Vox reta a Almeida a cumplir "promesas" y construir 23.000 viviendas hasta 2027 para evitar "expulsión" de madrileños

Javier Ortega Smith exige al alcalde medidas concretas en la capital, advirtiendo que miles de ciudadanos enfrentan obstáculos para acceder a un hogar y podrían verse forzados a dejar Madrid si no se impulsa la construcción de nuevos inmuebles

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Javier Ortega Smith cuestionó durante el Pleno de Cibeles la viabilidad del compromiso municipal de edificar 27.000 viviendas en Madrid para finales de 2027, planteando que solo se ha concluido el 15% de ese objetivo hasta la fecha, con alrededor de 4.000 inmuebles terminados. Según informó Europa Press, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento pidió medidas concretas al alcalde José Luis Martínez-Almeida para evitar que miles de ciudadanos se vean obligados a abandonar la capital ante las dificultades para acceder a una vivienda.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Ortega Smith sostuvo que el acceso a la vivienda en Madrid se ha convertido en un reto para jóvenes, familias y autónomos, quienes, según su análisis, quedan expuestos a la especulación inmobiliaria. En su intervención, criticó la gestión social en materia de vivienda del equipo de gobierno local, a la que señaló como insuficiente por contar con un presupuesto que consideró mínimo y por la falta de políticas eficaces.

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El portavoz de Vox apuntó de forma directa al alcalde, reclamando que cumpla las "promesas" electorales por las que se comprometió a la construcción de unas 23.000 viviendas adicionales a las ya existentes antes de 2027. Ortega Smith argumentó que la oferta actual y el ritmo de construcción son insuficientes y que, de no acelerarse, miles de madrileños podrían verse forzados a mudarse fuera de la ciudad porque no pueden “trabajar ni vivir” en ella.

Según resaltó Europa Press, Ortega Smith detalló que la solución no descansa en la propaganda ni en la demagogia, sino en adoptar decisiones estructurales como la ampliación del suelo público disponible, una rebaja significativa de los impuestos aplicados al sector y la eliminación de trabas administrativas en el proceso de edificación de nuevas viviendas. Consideró que estas medidas son fundamentales para incrementar la oferta y abaratar el acceso.

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Por otra parte, Ortega también enfatizó la necesidad de reforzar la seguridad jurídica para los propietarios, asegurando que cualquiera que disponga de una vivienda tenga la confianza suficiente para ponerla en el mercado sin temor a ocupaciones ilegales. Solicitó la asignación de un presupuesto específico y suficiente a la construcción de nuevos inmuebles que permita materializar los compromisos del gobierno municipal.

Durante el debate en el Pleno, Ortega Smith remarcó que el Ejecutivo local no puede apoyarse en lo que definió como “mentiras electorales" ni en la ausencia de voluntad política para responder a la problemática habitacional. "Los madrileños necesitamos soluciones", afirmó, según reportó Europa Press, instando a dejar de lado la política partidista y priorizar respuestas que frenen la salida de residentes por dificultades para establecerse en la ciudad.

El portavoz de Vox recalcó la urgencia de desbloquear proyectos y favorecer condiciones para que la oferta de vivienda pública crezca significativamente en los próximos años. Advirtió que, de permanecer el ritmo actual y sin cambios en la gestión, el escenario podría agravarse para un segmento importante de la población de la capital. Europa Press indicó que la postura de Ortega Smith exige también atención especial a la fiscalidad y a los procedimientos municipales, considerándolos obstáculos para la aceleración de los proyectos habitacionales.

La crítica de Vox hacia la política de vivienda en Madrid se centra en la supuesta discrepancia entre los compromisos asumidos por el equipo de Almeida y los avances realmente alcanzados según lo reflejado en los datos presentados ante el propio Pleno. Europa Press consignó que Ortega Smith insistió en la necesidad de pasar de las promesas al desarrollo efectivo de proyectos, y en dotar al proceso de transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos destinados a este fin.

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