
Una pareja española entregó 201.327,55 euros a cuenta del precio de una vivienda que nunca llegó a existir. El dinero fue a parar a una cuenta bancaria abierta en España, mientras que la casa —que estaba ubicada en un complejo inmobiliario de la localidad marroquí de Saida— se quedó a medio construir. Y, cuando intentaron recuperar lo pagado, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de apelación de los compradores y aclaró que ni Banco Santander ni Cajamar Caja Rural estaban obligados a responder por ese dinero.
La decisión del tribunal cierra, al menos en esta instancia, cualquier posibilidad de que los bancos españoles asuman la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio de esa vivienda en construcción. La pareja recurrió a la Ley 57/1968, una norma pensada para proteger a los compradores de inmuebles sobre plano, exigiendo que las entidades bancarias depositarias de los anticipos respondieran por no haber exigido al promotor las garantías legales correspondientes. Para ellos, esa ley representaba la última vía para intentar recuperar el dinero.
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Sin embargo, el tribunal determinó que el contrato de compraventa estaba sometido al derecho marroquí y no al español, lo que hace inaplicables las garantías de la norma invocada frente a las entidades bancarias receptoras del dinero. Además, confirmó la imposición de los costes de la apelación a los propios demandantes y la pérdida del depósito que habían constituido para recurrir, un golpe adicional a una familia que ya había perdido la vivienda y el dinero invertido en ella.
Jurisdicción marroquí y responsabilidad bancaria
El contrato de compraventa que originó el litigio se firmó entre el comprador, con doble nacionalidad española y británica y residencia habitual en Reino Unido, y la entidad promotora y vendedora Property Logic Morocco, de nacionalidad marroquí y domicilio social en la localidad de Oujda. El acuerdo incluía una cláusula que sometía expresamente cualquier disputa a la jurisdicción de los tribunales de Oujda, un detalle que terminaría pesando de forma decisiva en el desenlace judicial. La sentencia de primera instancia había vinculado a la promotora marroquí con el grupo empresarial español Property Logic Invest, aunque esa conexión no bastó para trasladar la responsabilidad a las entidades bancarias españolas.
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Los pagos se realizaron mediante ingresos en una cuenta abierta en Cajamar. El juzgado de primera instancia consideró que no existía constancia de que los bancos tuvieran vinculación alguna con la promoción marroquí, ni a nivel financiero ni como gestores de los activos recibidos. A ese argumento se le sumó que existían indicios para concluir que los demandantes actuaban con un perfil inversor, una circunstancia que, según el criterio judicial, excluiría la protección que dispensa la Ley 57/1968 a quienes compran una vivienda para uso propio. Y, como tercer argumento, no podía exigirse a los bancos que conocieran el concepto exacto por el que se hacían esos ingresos en la cuenta de la promotora.
Ante el incumplimiento de la construcción, la pareja dirigió una reclamación extrajudicial a Banco Santander el 12 de febrero de 2021. La vía judicial llegó más tarde, ya que la demanda se presentó el 30 de marzo de 2022, poco más de un año después de aquel primer intento de reclamación directa.
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La Audiencia Provincial confirma la ley marroquí y la prescripción de la acción
El recorrido judicial del caso comenzó con la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid, dictada el 31 de marzo de 2025 en el procedimiento ordinario 613/2022, que desestimó íntegramente la demanda de la pareja. Contra esa resolución, los demandantes interpusieron recurso de apelación, alegando disconformidad con la inaplicación de la Ley 57/68 y cuestionando la capacidad de control que los bancos tenían sobre el destino de los fondos ingresados en la cuenta del promotor. Por su parte, tanto Banco Santander como Cajamar impugnaron la sentencia, insistiendo en la inaplicabilidad de la ley española al contrato y, en el caso de Santander, reiterando que la acción estaba prescrita.
En su análisis, la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que el contrato litigioso se encuentra sujeto a la ley marroquí. El inmueble estaba situado en Marruecos, el contrato se concluyó en Oujda y las partes no compartían nacionalidad ni residencia común, sin que mediara sometimiento expreso al derecho español. Esa sujeción al ordenamiento marroquí determina, según el tribunal, la inaplicabilidad de las garantías de la Ley 57/1968 y, por tanto, exime a las entidades bancarias de la obligación de exigir al promotor las garantías legales correspondientes.
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Además, los magistrados señalaron que la acción ejercitada debió declararse prescrita, conforme al plazo general de seis años que establece el artículo 1964 del Código Civil, según la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en su sentencia 320/2019 del 5 de junio de 2019. No se consideró, por tanto, necesaria la celebración de vista pública para resolver el recurso, quedando el caso en turno de señalamiento hasta que la deliberación, votación y fallo se cumplieron el 20 de octubre de 2026.
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