El Gobierno enmarca en "la esfera privada" el encuentro de Pilar Alegría con Salazar y evita hablar de las denuncias

Moncloa confirmó que utilizó el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo tras el caso Salazar, aplicando las medidas previstas por la normativa vigente. Según consignó Europa Press, el Gobierno también reafirmó su apoyo a las víctimas, destacando la importancia de respetar la intimidad y privacidad de las denunciantes como motivo para no hacer comentarios públicos sobre las gestiones internas o los procedimientos relativos a las denuncias vigentes.

La respuesta del Ejecutivo se centró en la defensa del carácter privado del encuentro entre Pilar Alegría y Paco Salazar, rechazando hacer valoraciones sobre actividades al margen de las competencias institucionales. De acuerdo con Europa Press, la ausencia de pronunciamientos oficiales sobre la reunión respondía a las preguntas escritas que el Partido Popular (PP) había remitido al Congreso, buscando aclarar tanto las circunstancias de la cita como la relación personal y profesional entre la exministra y Salazar, quien había sido cesado de sus cargos tras denuncias internas de acoso sexual.

Tal como detalló Europa Press, el Gobierno señaló que cualquier actividad inserta en la vida privada de los miembros del Ejecutivo queda fuera de sus atribuciones y, por tanto, fuera de su control político y administrativo. Esta línea argumental sirvió para responder no solo al encuentro en cuestión, sino también a otras cuestiones formuladas por el PP, referidas a la adecuación de la conducta de Alegría tras el incidente y al mantenimiento de la valoración hecha previamente sobre Salazar.

Luego de que se difundieran públicamente imágenes de la comida entre Alegría y Salazar, la portavoz gubernamental había esgrimido que la reunión formaba parte de la esfera personal de la exministra. Posteriormente, la propia Pilar Alegría admitió que dicho encuentro constituía un “error” y añadió que “no debería haberse producido”, expresando de forma explícita su respaldo y el del Gobierno a las mujeres denunciantes, según publicó Europa Press.

En la comunicación oficial, Moncloa evitó hacer referencias al contenido de la comida ni al estado de las denuncias. “Por el respeto debido al derecho a la intimidad de la o las denunciantes en el transcurso de los procedimientos que puedan estar sustanciándose, no procede realizar manifestación alguna por parte del Gobierno”, se recogió en el documento, según trasladó Europa Press.

El Ejecutivo optó por subrayar las políticas públicas y la legislación ya aplicadas en defensa de la igualdad y la protección frente a la violencia de género, citando la ley contra la violencia de género de 2004, la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 2007 y la ley sobre salud sexual y reproductiva de 2010. Según la cobertura de Europa Press, el Gobierno reiteró que el impulso y mantenimiento de estas normas constituye uno de los ejes de la acción ejecutiva en materia de igualdad.

El PP también interrogó al Gobierno sobre posibles vínculos contractuales con una consultora fundada por Salazar en Madrid o si existía alguna forma de asesoramiento no público entre el ex alto cargo y Moncloa, sugiriendo la posibilidad de que su salida formal de cargos no implicara un distanciamiento real del núcleo decisorio. A este respecto, el Ejecutivo, en respuesta recogida por Europa Press, se limitó a responder con un "no" sin aportar detalles adicionales sobre los extremos consultados.

En toda la contestación remitida al Congreso, el Gobierno rehusó pronunciarse sobre interpretaciones subjetivas, ni realizar análisis de la conducta de Alegría más allá de insistir en la vigencia de los protocolos internos y la protección de las denunciantes involucradas en el caso. Europa Press especificó que el Ejecutivo reafirmó su política de no injerencia en las actividades privadas de sus integrantes, refiriendo siempre la separación entre funciones públicas y actuaciones en el terreno personal.

Las preguntas del PP también plantearon la valoración del encuentro entre Alegría y Salazar en relación con las víctimas, y si la exministra aún consideraba a Salazar un “compañero íntegro”, cuestión a la que el Gobierno evitó dar respuesta específica. Según la información proporcionada por Europa Press, el Ejecutivo mantuvo una posición constante centrada en el respeto a los procedimientos y la confidencialidad, sin modificar su relato sobre los hechos o emitir consideraciones sobre cuestiones ajenas al ámbito institucional.

De este modo, la línea argumental de Moncloa recogida por Europa Press se sostuvo en todo momento sobre la necesidad de preservar tanto la privacidad de las partes implicadas como la autonomía de las acciones personales, desmarcando la actuación del Ejecutivo de cualquier tipo de juicio o valoración sobre asuntos privados y remitiendo a las normas y protocolos aplicables cuando estos tuvieran impacto en el ejercicio de las competencias oficiales.