Córdoba, 13 may (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a una gestora profesional como presunta autora de delitos continuados de fraude a la administración, estafa y falsedad documental, tras apropiarse de más de 90.000 euros mediante la solicitud fraudulenta de ayudas públicas destinadas a trabajadores autónomos durante la pandemia.
La Policía ha explicado en una nota este martes que los hechos comenzaron en 2021 coincidiendo con la puesta en marcha de una serie de prestaciones extraordinarias por parte del Estado para proteger a los trabajadores autónomos afectados por la crisis sanitaria y estaban dirigidas a quienes vieron reducida su actividad o ingresos durante la emergencia sanitaria.
La ahora detenida, que ejercía como gestora, se ganaba la confianza de sus clientes, quienes le entregaban voluntariamente su DNI y firma digital convencidos de que le gestionaría trámites legítimos a su nombre, si bien la arrestada utilizó estos datos personales para solicitar, si el consentimiento de sus titulares, diversas ayudas económicas por cese de actividad.
Durante la investigación los agentes comprobaron que la gestora intentó defraudar a once personas, logrando su objetivo con ocho de ellas y, en algunos casos, solicitó varias prestaciones a nombre de una misma víctima, mientras que en otros, las solicitudes fueron denegadas por la situación particular de cada afectado.
Los agentes localizaron once solicitudes de prestaciones por un valor superior a 53.000 euros y descubrieron que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) había realizado siete devoluciones a favor de la gestora, por un importe superior a 19.000 euros.
Además, una peritación bancaria permitió detectar transferencias desde cuentas de terceros a la cuenta personal de la arrestada por más de 18.000 euros, por lo que el importe estafado supera los 90.000 euros.
La investigación policial se inició en el mes de abril del año 2025 tras la denuncia de una de las víctimas, que sospechó de la ilegalidad de los trámites realizados por su gestora cuando recibió una notificación procedente de una mutualidad le solicitaba el pago de un importe en concepto de reintegro de prestación por cese de actividad.
A raíz de la denuncia y tras las gestiones realizadas por los investigadores de la Policía Nacional de cara a localizar a posibles afectados, se consiguió localizar a ocho víctimas directas y detectar once intentos de fraude. EFE
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