España repatría a una mujer y un niño de un campo de desplazados en Siria en el que hay familiares de Estado Islámico

El Departamento de Estado estadounidense aportó datos sobre la situación en los campos de desplazados de Al Hol y Roj, donde permanecen cerca de 11.600 personas originarias de 70 países, según reportó Europa Press. De este grupo, aproximadamente 3.700 son nacionales de más de 30 estados europeos y una parte significante corresponde a menores de 12 años. Ante este contexto, el gobierno de España concretó la repatriación de una ciudadana española y un menor desde el campamento de Roj, situado en el noreste de Siria y bajo control de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). Esta operación, realizada con apoyo estadounidense y de las fuerzas locales, se efectuó el 25 de noviembre.

Europa Press publicó que el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoció la colaboración de España en estas repatriaciones y agradeció la cooperación de sus socios locales, las FDS, por la asistencia prestada para garantizar el éxito de la operación. En el mismo comunicado, el Departamento de Estado expresó: “Estados Unidos agradece a España que trabaje con nosotros para repatriar a sus nacionales y expresa su agradecimiento a nuestros socios locales, las FDS, por su asistencia en esta repatriación y su compromiso por garantizar una derrota duradera de Estado Islámico”.

Como indicaron fuentes diplomáticas a Europa Press, hasta el momento el gobierno español no ha divulgado la identidad concreta de la mujer ni del menor regresados, aunque se prevé que el niño sea hijo de la mujer repatriada. De acuerdo con el medio, esta acción representa la segunda ocasión en la que España realiza una repatriación de nacionales confinados en campos de desplazados en Siria tras la derrota territorial del autodenominado Estado Islámico.

En una repatriación previa, ocurrida en enero de 2023, las autoridades españolas devolvieron a Yolanda Martínez y Luna Fernández junto con varios menores, algunos de ellos hijos directos de las mismas. A su arribo a España, ambas mujeres fueron puestas bajo custodia policial y posteriormente presentadas ante la Audiencia Nacional, ya que habían contraído matrimonio con miembros del Estado Islámico y se habían adherido a los postulados del grupo, según relató Europa Press. Finalmente, a finales de abril, ambas aceptaron penas de tres años de prisión por delitos de integración en organización terrorista, beneficiándose de una reducción de condena debido a una confesión tardía. Además, asumieron una inhabilitación absoluta especial para desempeñar profesiones u oficios educativos por siete años, así como el sometimiento a libertad vigilada durante un periodo de cinco años, que contempla su inclusión en programas de desradicalización terrorista.

Desde el Departamento de Estado estadounidense enfatizaron en su comunicado, citado por Europa Press, que la repatriación, rehabilitación y posible rendición de cuentas de las personas que aún permanecen en los campos de desplazados constituye “la única solución duradera a los desafíos humanitarios y de seguridad en el noreste de Siria”. Esta región, donde se ubican los campos de Al Hol y Roj, está gestionada por la coalición de las FDS, liderada por milicias kurdas sirias con respaldo de Washington.

Europa Press detalló que la operación del 25 de noviembre fue posible gracias a la coordinación entre el gobierno español, Estados Unidos y las FDS, en medio de una política internacional que busca frenar la permanencia indefinida de nacionales extranjeros en los campos tras el colapso del califato de Estado Islámico. Washington ha subrayado la importancia de que cada país de origen se haga cargo de sus ciudadanos, facilitando procesos de repatriación, rehabilitación e integración, y, cuando proceda, promoviendo la rendición de cuentas ante la justicia nacional. Esta estrategia, según insistió el Departamento de Estado en su declaración recogida por Europa Press, apunta a prevenir el resurgimiento del Estado Islámico y al mismo tiempo atender el complejo escenario humanitario que enfrentan miles de personas, en su mayoría mujeres y menores, que siguen confinados en estas instalaciones desde la pérdida territorial del grupo yihadista.

La falta de datos concretos sobre la identidad de la mujer y el menor en la más reciente repatriación responde a la política de protección de datos de las autoridades españolas, mientras que los procedimientos legales subsiguientes, como ocurrió en anteriores casos, quedan a disposición de la Audiencia Nacional, especialmente si los repatriados tienen vínculos comprobados con Estado Islámico. Europa Press recalca además que los procesos judiciales y programas de reinserción, como la vigilancia y los talleres de desradicalización, forman parte de los protocolos adoptados por el Estado para gestionar los regresos de personas implicadas con organizaciones terroristas en el extranjero.

La información de Europa Press sitúa este nuevo operativo dentro de una dinámica internacional más amplia, en la cual Estados Unidos y sus aliados tratan de encontrar soluciones a largo plazo para la situación de miles de ciudadanos de diversas nacionalidades atrapados en zonas de conflicto, expuestos a condiciones humanitarias precarias y riesgos potenciales de seguridad. El impacto de la repatriación española se interpreta en el marco de estos esfuerzos coordinados por las grandes potencias y organismos multilaterales para responder a los retos derivados de los desplazamientos forzados provocados por el terrorismo y la violencia armada en la región.