal, incluyendo a su presidente. Argumentan que la realidad española presenta lo que denominan como “una pesadilla” en cuanto al respeto del Estado de Derecho, reclamando la atención del máximo organismo jurídico de la Unión sobre la gravedad del contexto.

Entre otras declaraciones recogidas por el medio, Vidal Quadras planteó que una eventual negativa del tribunal luxemburgués a aprobar la amnistía por considerarla vulneradora del Estado de Derecho Europeo resultaría determinante para el futuro político de Pedro Sánchez, haciendo referencia a que, en sus palabras, “podría ser el último clavo de Sánchez”. Aunque matizó que si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegara a respaldar la norma, ellos interpretarían ese fallo como un signo de falta de imparcialidad en la justicia europea, considerando el asunto como un golpe fatal para el proyecto europeo, en coincidencia con lo expresado por Amalio de Marichalar, quien sostuvo que esa resolución supondría “el fin absoluto de Europa”.

Este episodio se da en el marco del debate sobre la Ley de Amnistía y el impacto de las declaraciones de miembros del Gobierno en la tramitación judicial de la norma. Sociedad Civil Española mantiene sus críticas y busca que la Comisión Europea asuma una posición activa ante la posible interferencia del Ejecutivo en la labor de los tribunales, tanto en territorio nacional como dentro del marco jurisdiccional de la Unión Europea.