Las pensiones españolas, las más generosas de la Unión Europea, absorben un tercio de la recaudación fiscal del Estado

La pensión pública española equivale al 77% del último sueldo del trabajador, frente a un promedio del 45% en el resto de la Unión Europea, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) publicado este jueves. Esa generosidad tiene un coste fiscal considerable: el gasto en pensiones ya representa un tercio de los ingresos tributarios totales del Estado y supera el 100% del déficit público conjunto de todas las administraciones españolas.

El documento se basa en datos del Ageing Report 2024 de la Comisión Europea para construir dos indicadores de generosidad del sistema. La tasa de reposición, que compara la primera pensión con el último sueldo, coloca a España en el primer lugar de la Unión Europea. La tasa de prestación, que mide la pensión media frente al salario medio del país, ubica a España en el tercer puesto, por detrás de Grecia e Italia.

Según los autores, la pensión media española ya suponía en 2022 el 64% del salario medio y continúa su crecimiento. El contraste resulta más marcado si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el informe, la media europea de tasa de prestación apenas llega al 45%, casi 32 puntos por debajo del nivel español.

El déficit del sistema se multiplicó en veinte años

Fedea construyó un indicador propio, la Seguridad Social Ampliada (SSA), que combina el sistema general de Seguridad Social con el régimen de Clases Pasivas de los funcionarios. Según sus cálculos, el saldo presupuestario de ese conjunto pasó de un superávit de 13.100 millones de euros constantes de 2021 en el año 2005 a un déficit de 7.200 millones en 2025.

La cifra se agrava si se excluyen las transferencias del Estado que compensan parte del desequilibrio. El déficit básico del sistema, antes de esas transferencias, aumentó 67.300 millones de euros constantes entre 2005 y 2025, equivalente a casi cinco puntos del producto interior bruto (PIB). Ese dato, señala el informe, revela que la brecha entre los gastos del sistema y sus recursos propios se ha ampliado de forma sostenida en las últimas dos décadas.

El gasto en pensiones ya pesa un tercio de la recaudación

El propio documento cuantifica el impacto sobre las finanzas públicas: el déficit contributivo de la SSA, que compara cotizaciones sociales con prestaciones contributivas, se sitúa en torno al 4% del PIB. Esa magnitud equivale, según los autores, a alrededor de un tercio de los ingresos tributarios totales del Estado español y a más del 100% del déficit presupuestario del conjunto de las administraciones públicas.

El informe atribuye parte de este deterioro a la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023, que derogó dos mecanismos automáticos de contención del gasto introducidos en 2013: el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad. Mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSMI) estimó que esa reforma tendría un efecto incremental inferior a un punto de PIB sobre el déficit básico hasta 2050, los cálculos de Fedea, elaborados con un modelo de generaciones solapadas, apuntan a un deterioro superior a tres puntos de PIB en el mismo período.

Las proyecciones apuntan a un deterioro mayor hacia 2050

De acuerdo con las estimaciones de los autores, el déficit básico del sistema público de pensiones aumentará 2,3 puntos de PIB adicionales entre 2025 y 2050 como resultado del envejecimiento poblacional y de los efectos de la reforma reciente. Esto implicaría que, hacia mediados de siglo, el Estado deberá inyectar al sistema recursos adicionales equivalentes a algo más de seis puntos de PIB cada año, frente a una estimación oficial cercana a cinco puntos.

El informe advierte que el riesgo principal no recae sobre las pensiones en sí, protegidas por el peso electoral de los jubilados, sino sobre otros servicios públicos. Los autores citan como ejemplo el deterioro de infraestructuras por falta de mantenimiento como una consecuencia ya visible de la presión presupuestaria que ejerce el sistema de pensiones sobre las cuentas del Estado.