La muerte de Esther López será objeto de juicio con jurado popular en 2026

La investigación indicó que, tras la muerte de Esther López, el principal sospechoso lavó el vehículo supuestamente implicado al día siguiente, y luego manipuló los sistemas electrónicos del coche para intentar eliminar datos relacionados con la noche de los hechos, según consignó Europa Press. Este punto figura como relevante en los escritos acusatorios porque permitió a los peritos reconstruir parte de la secuencia de movimientos que se atribuyen tanto a la víctima como al procesado. A partir de estas actuaciones, la causa pasará a juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Valladolid, en una vista preliminarmente prevista para 2026, conforme a la decisión establecida por la jueza instructora del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, según informó Europa Press.

De acuerdo con el medio Europa Press, la instrucción judicial formalizó la apertura del juicio oral tras rechazar la petición de sobreseimiento elevada por la defensa. Óscar S.M es el único procesado y afronta peticiones de prisión que difieren entre la Fiscalía y las acusaciones particulares: los familiares de la víctima reclaman penas de 39 y 33 años respectivamente, suma muy superior a la solicitud formulada por el Ministerio Público, que plantea 18 años de cárcel. La Fiscalía también exige una indemnización de 100.000 euros para cada uno de los progenitores y 80.000 euros destinados a la hermana de Esther López.

Las partes acusan a Óscar S.M de delitos que incluyen asesinato agravado de acuerdo con el artículo 139.1.1.º del Código Penal, alternativamente homicidio (artículo 138), detención ilegal, omisión del deber de socorro e infracciones contra la integridad moral, explicó Europa Press. La calificación jurídica de estos hechos y la concurrencia de agravantes como la alevosía forman parte del centro del debate judicial. Tanto el Ministerio Público como la familia de la joven sostienen que existen evidencias suficientes para sostener la acusación más grave.

Según los documentos procesales recogidos por Europa Press, la reconstrucción de los hechos se apoya en las últimas horas de la joven antes de su desaparición. Esther López y Óscar S.M, acompañados por varios amigos, pasaron la noche en bares de Traspinedo y finalizaron en el bar Castillo. La fiscalía sostiene que, después del cierre, ambos permanecieron en el vehículo del acusado. Esther manifestó que no quería volver a su casa debido al consumo de alcohol y otras sustancias, y el acusado le ofreció dormir en el domicilio familiar. En ese lugar se produjo una discusión, tras la cual la joven abandonó la vivienda caminando.

El relato acusatorio, según detalló Europa Press, señala que Óscar S.M siguió a Esther López en el Volkswagen T-Roc y, cuando ella se encontraba en las inmediaciones de la urbanización El Romeral, la embistió por detrás mientras conducía a aproximadamente 40 kilómetros por hora. El impacto se produjo principalmente en la zona del lado izquierdo del cuerpo y la parte trasera. Las hipótesis de la acusación apuntan a que el sospechoso actuó con la intención de provocar la muerte de la joven.

Los forenses citados por Europa Press determinaron que las heridas sufridas por Esther López, si bien graves, no fueron letales por sí solas, y la joven habría sobrevivido en caso de haber recibido atención médica inmediata. Los acusadores sostienen que el procesado no brindó auxilio ni alertó a emergencias, sino que dejó a la víctima herida hasta su fallecimiento. La causa fundamental del fallecimiento, según los especialistas y peritos médicos, corresponde a un shock multifactorial derivado del politraumatismo, la hipotermia y la presencia de alcohol y cocaína en el organismo, conforme consta en los informes incluidos en la causa y citados por Europa Press.

Una vez constatada la muerte, según la acusación, el sospechoso ocultó el cuerpo de Esther López y sus pertenencias en el maletero del coche. Luego, trasladó el cadáver hasta una cuneta cercana a Traspinedo, próxima a una señal de permitida la maniobra de adelantamiento. El hallazgo del cuerpo se produjo veintitrés días después de la desaparición, el 5 de febrero de 2022.

Otras actuaciones documentadas en la instrucción incluyen la limpieza del automóvil VW T-Roc y la manipulación de los sistemas informáticos a bordo, con el propósito de eliminar rastros digitales sobre los recorridos y actividades recientes. Europa Press informó que tales intentos resultaron incompletos, y los peritos lograron extraer datos que respaldan el itinerario reconstruido por la acusación.

La defensa, liderada por la abogada Ana Pérez, manifestó reiteradas objeciones en la audiencia preliminar sobre la consistencia y suficiencia de los indicios presentados. Según reportó Europa Press, la estrategia de la defensa se apoya en la solicitud de numerosas pruebas adicionales que consideran cruciales, entre las que destacan la necesidad de obtener imágenes a color de la autopsia conservadas por la Unidad Central Operativa (UCO), un informe sobre un segundo teléfono móvil de la víctima del que no existen registros suficientes, y diligencias para aclarar si el cuerpo permaneció todo el tiempo en el lugar donde se halló, debido a la actividad entomológica documentada.

El equipo jurídico de Óscar S.M ha pedido el acceso a más documentación y la práctica de nuevas diligencias periciales por considerar que pueden modificar la comprensión de los hechos. Entre los aspectos objeto de duda, la defensa cita el tiempo exacto que el cuerpo habría permanecido en la cuneta y la existencia de un segundo dispositivo móvil en poder de la víctima, como refiere Europa Press. También mantiene solicitada la sobreseimiento de la causa, argumentando falta de pruebas contundentes.

Mientras tanto, la fecha de inicio del juicio oral está pendiente de determinación, aunque Europa Press señaló que todo el proceso se llevará a cabo ante la Audiencia Provincial de Valladolid y su desarrollo correrá a cargo de un jurado popular. El caso ha despertado amplia repercusión en Traspinedo y en el entorno judicial de la provincia, alimentando el debate acerca de la calificación de los delitos y el alcance de las responsabilidades penales y civiles que podrían derivarse del resultado del juicio.

Con la investigación judicial en curso, Europa Press remarcó que la Fiscalía no modificó desde el inicio de la instrucción su petición de dieciocho años de prisión contra el acusado, mientras los representantes privados de la familia han mantenido sus propias solicitudes, muy superiores en términos de sanción penal. El avance procesal refuerza el interés mediático y mantiene la atención sobre los procedimientos pendientes, incluidos los nuevos análisis y la resolución de las pruebas reclamadas por la defensa.