El Fondo de Reserva de la Seguridad Social de España cerrará este año con unos 20.000 millones de euros, después de haber quedado casi vacío en 2019. Pero esa cifra, que puede interpretarse como prueba de la solidez del sistema, esconde un pasivo mucho mayor: según un informe de Fedea, el sistema acumula 436.000 millones de euros de 2021 en recursos externos recibidos desde 2005, entre deuda con el Estado y transferencias corrientes, frente a una hucha que en términos netos apenas llega a 12.200 millones.
Esa cifra es, además, uno de los argumentos centrales que ha esgrimido el Gobierno en plena campaña electoral. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, contrapuso en octubre los 20.000 millones previstos para el cierre de 2026 con los 5.000 millones a los que, según ella, quedó reducido el Fondo durante los gobiernos del Partido Popular. El contraste entre ambas cifras ha reaparecido en el primer debate electoral del 29 de noviembre, organizado por laSexta, en el que representantes del PSOE y el PP volvieron a enfrentar sus versiones sobre la solidez del sistema.
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El análisis, firmado por Santiago Calvo, investigador de la Universidad de las Hespérides, compara el balance de la Seguridad Social con un iceberg. Sobre la línea de flotación aparece el Fondo de Reserva, la parte visible que protagoniza el debate público. Por debajo se ocultan la deuda acumulada con el Estado y las transferencias que el resto de las administraciones destinan cada año a sostener el sistema contributivo.
La deuda con el Estado pasó de 18.500 a 116.000 millones en nueve años
El Fondo de Reserva se constituyó a comienzos de la década de 2000 con los superávits que entonces registraba el sistema y llegó a acumular 66.815 millones de euros en 2011, el equivalente a 72.700 millones de euros de 2021. A partir de 2012, cuando el sistema entró en déficit, los sucesivos Gobiernos dispusieron de esos recursos para pagar pensiones hasta dejar la hucha en poco más de 2.000 millones en 2019.
Desde 2023, el Fondo se recompone, pero no por un excedente del sistema. En 2021 se creó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), ampliado luego por el un real decreto en 2023, una cotización adicional que comenzó en el 0,6% de la base de cotización por contingencias comunes en 2023 y subirá una décima cada año hasta el 1,2% en 2029, nivel que se mantendrá hasta 2050. Esos ingresos van íntegramente al Fondo, que a 31 de marzo de 2026 sumaba 15.267 millones de euros, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El diseño acordado en 2021 solo permite utilizar ese dinero a partir de 2033, con un límite anual de disposición del 0,2% del producto interior bruto (PIB).
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Mientras la hucha crece con esa cotización finalista, la deuda del sistema con el Estado se dispara en paralelo. Desde 2017, el déficit de la Seguridad Social se financia en buena parte con préstamos de la Administración Central, que han elevado esa deuda de 18.500 millones de euros de 2021 en 2016 a 116.000 millones en 2025, unos 136.000 millones en euros corrientes. El sistema sigue necesitando préstamos para cuadrar sus cuentas al mismo tiempo que aporta recursos al Fondo de Reserva, lo que equivale, según el informe, a emitir deuda para financiar un fondo que no responde a ningún superávit real.
Los activos netos del sistema eran positivos en 2011 y hoy son negativos
El resultado de cruzar ambas magnitudes, el Fondo menos la deuda con el Estado, ofrece una imagen distinta de la solidez del sistema. En 2011, los activos netos de la Seguridad Social Ampliada (SSA), que integra el régimen general y el de Clases Pasivas de los funcionarios del Estado, eran positivos y superaban los 54.000 millones de euros de 2021. En 2025, son negativos y se sitúan en torno a los 103.800 millones.
A esa cifra se suma una tercera partida que no figura como pasivo en ningún balance oficial, pero que mide el esfuerzo del resto de las administraciones para sostener el sistema contributivo: las transferencias corrientes del Estado para financiar las pensiones de Clases Pasivas, complementar las pensiones mínimas y cubrir gastos extraordinarios, como los de la pandemia. Esas transferencias acumulan, desde 2005, unos 320.000 millones de euros de 2021, de los que más de 310.000 millones corresponden al período 2013-2025, según las series de la Seguridad Social Ampliada elaboradas por Ángel de la Fuente para Fedea.
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Sumadas la deuda y las transferencias, el sistema había recibido a finales de 2025 recursos externos por valor de unos 436.000 millones de euros de 2021. Esa cifra, comparada con los 12.200 millones que representa la hucha en términos netos, ilustra la distancia entre la parte visible del balance y la que queda oculta bajo la línea de flotación.
El pasivo más profundo supera los 5 billones de euros
El informe identifica una capa adicional, más profunda todavía, en los compromisos ya adquiridos con trabajadores y pensionistas actuales. Eurostat publica cada tres años una estimación de los derechos de pensión devengados en los sistemas de seguridad social, que mide el valor presente de las pensiones ya generadas con las cotizaciones realizadas hasta la fecha, sin contar los derechos futuros.
En el caso de España, esos derechos ascendían a 5,58 billones de euros en 2021, el 452% del PIB, frente al 257% del PIB registrado en 2015. Se trata de compromisos que no tienen activos detrás y que, según el informe, habrán de financiarse con las cotizaciones e impuestos de los trabajadores futuros, cuyo número crecerá en las próximas décadas a un ritmo muy inferior al de los pensionistas.
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