
El sistema de pensiones español destina hoy el 40% de los salarios brutos de los trabajadores a sostener las prestaciones de jubilados y la sanidad de la tercera edad, una de las proporciones más altas entre los países ricos, solo por detrás de Francia. El dato forma parte de un análisis publicado por Financial Times bajo la firma de John Burn-Murdoch, que llega en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, donde las pensiones han vuelto a situarse en el centro del debate económico mientras el agujero fiscal asociado a estos pagos no para de crecer.
El reportaje sostiene que el modelo de pensiones públicas, concebido a mediados del siglo XX para combatir la pobreza en la vejez, se ha convertido en muchos países en una transferencia creciente de recursos desde los trabajadores jóvenes hacia una generación de jubilados que hoy, en promedio, tiene menor tasa de pobreza y mayor patrimonio que la población activa. España aparece citada como uno de los casos más marcados de ese fenómeno.
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El gasto en pensiones absorbe uno de cada cuatro euros públicos
Según la investigación, las pensiones representan uno de cada cuatro euros que el Gobierno español destina al conjunto de bienes y servicios públicos, una proporción similar a la de Francia e Italia. La pensión estatal española equivale, además, al 80% del salario de un trabajador promedio a tiempo completo, la cifra más alta entre todos los países citados en el informe, por delante de Italia (71%) y muy por encima de Dinamarca, los Países Bajos o Australia, donde ese porcentaje oscila entre el 14% y el 29% porque gran parte de la cobertura proviene de sistemas de pensiones privadas obligatorias.

Luis Garicano, profesor de política pública en la London School of Economics, advierte en el artículo de que el problema no es solo de largo plazo. “El debate público es sobre si las pensiones y otros gastos vinculados al envejecimiento serán sostenibles a futuro, pero ya son insostenibles hoy”, afirma Garicano, que señala que lo que mantiene el sistema a flote es, en realidad, el recorte de otras partidas de inversión pública.
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Un agujero fiscal que se duplicará para 2050
El reportaje detalla que las cotizaciones sociales destinadas específicamente a pensiones en España equivalen hoy a cerca del 9% del producto interior bruto (PIB), mientras que los pagos a los pensionistas ya corren al 11%. Esa brecha de dos puntos se cubre con impuestos generales o con recortes en otras áreas del presupuesto. Para 2050, ese desfase se habrá más que duplicado hasta alcanzar el 5% del PIB, según las proyecciones de Financial Times.
El estudio también cuantifica la brecha entre generaciones: los jubilados nacidos en la primera etapa del baby boom recibirán en pensiones aproximadamente el triple de lo que aportaron en impuestos y cotizaciones durante su vida laboral. Las generaciones más jóvenes, en cambio, apenas lograrán equilibrar lo que aporten con lo que reciban al momento de jubilarse. A esto se suma que dos tercios de todo el crecimiento del producto interior bruto per cápita español desde 2008 se destinaron a financiar pensiones, una de las proporciones más altas entre los países analizados.
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El cambio también se refleja en los patrones de consumo. Según el análisis, los hogares españoles de mayores de 60 años consumen hoy más bienes, servicios y vivienda que las familias en edad laboral, una tendencia que se repite en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Francia e Italia. El informe sostiene que, en consecuencia, los jubilados pasaron de tener las tasas de pobreza más altas a registrar las más bajas entre todos los grupos de edad, mientras que la población joven se movió en la dirección opuesta.
Las pensiones marcan la campaña hacia el 29N
En paralelo a la publicación del reportaje, el debate sobre pensiones se ha intensificado en la recta final de la campaña electoral española. Mientras la oposición invoca la falta de sostenibilidad de un sistema tan generoso como el actual, las formaciones de izquierda insisten en su viabilidad y apuestan por blindar las prestaciones ante posibles recortes.
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Aunque tanto PSOE como PP se han comprometido a asegurarla, la revalorización de las pensiones según el IPC para 2027 ha sido una de las medidas clave en las que más se ha entrado la atención pública. Dos semanas antes de los comicios, el Consejo de Ministros acordó tramitar este alza por la vía urgente para adelantarse a un posible cambio de Gobierno, con un incremento estimado de entre el 3% y el 4%.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya advirtió en sus análisis periódicos que, aunque el gasto en pensiones se mantiene por debajo del límite del 15% del PBI pactado entre el Gobierno y la Comisión Europea para el período 2022-2050, esa regla “no mide bien la sostenibilidad” porque solo contempla las cuentas de la Seguridad Social y no las transferencias adicionales que deberá realizar el Estado. Según sus cálculos, el gasto en pensiones podría llegar al 15,95% del PIB en 2046, con una proporción creciente que deberá cubrirse con fondos presupuestarios ajenos a las cotizaciones de los trabajadores.
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