La Fiscalía autoriza que García Ortiz entre en el Supremo al considerar que solo se le inhabilitó para fiscal general

La reincorporación de Álvaro García Ortiz al Ministerio Público en la Sección de lo Social del Tribunal Supremo ha recibido el visto bueno, con base en la interpretación de que la inhabilitación judicial solo le afectaba en el desempeño del puesto de fiscal general del Estado. Así lo confirmaron fuentes de la Fiscalía General, actualmente bajo la dirección de Teresa Peramato, a la agencia Europa Press. De acuerdo con Europa Press, la resolución judicial contra García Ortiz lo inhabilitó durante dos años específicamente para el cargo directivo que ocupaba, permitiendo su regreso a la carrera fiscal en otro destino sin extensiones automáticas de la sanción.

Europa Press detalló que la Fiscalía sustentó su decisión en la delimitación clara del fallo condenatorio, indicando que, conforme dicta la sentencia, la pena recaía de manera exclusiva sobre el puesto de fiscal general del Estado, sin perjuicio de su condición de fiscal de carrera ni implicaciones sobre otras responsabilidades en el ámbito fiscal. Las mismas fuentes del Ministerio Público explicaron que el Código Penal exige a los tribunales precisar en sus sentencias a qué empleos o cargos se refiere la inhabilitación, quedando descartada la posibilidad de interpretaciones amplias o automáticas de su alcance.

Este posicionamiento se fundamenta, según publicó Europa Press, en una sentencia previa del Tribunal Supremo, emitida en 2017, que establecía que los miembros de la carrera judicial o fiscal condenados por delitos dolosos únicamente perderán su condición si reciben penas privativas de libertad superiores a seis meses. La base legal citada corresponde al artículo 379.1.d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y al artículo 44, apartado 2, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Si la condena conlleva menos de seis meses de prisión, la pérdida de condición puede ser sustituida por una suspensión de hasta tres años, en función de la gravedad del delito, según decida de forma motivada el Consejo General del Poder Judicial o el fiscal general del Estado. Cuando la condena, como en el caso de García Ortiz, no implica privación de libertad, no procede la pérdida de la condición de fiscal.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, además de la inhabilitación especial por dos años para ejercer como fiscal general, la condena dictada por el Supremo incluyó una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros. La sentencia se dictó tras la acusación por revelación de secretos, relacionada con la filtración de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Europa Press añadió que los magistrados especificaron en la resolución que la inhabilitación impuesta se restringía de manera expresa a la función de fiscal general del Estado, remarcando que aplicar la medida a otros puestos sería desproporcionado. La sentencia dejó en manos de la propia Fiscalía General la determinación del nuevo destino profesional de García Ortiz tras el cumplimiento de la sanción orientada únicamente al cargo directivo.

García Ortiz renunció a su cargo de fiscal general del Estado el 24 de noviembre, después de conocerse el fallo judicial, con cese formal el 9 de diciembre. Según destacaron fuentes de la propia Fiscalía a Europa Press, el proceso de reincorporación a la Sección de lo Social del alto tribunal se realizó de acuerdo a la normativa estatutaria y eliminó su anterior estatus de servicios especiales, correspondiente al periodo como máximo responsable del Ministerio Fiscal.

Posteriormente, el Gobierno nombró a Teresa Peramato al frente de la Fiscalía General del Estado. Según recogió Europa Press, Peramato es reconocida como especialista en el área de violencia de género y asumió el cargo tras la salida de García Ortiz.

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